Lo decidió el Consejo Superior, a puertas cerradas
Pedirán una ampliación de dictamen, para luego decidir si se inicia o no el sumario administrativo por la denuncia de irregularidades en protocolos gestados por la Fundación para investigaciones destinadas a la CONAE
06 de Mayo de 2009 - Después de siete meses de investigación, la instructora sumariante pidió en noviembre la promoción de un sumario administrativo que permita recepcionar las declaraciones del ex decano Diego Carlos Moitre; su ex vicedecano, Carlos Bortis y del docente Esteban Carranza, como sumariados. Ahora tendrá 20 días para ampliar su dictamen.
A puertas cerradas, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto decidió, por votación dividida, pedir una ampliación del dictamen surgido de la investigación sumaria iniciada hace trece meses a raíz de la denuncia de irregularidades en protocolos gestados por la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto para investigaciones destinadas a la CONAE. Y fijó un plazo de 20 días para que la instructora sumariante María Ester Bustos de Mainardi presente tales aclaraciones. Esta reunión del cuerpo colegiado fue presidida por el vicerrector Aníbal Bessone, porque el rector Oscar Spada se encontraba en Buenos Aires.
El ex decano de Ingeniería, Jorge Barral denunció en abril de 2008 irregularidades por casi cuatro millones de pesos. Y en noviembre, la jefa del Departamento de Sumarios, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta casa de altos estudios, en su calidad de instructora de la investigación sumaria dispuesta el mismo día de la denuncia, se expidió a través del informe número 719, en el cual sugirió sumariar al ex decano de Ingeniería Diego Moitre, su ex vicedecano, Carlos Bortis, y el docente de Ingeniería Esteban Carranza. En esa oportunidad, el tema ingresó a la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, desde donde volvió para su tratamiento en el plenario de ayer –martes-.
A diferencia de las sesiones del 1º de abril de 2008 -cuando se hizo la denuncia y se resolvió el inicio de la investigación sumaria-, y del 25 de noviembre siguiente -cuando se dispuso el envío de los resultados de esta investigación interna a la Comisión de Interpretación y Reglamento-, que fueron públicas, en esta oportunidad, el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Roberto Rovere, propuso que el tema se tratara en sesión secreta, lo cual contó con el voto positivo de los demás miembros del cuerpo.
Terminada la reunión de ayer –martes-, fue el vicerrector de la Universidad, Aníbal Bessone el encargado de dar a conocer a la prensa lo resuelto. Dijo: “Se solicitó sesionar bajo forma reservada, lo cual fue aprobado por el Consejo Superior. Y en este acto informo el resultado de la sesión reservada, que es la solicitud de ampliación al dictamen que oportunamente produjera la instructora sumariante. Y se plantea un plazo de 20 días para producir dicha ampliación al informe que ella había realizado”.
- ¿La Comisión de Interpretación y Reglamento consideró que no estaban dadas las condiciones para que el sumario se iniciara?
- No. En realidad, del análisis de lo producido por la instructora sumariante surge que había cosas no clarificadas, no precisas. Entonces, se pide la ampliación para precisar referencias que ahí plantea la instructora. Simplemente, para clarificar. Es una ampliación.
- ¿Ese fue el contenido del despacho que llevó al plenario la Comisión?
- Se aprobó el despacho de la Comisión de Interpretación.
- ¿El voto fue unánime?
- Creo que hubo dos o tres abstenciones.
- ¿Los 20 días son corridos?
- No tengo la precisión al respecto, ya lo vamos a esgrimir por Jurídicas. Entiendo que son días hábiles. Pero, el planteo es 20 días.
- ¿Se precisaron cuáles son aclaraciones que tiene que hacer la sumariante?
- No. No. Ampliación al dictamen.
- ¿Y con eso el Consejo Superior puede tomar una decisión?
- Por supuesto.
- ¿Si se inicia o no el sumario?
- Seguramente.
- ¿Puede haber otro pedido de ampliación, eventualmente?
- Entiendo que no. Es un pedido de ampliación al dictamen producido. Entiendo que es una sola ampliación. No cabría otra, salvo un aspecto muy puntual que a concepto del análisis futuro que haga el Consejo sobre ese tema, entienda que haya que hacer una precisión. Pero, a priori, es como las ampliaciones que se piden en concursos o en otra área, es decir, pedir para clarificar.
- Técnicamente, una vez que se tenga esa ampliación ¿lo que se sigue es determinar la iniciación de un sumario administrativo o el archivo del tema?
- Bueno, el Consejo Superior será el que determine los pasos a seguir.
La investigación
La investigación sumaria se inició para esclarecer los hechos denunciados por el ex decano de Ingeniería Jorge Barral -quien entonces era candidato a vicerrector, en la fórmula que encabezaba Héctor Agnelli- referidos a la existencia de un presunto marco de ilegalidad vinculado a proyectos de desarrollo e investigación de la Facultad de Ingeniería y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
La abogada María Ester Bustos de Mainardi, había solicitado que se dispusiera la iniciación de un sumario administrativo. Y lo hizo en los siguientes términos: “... entiende la instrucción que se dan todos los presupuestos necesarios para solicitar la promoción de un sumario administrativo que permita recepcionar las declaraciones de los ingenieros Carlos Bortis, Diego Carlos Alberto Moitre y Esteban Carranza, como sumariados, siempre que, salvo mejor criterio de ese órgano de conducción se disponga la apertura del sumario administrativo por las responsabilidades funcionales, administrativas disciplinarias y patrimoniales, que del accionar de los mencionados pudieran surgir con motivo de esa denuncia. Así me expido”.
En su escrito mencionó falta de transparencia y apego a las normas. Y, si bien indicó que no se visualiza exactamente prima facie una “ilegalidad”, apuntó que “sí una cadena de hechos que pueden presuntamente calificarse como irregularidades que podrían conducir o no, aisladas o en su conjunto, a un accionar viciado en su legalidad”.
También la sumariante indicó haber encontrado cuestiones de alto significado que “son motivo harto suficiente como para ameritar un estudio más concienzudo y meticuloso del tema”, al tiempo que asegura: “Existe un sinnúmero de circunstancias y hechos que aparecen sin clarificar en esta etapa y que configuran presuntas irregularidades”.
Bustos de Mainardi descubrió “una serie de imprecisiones acompañadas de un manifiesto desapego a las normas institucionales”; “cifras que no concuerdan en valores que no son menores; nóminas de personas que figuran como formando parte de los proyectos, pero que no están como integrantes y otros que sin figurar en los listados aparecen en las planillas de cobro” y “haber modificado el lugar físico de la realización de los trabajos”.
Se indican cinco testimoniales de: Francisco Martín Escobar, quien expuso que había participado en los nueve proyectos, que renunció en marzo y que estaba cobrando 1.950 pesos, a lo que agregó que inicialmente trabajaron en la UNRC luego se trasladaron a Florencio Sánchez 600, porque organizativamente era mejor; Fernando Corteggiano, que dijo cobrar 900 pesos por mes; Juan Alberto Duriguti dijo que en un principio cobraba 800 pesos y luego entre 1.000 y 1.300 pesos y agregó que durante el primer mes se trabajó en la Universidad, pero luego en razón de que el grupo se había hecho muy grande decidieron que los trabajos se hicieran afuera; Cristian Senyk, dijo que sus honorarios oscilaban entre 2.500 y 5.000 pesos; y Juan Zangla, que dijo haber participado en calidad de programador de software y haber percibido entre 800 y 1.700 pesos por su tarea.
Según el dictamen dado a conocer el martes 25 de noviembre, Héctor Esteban Carranza dijo haber participado en las actividades atinentes a los convenios que generaron los nueve protocolos de investigación y que era el representante técnico entre la Fundación y la CONAE, habiendo realizado los contactos destinados a la organización técnica preliminar para dar lugar a la celebración de los convenios. Admitió haber recibido durante los meses de ejecución de los proyectos montos mensuales variables, que en promedio serían unos 5.500 pesos.
Carlos Bortis dijo no haber integrado el grupo de trabajo y no tener ninguna responsabilidad. Y que los contactos se hicieron desde la Fundación, estableciendo una relación Estado- Estado y no servicios a terceros. Reiteró no haber recibido ningún cobro.
Diego Moitre reconoció haber suscripto en su condición de decano los nueve convenios y sus respectivos protocolos. Y dijo que por no ser su área profesional no había participado de los trabajos.
La denuncia
El 1º de abril de 2008, en la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNRC, antes de la renovación de la totalidad de sus miembros, Jorge Barral, el ex decano de transición de Ingeniería –asumió a fines de enero de 2008 en reemplazo de Diego Moitre, quien renunció a su cargo luego de ser imputado por la Justicia Federal en el marco de la causa por las explosiones en la planta piloto- denunció la existencia de nueve protocolos de trabajo firmados por la anterior conducción de esa unidad académica y dijo que estarían viciados de irregularidades. Incluirían trabajos de investigación y desarrollo por 3.877.000 pesos para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), los cuales se habrían canalizado a través de la Fundación de la UNRC.
El denunciante indicó que para la realización de esos trabajos, la Fundación acordó nueve protocolos de trabajo con la Facultad de Ingeniería y otros tantos convenios específicos de colaboración con la CONAE.
Todos los protocolos de trabajo entre la Facultad de Ingeniería y la Fundación, tienen fecha del 28 de junio de 2007 y fueron firmados por Diego Moitre en calidad de decano de la Facultad y de su vicedecano Carlos Bortis, como presidente de la Fundación. En ninguno figuraban los montos que la Facultad iría a recibir, en cambio sí quedaba establecido cuánto le correspondería a la Fundación en los convenios específicos de colaboración con la CONAE.
En esos documentos se sindica como responsable de la conducción de los protocolos al ingeniero Esteban Carranza.
La Fundación, a través de la Facultad de Ingeniería de la UNRC y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales se comprometían a realizar actividades conjuntas destinadas a la consecución de cada uno de los proyectos.
En los protocolos se puede leer: “La Facultad de Ingeniería, como unidad ejecutora, a través de la Fundación, pone a disposición su equipamiento y laboratorios, como también el conocimiento y capacidad técnica de sus investigadores”, “La CONAE pagará a la Fundación por la ejecución del plan de trabajo, lo estipulado en el convenio específico a tal fin firmado oportunamente entre la CONAE y la FUNARC” y “La vigencia será de nueve meses a partir de la percepción de la suma mencionada”.
Para cada uno de los trabajos hay aparte un convenio específico de colaboración entre la entre la CONAE y la Fundación. Allí se indica que la CONAE encomienda a la Fundación la ejecución del proyecto de que se trate y ésta acepta realizarlo por intermedio de la Facultad de Ingeniería de la UNRC.
“La FUNARC, en su carácter de unidad de vinculación tecnológica, se obliga a desenvolverse en los términos y condiciones establecidas en la Ley 23.877, auditando y gestionando la administración del proyecto. Por el cumplimiento de las tareas asignadas, la CONAE acuerda reconocer a favor de la FUNARC un arancel del 5 por ciento sobre los fondos aportados en efectivo por la CONAE”, se lee en esos convenios específicos
También se indica: “El trabajo, toda información, patente, invención tecnología y mejora será de propiedad de la CONAE... Sin perjuicio de ello, la CONAE permite el uso de la información no confidencial por parte de la UNRC exclusivamente con fines académicos y educativos”.
En cada caso aparece un listado con nombres de 29 personas, especialidad y sueldos.
Los protocolos
Protocolo seis. “Desarrollo del sistema de dinámica orbital de CONAE (CODS)”
310.545 pesos. Adelanto, al momento de la firma: 51.782 pesos (16,7%).
Protocolo siete. “Desarrollo de un sistema de ingestión”.
184.731 pesos. Adelanto, al momento de la firma: 39.301 pesos (21%)
Protocolo ocho. “Desarrollo del sistema Centro de operaciones de la misión SAOCOM 1ª” 619.956 pesos. Pago inicial 20%,125.550 pesos.
Protocolo nueve.“Desarrollo del sistema del equipo apoyo terrestre para el SAOCOM 1ª (SAOCOM GSE TESTBED)” . 154.789 pesos, pago inicial 21,9%, 33.945 pesos.
Protocolo diez. “Desarrollo del sistema XCAS”. 496.508 pesos. Pago inicial 20%. 96.701 pesos.
Protocolo once. “Desarrollo de la configuración final del servicio de estaciones terrenas de CONAE”. 1.240.434 pesos. Pago inicial 17,2%. 213.528 pesos.
Protocolo doce. “Desarrollo del sistema centro de operaciones de la misión SAC-D”. 199.883 pesos. Pago inicial 25%. 50.833 pesos.
Protocolo trece. “Desarrollo del sistema del equipo apoyo terrestre para el SAC-D (SAC-D GSE TESTBED)”. 50.123 pesos. Pago inicial 17,7%. 8.853 pesos.
Protocolo catorce.“Desarrollo de unidades de procesamiento de telemetría y comando (TCPN)”. 620.031 pesos. Pago inicial 25,2%. 156.333 pesos.