El financiamiento adecuado de la educación es o debe ser una prioridad esencial de todo Estado moderno con visión de futuro. Así concebida, siempre se llega a la conclusión según la cual la Educación es la solución más eficaz y definitiva de los principales problemas que aquejan y deben enfrentar las diversas sociedad para lograr un desarrollo sostenible. Sin embargo y pese a lo muy extendido de tal convencimiento aún no se refleja debidamente en las decisiones anuales de los gobiernos, ni en la cooperación de las empresas privadas, y mucho menos como parte de la cooperación internacional.

La financiación de la educación pública en  todos los Estados –nación se realiza fundamentalmente gracias a los presupuestos de los Ministerios de Educación, aunque también con cargo a partidas, previstas específicamente para fines educativos o de formación profesional, en los presupuestos de otros ministerios e instituciones oficiales; en particular los de Trabajo, Sanidad, Defensa, Agricultura, además de los acordados por organismos públicos autónomos.
El porcentaje de Producto Nacional Bruto (PNB) dedicado por cada país a los gastos en educación incluye tanto al sector estatal como al no estatal y al privado. Además de las partidas incluidas en el presupuesto del Estado-nación y en el de las comunidades y entidades oficiales autónomas, de las regiones y de las ciudades, existen diversas modalidades fiscales o gravámenes, entre los cuales siguen figurando en algunos casos impuestos o gravámenes específicamente dedicados a fines educativos.
Otra modalidad o fuente principal de financiación educativa son los respectivos hogares o familias, si bien es un tema que sigue estando poco estudiado y documentado. En todo caso, existen estudios que muestran que el coste total de criar un hijo desde el nacimiento a la edad adulta temprana   (0 a 18 años de edad) excede generalmente con mucho el coste de la educación formal. Por cierto, que la inversión en capital humano a lo largo de toda la educación formal varía en los países de la OCDE, desde los nueve años en el caso de Turquía a los 17 años de Bélgica y Holanda, con un promedio de 15 años en todos esos países.
Concretamente en los EE.UU, el coste total de crianza de un hijo representaba casi el 15 % del PBI en 1995. La parte de los gastos de las familias para vivienda, alimentación, ropa, atención sanitaria y transporte –incluidos los costos indirectos de las percepciones no devengadas por las madres que no trabajan fuera del hogar para mejor dedicarse a su propia familia- corresponde a dos tercios de todos los gastos.
Las familias invierten en la educación directamente al asumir el pago de tasas académicas, transporte, libros de texto y de consulta, equipo informático, cursos de apoyo extra (clases particulares), internados y alimentación, incluso uniformes o vestimenta, etc., indispensables para hacer posible los estudios formales o programas especiales de aprendizaje no formal. El conjunto de estos gastos  constituye generalmente un porcentaje considerable del presupuesto familiar, tanto más para las familias con numerosos hijos y ante un extendido afán de superación a favor del nivel de conocimientos y título que se espera puedan alcanzar los beneficiarios de cada familia. De ahí que se plantee la conveniencia de desgravar fiscalmente a las familias por sus gastos en la educación de sus hijos, bien sea de forma selectiva o global, tal como ya ocurre, por ejemplo, en Alemania y en Portugal.
En general, los gastos de las familias –cuya suma constituye una importante fuente y modalidad de la financiación de la educación en cada país- van acrecentándose a medida que los jóvenes miembros de la familia ascienden de nivel educativo, dado que la educación básica o primaria suele ser gratuita, aunque no así la secundaria, que representa en muchos países la mayor carga financiera para las familias. Paradójicamente, el nivel de educación superior pública sigue siendo gratuita en muchos países, al menos entre los iberoamericanos, frente a lo muy costosa que resulta, por ejemplo, en los EE. UU.
El sector privado, en particular, recurre a cobrar servicios directamente a los alumnos o a sus familiares, además de procurar subvenciones y donaciones (grants) oficiales y no estatales, sobre todo de empresas, instituciones filantrópicas y fundaciones, para lo cual se suelen organizar campañas ad hoc de recolección de fondos, al estilo del tradicional fund raising norteamericano o los programas de patrocinio (sponsorship), de acuerdo con técnicas de los especialistas del ramo.
Una modalidad muy extendida es la de contribuciones fijas o cuotas relacionadas con la nómina de personal (entre el 0,5 al 3%) de las más diversas empresas industriales, de servicios y aún agrícolas, generalmente sujetas a leyes al respecto. Así fue el caso en España, mediados los años cincuenta, gracias a la Ley de Formación Profesional Industrial, del mismo modo que en Brasil se crearon el SENAI y el SENAC; en Colombia el SENA; el INCE en Venezuela, o el INACAP en Chile. Japón (Employment Promotion Projects Corporation) y Alemania (Instituto Federal de Formación Profesional) tienen una larga y positiva experiencia en este tipo de cooperación acordada entre el Estado y las empresas para programas de formación profesional en servicio en las propias empresas. Por su parte, el Reino Unido se distingue por un sistema similar sandwich o de alternancia estudio-trabajo.
Una modalidad de años recientes es la creación y financiación de universidades, particularmente en los EE.UU., por parte de grandes empresas multinacionales o corporations (por ejemplo, IBM, McDonald, etc.). De ahí el nombre de corporate universities, las cuales se han multiplicado y crecido muy rapidamente, aparte de recuperar buena parte de las inversiones a través de las tasas que cobran a los alumnos y, sobre todo, gracias a la formación de la mano de obra especializada que requieren sus propias actividades productivas. Instituciones creadas por las empresas privadas, como es el caso de la Nacional Financiera en México y otras similares en varios países, contribuyen eficazmente al desarrollo de una nueva cultura empresarial, conscientes de sum papel como formadores de capital humano. El papel de las empresas es de hecho cada vez más importante en las sociedades del nuevo milenio. Las empresas con futuro son, a fin de cuentas, comunidades sociales en evolución y progreso incesante. La financiación de la capacitación empresarial es, por tanto, consecuencia lógica de la búsqueda de una mayor rentabilidad de estas instituciones generadoras de la riqueza del respectivo país.
Las fundaciones nacionales o locales y aquellas cuyos programas se extienden más allá de sus fronteras representan hoy en día un considerable aporte financiero para el desarrollo de la educación, aunque su ayuda va dirigida casi siempre a proyectos concretos proyectados o desarrollados en cooperación con las mismas. Las fundaciones son expresión de lo mejor de la sensibilidad social de la iniciativa empresarial privada, por cuanto es la forma institucional más depurada a través de la que ese principal sector de creación de riqueza devuelve a la sociedad parte de sus legítimos beneficios y contribuye al progreso de su entorno. Las fundaciones creadas por empresas reciben bien sea parte de los beneficios anueales de tales empresas o bien han pasado a ser propietarias de todas o gran parte de las acciones de la empresa o grupo de empresas madre. Otras fundaciones de índole filantrópica hacen campañas o solicitan aportaciones (bettler foundations), existiendo también variadas otras fuentes, como puede ser la financiación con los beneficios de la lotería (ONCE en España o Fundación Reina Juliana en Holanda). Estas realidades positivas deben ser defendidas y apoyadas con ahínco de cara al futuro, no solamente como fuente de aportes sociales, educativos, científicos o culturales, sino también en cuanto garantía del respeto a la iniciativa privada en las economías de mercado humanas y sociales que se desenvuelven en el seno de los Estados de derecho democráticos.
Otra modalidad importante de financiación de la educación estatal y, sobre todo, no estatal son los créditos bancarios para las inversiones de capital y los créditos de honor como sustituto de las becas de fondo perdido. Además del ICETEX, como institución piloto de esta modalidad desde mediados de los años cincuenta, es de destacar la labor desarrollada por el CONACYT de México desde 1971, que ha brindado apoyo para la formación de posgrado dentro y fuera del país a más de 60.000 jóvenes.
El ICETEX (Instituto de Crédito Educativo Para Estudios en el Exterior) de Colombia, creado en 1955 por Gabriel Betancur Mejía, es una de las experiencias más excepcionales y ya histórica en materia crediticia, concretamente para los estudios de posgrado. Esta feliz experiencia se siguió muy pronto en casi todos los países latinoamericanos, al punto que existe una asociación regional de tales instituciones llamada APICE.
Inspirado con le experiencia de ICETEX, se diseño y propugnó posteriormente, con la colaboración de la Agencia Internacional para el desarrollo de los EE.UU., la creación de un Banco de Fomento y Crédito Educativo en Colombia, como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, con el fin de reunir y gestionar fondos públicos y privados destinados a la concesión de créditos para diversas actividades educativas institucionales o individuales; proyecto que no prosperó pese al gran interés que despertó inicialmente lo novedoso de sus planteamientos.
Los créditos a los que recurre el sector oficial dentro de cada país son de carácter extraordinario, extrapresupuestal, de deuda pública o créditos comerciales ordinarios. En las últimas décadas se han extendido los créditos internacionales para los países en vías de desarrollo, principalmente el programa IDA (International Develpment Aid) del Banco Mundial (créditos “blandos” en condiciones más ventajosas respecto de los intereses y del período de gracia), así como del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus homólogos en Asia y Africa. También el sector educativo privado puede acceder a estos créditos con el aval del respectivo Estado.
Por otra parte, se puede acceder a ayudas financieras substantivas para proyectos concretos oficiales de las agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Unicef, e incluso de la OMS, Unesco, OIT, UNEP y FAO, aunque para fines más directamente relacionados con sus respectivos campos de actuación y con sumas menores.
En Europa, la Comunidad Europea dispone de una diversidad de programas de subvenciones y becas para proyectos educativos de los Estados miembros y de instituciones privadas o personas, así como programas de ayuda a países en vías de desarrollo, facilitados generalmente por intermedio de organizaciones no gubernamentales acreditadas.
En el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo de la de la Comunidad Europea, en 1993 ya se subrayaba la estrecha  relación que existe entre cualificación y capacitación de los recursos humanos, por una parte, y con las bajas tasas de crecimiento, por otra. El Libro Blanco de Delors desarrolla este concepto en relación con la irrupción de las nuevas tecnologías y recomienda principalmente, entre otras medidas, el fomento de la educación contínua y de la formación profesional. El Libro Verde de la Comisión Europea, titulado Vivir y trabajar en la sociedad de la información (1996), también insiste en esta deseable política, señalando la carencia de capacidades como principal desafío, entre ellas las tecnologías de la información y de la comunicación. A estos fines, el Fondo Social Europeo (FSE) ha sido fuente financiera clave para llevar a la práctica tales políticas de adaptación y reconversión. Este Objetivo 4 de los Fondos Estructurales fue dotado con aproximadamente 6.000 millones de euros para el período 1994/1999, de lo que más de 2.200 son cofinanciados por el FSE. Para la iniciativa ADAPT existe además un presupuesto de unos 2.800 millones de euros para el periodo 1995/1999, de los que 1.400 son la contribución del FSE. Además de estos medios substantivos para llevar a cabo tales políticas, Objetivo 4 y Programa ADAPT contribuyen a la formación, actualización y reciclaje de los recursos humanos de la Unión Europea gracias a su naturaleza innovadora y a su carácter transnacional, lo cual facilita el intercambio de las experiencias más válidas.
Las modalidades de financiación de los sistemas educativos en América Latina son básicamente similares entre sí, aunque varían bastante los porcentajes en cuanto a la procedencia y respecto de la aplicación de dichos fondos, todo lo cual se describe de forma clara en una reciente publicación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Esta organización está llevando a cabo una importante tarea documental y de reflexión en esta materia al servicio de todos sus Estados miembros.
En la mayoría de los países económicamente más desarrollados existen agencias de cooperación nacionales de ayuda para combatir el subdesarrollo en el exterior –tales como la Agencia de Cooperación Iberoamericana en España, la SIDA en Suecia, la AID de los Estados Unidos, la ACDI de Canadá, etc-, además de un gran número de organizaciones no gubernamentales, laicas y religiosas, que recaudan fondos y/o ofrecen servicios asistenciales, tales como la Cruz Roja, la Media Luna, Cáritas, Manos Unidas, Medios del Mundo, etc.; todas las cuales financian y desarrollan programas de educación no formal al menos en cuanto componente de sus programas principales. A todo ello se suman las numerosas instituciones educativas de las más diversas confesiones que son sostenidas gracias a las aportaciones de sus propios seguidores, tal como las escuelas de misioneros cristianos o las islámicas, judías, budistas y de otras muchas creencias.
Según fuentes de la Unesco, el mayor salto de la asistencia internacional, bilateral y multilateral, destinada a la educación tuvo lugar entre 1969 y 1983, años durante los que se paso de 600 millones de dólares hasta 4.025 millones. Posteriormente ha sufrido un estancamiento y aun disminución, habiéndose recuperado la tendencia al alza últimamente, aunque de forma moderada.
Estamos ante cambios considerables en vísperas de comenzar un nuevo siglo, un nuevo milenio. Ante el progresivo convencimiento de la primacía del conocimiento para la solución de tantos y tan complejos problemas globales y locales, cada persona, sus familias, las empresas, las instituciones religiosas, las fundaciones, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, las ciudades, las regiones autonómicas, el Estado y, en suma, la sociedad entera, tendrán que financiar la educación y el aprendizaje individual y colectivo de muy variadas formas. Las modalidades de financiación educativa hasta ahora conocidas tendrán que ser profundizadas y perfeccionadas, además de poner en práctica otras desde la creatividad innovadora. Esta es sin duda una tarea importante para todos si queremos garantizar un futuro para el aprendizaje.

(*) por  Ricardo Díez Hochleitner
Vicepresidente de la Fundación Santillana. España. 
E-mail: rojasos@santillana.es