"Ni un muerto m�s por el derecho a la tierra. Cristian Ferreyra Presente"
Posicionamiento del Observatorio de Derechos Humanos y del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de R�o Cuarto
El 4 de noviembre comenzará el juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, baleado cuando intentaba resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Ocurrió en 2011, en la comunidad San Antonio Pueblo, a 60 kilómetros de Monte Quemado, al norte de Santiago del Estero. Los acusados son Javier Juárez (presunto sicario contratado localmente) y el agroempresario santafesino Jorge Cicciolli (señalado como autor intelectual). El caso se destaca como hito violento en un proceso de expansión del agronegocio que, a pesar de remitirnos a una localización precisa en aquella provincia, involucra un territorio mayor que nos incluye.
En la región de Río Cuarto este proceso ha sido más sutil, pero con múltiples consecuencias a lo largo de los últimos 20 años. La más notoria es la modificación del paisaje rural y su despoblamiento. El quiebre del campo, alentado por la matriz neoliberal de los ’90 y empujado por la entrada de la soja transgénica en 1996, fue imponiendo una tendencia hacia una agricultura sin agricultores. Los pequeños y medianos productores fueron forzados a vender o, con suerte, alquilar su tierra y los trabajadores rurales fueron mayoritariamente expulsados a las periferias de las ciudades. Un pequeño grupo de productores-exportadores emergió como claro beneficiario de la concentración de tierras y la acentuación del perfil productivo basado en el monocultivo de la soja.
Las secuelas sociales de la profundización del modelo están a la vista. Río Cuarto es una ciudad comercial y de servicios con escasa industrialización, perfil que es sostenido por el núcleo duro del conservadurismo del sector que concentra la riqueza. La ausencia de mecanismos de regulación del crecimiento urbano ha alentado la especulación inmobiliaria como destino de la ganancia sojera, abundan departamentos vacíos donde las necesidades habitacionales son acuciantes. Otra parte del excedente se vuelca a circuitos apenas intuidos en los que confluyen la especulación financiera, el crédito para consumo que endeuda a los sectores populares y tráficos de todo tipo.
En Santiago del Estero, territorio a colonizar en la expansión de la frontera agrícola, los adelantados del agronegocio se encontraron con un campesinado organizado que todavía resiste la expropiación de tierras y que defiende su modo de vida y de producción. El poder económico usa la violencia para marcar las reglas en un campo de juego diseñado desde el libre mercado, en el que está prohibido organizarse y donde se sepulta al derecho a la tierra como posibilidad en los territorios en disputa.
Aquí, en Río Cuarto y zona la violencia sobre los ecosistemas nos deja como saldo un cuadro difícil de revertir; el desmonte incontrolado redujo el monte nativo a un 3% de su extensión original (ocupa hoy apenas unas 400 mil hectáreas) y continúa la amenaza al Corredor Biogeográfico del Caldén en el sur provincial. En los últimos dos años, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la UNRC ha registrado una veintena de conflictos de distinta intensidad en diferentes localidades de la zona, todos relacionados con la regulación y aplicación de agrotóxicos, y la instalación y funcionamiento de agroindustrias y establecimientos pecuarios. La conciencia creciente sobre el impacto ambiental del agronegocio propició la emergencia de grupos organizados de resistencia.
Ni un muerto más por el derecho a la tierra. Cristian Ferreyra Presente.
Observatorio de Derechos Humanos
Observatorio de Conflictos Socioambientales
Universidad Nacional de Río Cuarto