La economía argentina tiene una intoxicación similar a 1995. Los efectos son los mismos: recesión, desocupación, caída de la recaudación, problemas de calidad de 
cartera bancaria, expectativas pesimistas.   
La discusión acerca de cual de los cocktails es peor no es esencial pero tampoco anecdótica. A diferencia de 1995, la crisis internacional es más profunda y define el carácter estructural de los mercados emergentes, ya que todos, en mayor o menor medida, sufrieron cimbronazos especulativos de envergadura.  

Un problema de graduación alcohólica 
Por lo mismo, definir si el círculo vicioso será más profundo o más largo, si es mejor o peor, corre del centro de la escena a la naturaleza de la crisis misma y –sobre todo- la falta de calidad institucional de los instrumentos para prevenir y actuar sobre ella.  
La política económica se adscribió a un solo instrumento –la convertibilidad- que multiplica los efectos de los ciclos económicos y a un solo estilo de política pública –la caja fiscal- que induce a una administración autocentrada en la evolución de las propias cuentas. Ello implicó el abandono de muchos instrumentos de control público y la desvalorización de los que quedan al ceñirlos y restringirlos al flujo de caja del sistema.   
Bajo este esquema,  las decisiones de mercado tienen un peso muy importante a la hora de marcar el ritmo de actividad del sistema. Por tanto, las expectativas empresariales –por sí fluctuantes y contagiosas aquí y en cualquier parte del mundo- son el disparador de euforias y recesiones, y de todas sus consecuencias posteriores, sin que el estado –por demás restringido por su propio criterio de administración y por su descuido de la calidad institucional- atine a hacer otra cosa que profundizar su propio deterioro y endeudarse. 
Este aspecto, independiente de las crisis externas, condiciona la recuperación. Y aquí si, la naturaleza de las diferencias del panorama internacional hacen que esta recesión y sus síntomas sean más graves que la de 1995 independientemente de los resultados que arroje.  
En primer lugar, los mercados internacionales se encuentran en recesión y la oferta exportable argentina se caracteriza por tener baja calidad de diferenciación lo que lo hace muy pasible de sufrir una baja de precios de mayor virulencia que la de los países industrializados o con importantes grados de integración económica (como Brasil o Corea). 
En segundo lugar, el mercado brasileño, gran demandante de productos argentinos desde 1995 en adelante, se encuentra hoy en recesión y con niveles de precios más competitivos, lo que impide que cumpla el papel de locomotora y protector de las desventajas que desempeñó durante el efecto tequila. 
En tercer lugar, la oferta exportable argentina de sectores con importantes economías de escala como la industria automotriz, el aluminio o la siderurgia, se vuelca sobre el mercado interno produciendo una deflación generalizada que repercute no solo sobre los niveles de precios sino también sobre los ingresos. Ello implica menor demanda con poder de compra en el propio mercado interno, con lo que los efectos finales sobre el sistema son más perdurables. 
En este panorama, las expectativas empresariales son conservadoras en el mejor de los casos, y francamente pesimistas en los segmentos industriales y agropecuarios más afectados por la crisis. 
El gobierno no sólo no cura la borrachera sino que también termina mareado. La política económica que en auge funciona como piloto automático en crisis lo hace como barco a la deriva donde la corriente es definida por la presión de los lobbies sectoriales que cubren el vacío de definiciones productivas. Así, mientras las terminales automotrices, apoyado en su tremendo peso industrial, logran la condonación de multas y el plan canje, o, las empresas privatizadas, una definición de sus condiciones de precios e inversiones, las pymes obtienen una refinanciación muy cara y que en definitiva solo favorecen a algunos bancos en problemas y a aquellas pequeñas y medianas unidades que merced a su limitada capacidad competitiva todavía se mantienen sobre la línea de flotación. 
La  descripción del escenario no augura nada bueno para el desempeño de la actividad económica. Si la recuperación se verifica en el tercer o cuarto trimestre o en el primer período del nuevo milenio, no altera los determinantes cualitativos de la política económica. 

La otra discusión 
El debate acerca de la sobrevaluación del peso y la posibilidad de devaluación que abrieron –entre otros- el megaespeculador y filósofo George Soros y el economista y padre de la Convertibilidad Domingo Cavallo muestra a las claras la pobreza de objetivos de política económica de la administración Menem, cuya única meta parece ser la de mostrar la estabilidad de precios y la Convertibilidad como logros cuando son nada más que simples medios. 
Esta pobreza es de tal magnitud que afecta a la única idea importante que –en materia de política económica- caracterizó a la última década. La prueba palmaria más importante es que el objetivo último de la Convertibilidad –la regeneración de una nueva moneda- es tan precario y lejano como en abril de 1991. No se aprovechó el respiro que dio la implantación del sistema para generar –dentro de las restricciones del caso argentino- una moneda y un sistema de precios que no queden a merced del próximo ramalazo externo. 
Antes bien, la única propuesta de avance sobre la Convertibilidad –siempre que se excluyese a los voceros de la presión devaluacionista - es la supresión de la moneda nacional, conocida vulgarmente como dolarización. O dolarización o devaluación parece ser la consigna. Ninguna de las dos, la solución racional, la que mayor posibilidades ofrece de terminar con la distorsión de precios relativos (precios europeos, salarios africanos) o la inestabilidad proveniente de la especulación. 
Frente a este dilema la solución no es simple. Y la administración Menem no ha construido un debate institucional a la altura de las circunstancias. Se sabe, ese no es su fuerte. Un racconto de las condiciones necesarias para una moneda fuerte y su correlato con lo realizado hasta ahora puede dar algunas pautas. 
Pacto monetario. El valor de la moneda y los mecanismos de política monetaria deben involucrar a todos los actores sociales cuyo centro de generación de ingresos y poder se encuentran en la Argentina. Durante el período Menem, no hubo ni siquiera debate acerca de la posibilidad y todas las alternativas de intentarlo fueron sistemáticamente desactivadas por esta suerte de hiperpragmatismo que desechaba todo aquello que no fuera mercado, mercado y más mercado. Mas aún, durante la última década, los sectores obreros y empresarios centrados en Argentina fueron perdiendo peso y poder. 
Un estado con presencia institucional y solvente. Solo un estado con una importante solvencia y con una importante red de incidencia dentro de las decisiones económicas puede ser considerado un buen emisor de moneda. Sin solvencia no pueden aguantarse las presiones especulativas y sin una eficiente presencia no pueden morigerarse las tensiones de precios relativos y distribución del ingreso que genera el propio desenvolvimiento económico. Ni una ni otra condición se cumplieron durante la administración saliente. Justamente, el talón de Aquiles de la política fiscal de la década fue la reproducción casi constante de formas de debilidad tributaria producto de un sistema injusto en cuanto a las cargas e ineficiente en cuanto a su perfomance. Con ese sistema difícilmente puede construirse un estado con genuina capacidad de orientación. Además de eso, la política económica de la década se redujo a una especie de política fiscal autocentrada en solo mejorar la pobre perfomance de las cuentas públicas, agobiada ahora además por el crecimiento vertical de la velocidad de endeudamiento. 
Reglas jurídicas claras en los intercambios. El sistema jurídico es una delicada red impersonal de relación entre micropoderes fuertemente interrelacionados que reemplazó durante la transición del feudalismo al capitalismo a la justicia personal de los monarcas. Cuanto más consciente es esta premisa institucional, más fuertes son las instituciones, entre ellas la moneda. Huelga decir, que la subordinación de la Corte Suprema, la fabricación de leyes a medida de las personas o grupos de interés, y los nichos de corrupción institucionalizada que caracterizaron a la administración Menem no son un buen antecedente para construir instituciones sólidas como las que necesita un sano manejo monetario.  Es más, es un terrible retroceso. 
La agenda pendiente en materia monetaria tiene una tercera vía que no se reduce a las alternativas de siempre, convertibilidad o dolarización, sino que es el desafío de una moneda sana y una verdadera estabilidad de los flujos de intercambio. 

Yendo en auto a la escuela 
El rechazo masivo de la sociedad al impuesto automotor con destino específico al Fondo de Financiamiento Docente no debe interpretarse –como hacen los voceros más conservadores- como un rechazo a las implicancias de la educación pública, sino a la reproducción del sistema social menemista implícito en este impuesto. 

En ese sentido, deben destacarse tres aspectos:  
a) La reproducción de un esquema tributario donde aportan  más que proporcionalmente los que menos tienen. El impuesto automotor es un instrumento más de un esquema profundamente desigual de absorción de recursos por parte de un sector público muy frágil fiscalmente y que –por ello- privilegia la facilidad y la urgencia a la construcción de un sistema seguro, consistente e igualitario a imagen y semejanza de los países desarrollados. 

b) La guerra de pobres contra pobres. La implantación del impuesto lanzó a transportistas, vendedores con movilidad propia y dueños de colectivos, que a gatas sobreviven en esa masa cada vez más empobrecida que es la llamada clase media, contra otra parte aún más empobrecida como son los maestros. Esta es una política social promovida explícitamente por la administración Menem –copiando el modelo social de los neoconservadores de la década del ´80- que se basa en el miedo a seguir cayendo de los sectores medios y que –de paso- saca de foco a los verdaderos ganadores de la puja distributiva, la cada vez más enriquecida clase alta local. 

c) La poca transparencia en la asignación de gastos y las sospechas de corrupción. La administración Menem se ha caracterizado por una muy baja calidad institucional en la asignación interna de gastos, dado el inexistente control de gestión, lo que deriva en que la sociedad conozca solo parcialmente y por los medios de prensa el cómo se asigna los gastos. Ello ha fomentado la indignación social acerca de la notoria desigualdad y ha incrementado el descrédito de la conducción institucional y política. En este sentido, deben aunarse conceptualmente el tema de las jubilaciones de privilegio con el malhumor social por el impuesto automotor. 
En ese aspecto, la herencia que recibirá la futura administración será otro presente griego de gran escala, de muy dificultoso desmonte. 

Una moratoria desteñida 
El bono Brady para Pymes se presenta a sí mismo como un intento liminar de salvataje financiero a la pequeña y mediana empresa, pero, independientemente de lo insuficiente que es ello para solucionar la problemática Pyme, es ineficiente para sacar del ahogo financiero a ese segmento productivo. 
Sintéticamente, el plan es una reestructuración de deuda de Pymes de baja calidad (situación 2 a 5) mediante un bono cupón cero de capitalización anual donde los empresarios deberán realizar un pago al contado, y luego cumplirán los intereses que devengue su deuda capitalizada al momento de la inscripción en el plan.  El gobierno publicita que con este mecanismo habrá una doble ganancia –a saber-  menores costos financieros para las empresas y mejores resultados por disminución de previsiones para los bancos. Sin embargo, este plan  tiene varias aristas críticas, que conspiran contra sus objetivos originales, a saber: 

a) Se reconocen como capitalizables intereses sumamente usurarios de créditos que tienen las Pyme como por ejemplo los adelantos en cuenta corriente, lo que, desde el punto de vista de su flujo de fondos constituye ya de por sí una carga muy pesada y una barrera de entrada importante al sistema. 

b) La tasa de interés de refinanciación es sumamente alta, 15% anual, poco compatible con empresas que –se supone- enfrentan la doble restricción de escenario recesivo y ahogo financiero. 

c) No se compromete a las Pymes a su regularización en otros aspectos, como el previsional y el impositivo, lo que daría al estado un flujo de fondos potencial para pagar el bono. 
d) El financiamiento adicional, del 5 al 20% de la deuda es sumamente restrictivo. 

e) La reducción de previsiones para los bancos es gradual y no automática. Mas aún, en la medida en que aparezcan las restricciones señaladas en los puntos anteriores, especialmente a), b) y d), las calificaciones serán igual o peor que antes. 

Este plan es en realidad un intento de la administración Menem de enviar a los bancos una señal que el gobierno intentará solucionar los deterioros de la calidad de la cartera para así terminar con la conducta conservadora de los banqueros que retroalimenta la propia recesión. Pero dicha señal es tan ambigua y restrictiva que –cabe esperar- no va a rendir el efecto deseado. 
Por último, la situación de las próximas semanas adelanta un escenario por demás caliente. A los datos económicos que expresan la fuerte recesión, al a la baja recaudación y los límites del comercio exterior, debe añadírsele el nivel creciente de desempleo, subempleo y pobreza que ubicarán a las tasas de desocupación en magnitudes cercanas a las de la crisis mejicana. Si esto fuera así, como se induce por datos previos y análisis correspondientes a las primeras estimaciones del conglomerado urbano del Gran Buenos Aires, con un desempleo abierto estimado cercano al 17,5%, los datos nacionales se estiman que estarán nuevamente más cerca del 15% que del 13,5 o el 14%. Y eso abrirá las puertas a un fuerte debate sobre el futuro de la economía argentina. 
Cuando nos acercamos a las elecciones para cambiar el gobierno y se presenta tan dinámico el cambio mundial ocasionado por las mutaciones del nuevo milenio, la Argentina está mirando hacia atrás, con los debates de fin de siglo XIX  (empleo, crisis, recuperación del crecimiento). Está alejada del futuro económico internacional. La economía mundial crece y se reproduce en el marco de la más violenta revolución tecnológica, y nosotros estamos empezando a debatir si la pobreza la generaron la hiperinflación o la convertibilidad. 

No lo dudamos, la deuda de los intelectuales con la economía y los actores es total. No hay futuro para nuestros habitantes si miramos el pasado, o peor, si tanto nos condiciona ese pasado. Las bases son débiles y las propuestas difusas, inexistentes. La dirigencia política debería exigirnos más y también debería exigirse más así misma. Tanta pobreza no justifica la ausencia de un serio debate. 

(*) Arnaldo Bocco 
Profesor  Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y  
Director del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
abocco@arnet.com.ar