Mientras las universidades nacionales manifestan al unísono su oposición al proyecto de ley que promueve una mayor exigencia en el rendimiento académico y la implementación de un sistema de multas a pagar por parte de los alumnos que tengan rendir o cursar materias de manera reiterada, el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi, defiende lo que es su iniciativa y destaca que “tiene que haber algún tipo de sanción para quien desaprovecha la oportunidad que la sociedad le da”.

El proyecto es resistido por las universidades. Así lo reflejan los rectores de  Río Cuarto, Leonidas Cholaky Sobari; del Comahue, Jorge Rabassa; de la Universidad del Centro, Néstor Auza; de San Luis, Alberto Puchmüller, y de la Universidad de Catamarca, Julio Luis Salerno.
   En su totalidad, expresaron su oposición a la modificación del artículo 50 de la Ley de Educación Superior, cuya implementación implicaría una efectividad del 70 por ciento en el rendimiento académico relacionado con las oportunidades utilizadas para cursar y para rendir, a la vez que el cobro de multas a sufragar por los alumnos que deban recursar materias o repetir exámenes por haber quedado en condición de libres o por haber desaprobado exámenes. 

Desde el Ministerio
Juan Carlos Gottifredi
   El fundamento del proyecto es el sostenimiento de la gratuidad de la educación superior. Pero la gratuidad no es un concesión graciosas que hace un gobierno, sino un contrato entre la sociedad y el individuo. La primera financia la educación del segundo y éste se compromete a aprovechar la oportunidad que le brinda la sociedad.
   Esto no excluye a nadie, porque quien trabaja lo que hace es cursar menos materias. Es el 70 por ciento de lo que cada uno decide hacer o un mínimo de dos materias por año.
   No tiene nada que ver el arancel con el cobro de una multa porque alguien haya fallado en una materia. Quien falla desaprovecha una oportunidad y para volver a tenerla debe abonar.
   Decir que es un arancel es una ridiculez. Hay que leer el fundamento de esta iniciativa, que no tiene nada que ver ni con la privatización, ni con el arancelamiento, sino con la responsabilidad del individuo, al que la sociedad le está pagando para que estudie y en lugar de estudiar desaprovecha la oportunidad.

En las universidades
Leonidas Cholaky Sobari, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto
   Yo estoy en desacuerdo con ese proyecto, ya lo hemos expresado en el CIN en su momento.
   Es un proyecto de exclusión. Son distintas las condiciones de una universidad y de otra. Los sistemas universitarios son diferentes. Cada universidad presenta una situación particular.
   Nosotros en los tres últimos años tenemos casi el 70 u 80 por ciento del estudiantado que rinde más de dos materias y un 40 por ciento por ciento que rinde más de cinco materias. Entonces creo que aplicar multas y decir que se va a subvencionar la educación universitaria no tiene sentido.
   Además, el modelo económico obliga a muchos universitarios a trabajar para costear sus estudios y también para ayudar a mantener la familia.

Jorge Rabassa, rector de la Universidad del Comahue
   Para decirlo de una manera elegante, me parece un error que en este momento de crisis casi terminal de las universidades públicas estar lanzando proyectos de esa naturaleza.

Néstor Auza, rector de la Universidad del Centro
   Es una intromisión, al menos. Las universidades en eso son autónomas y pueden establecer su propio reglamento de enseñanza y promoción. 
   La multa genera una idea de arancelamiento, porque el estudiante, para poder reivindicar, va a tener que pagar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede ser un avance concreto en la introducción de una medida, a la que no nosotros nos negamos, que es la de arancelar la universidad.

Alberto Puchmüller, rector de la Universidad de San Luis
   Me parece una barbaridad. No estoy de acuerdo con eso. Acá hay que hablar de un rendimiento académico de los alumnos. Nosotros lo hemos planteado en nuestra universidad, pero hay que hacer un análisis mucho más serio, más profundo. Hay que preguntarse por qué los alumnos están en esa situación, hay gente que trabaja, hay causas externas a la universidad, como la situación socioeconómica y laboral de los estudiantes, y hay problemas internos, que hacen a la organización de lo académico y el desarrollo de la enseñanza.
   Las medidas no deben ser de tipo punitivo, sino que tienen que ser correctivas y tomadas por las universidades.

Julio Luis Salerno, rector de la Universidad de Catamarca
Todos estamos interesados en lograr un mayor rendimiento académico y formas de retención más efectivas, pero eso corresponde al análisis interno de cada universidad.

¿Están dadas las condiciones para una articulación?

 A las universidades nacionales recortadas, empobrecidas y que se debaten en la imposibilidad de mantenerse en pie institucionalmente, se les pide que se conviertan en uno de los pilares de la reconversión de las instituciones de educación superior no universitarias, paradójicamente diseñadas para recibir a los alumnos que terminen expulsados del subsistema universitario.
   El secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi, fue consultado por HOJA APARTE respecto de si están dadas las condiciones para pensar una integración de la educación superior de carácter universitario y no universitario, ante lo cual respondió que “no podemos esperar tener recursos, sino que debemos extremar nuestra inteligencia y creatividad para poder lograr este desarrollo” y agregó que “no se trata de crear nuevas instituciones, sino de mejorar las existentes”.

- ¿A qué lógica responde el impulso actual de la política de integración del Sistema de Educación Superior?
- Lo que estamos tratando de hacer es que el sistema público de educación que pertenece a la Nación y a las provincias se integre para tener una mayor cobertura de la educación superior y para posibilitar que la gente que tenga que estudiar en un instituto terciario que no pertenece a una universidad, pueda concluir una carrera universitaria.
- ¿Esto de los colegios universitarios, no son en alguna medida una privatización de los ciclos básicos?
- No. Porque las instituciones que pertenecen a las provincias van a seguir perteneciendo al Estado.
- Pero hay muchas empresas privadas que tienen centrados sus intereses en este proyecto.
- Me parece bien que sea así. Pero esto se abre tanto para los públicos como para los privados.

   Son muchos los interrogantes que quedan abierto ante este panorama. Uno de ellos es cómo se financiarán los emprendimientos que tengan por finalidad la evaluación, la reconversión de la planta docente, la integración de equipos y áreas disciplinares de ambos subsistemas, los proyectos de investigación interinstitucionales, las propuestas de capacitación y vinculación con el medio, las áreas productivas y las demandas locales y regionales.
   Cabe preguntarse cómo se pueden discutir estas políticas de integración del Sistema de Educación Superior, mientras se vive en condiciones de permanente amenaza para las universidades nacionales, en particular su autonomía, gratuidad y libre acceso.