Durante la primera sesión de agosto del Consejo Superior, el rector de la Universidad, Leonidas Cholaky formuló una contundente denuncia contra quienes aplican políticas acordes a los intereses de grupos de poder. “Nos encontramos ante una extorsión muy grande contra uno de los poderes del Estado (por el Senado), sea por el mismo gobierno, por los gobernadores o por el sector económico-financiero internacional, circunstancia que nos coloca en una situación de dependencia que no tiene frontera”. Se refería a la sanción de la ley de Déficit cero, que sin más, determinaba el inicio de la flexibilización de salarios y asestaba un duro golpe a la estabilidad laboral. Pero las palabras del rector en aquella reunión sintetizaron, tal vez sin proponérselo, el paradigma de una Argentina sin rumbo, que solo sucumbe ante cada presión de los organismos financieros internacionales. 

Desde ese punto de referencia es fácil determinar en qué estado se encuentra hoy la educación pública, y más aún el sistema universitario nacional. Arrinconadas por los abanderados de las políticas de ajuste, la educación y la universidad aparecen casi reducidas a una mínima expresión para una fugaz formación de los ciudadanos y la generación de algún nivel de conocimiento. No fue ese el ideario que imaginaban  verdaderos forjadores que hicieron crecer a este país en diferentes momentos históricos. 
Primera definición: La UNRC completó su achique de presupuesto, cuenta con una partida congelada desde hace cuatro años y sufrió un recorte de cuatro millones de pesos en los últimos tres años. Segunda definición: La UNRC no tiene deudas, se encuentra al día con sus aportes patronales, así como con la retención previsional de los empleados. Ese es el cuadro económico y presupuestario de esta institución, que este año “celebra” sus 30 años de vida institucional. Por eso, Cholaky decía en la sesión aludida que “la Universidad no es responsable del déficit (que recién ahora tiene una ley para evitarlo) ya que no participó de ninguna fiesta”. Tiene razón el rector, pero no alcanza. Sencillamente porque los gráficos del “gasto” público que manejan los técnicos de las entidades financieras internacionales y sus consultoras satélites sólo determinan la impostergable necesidad de equilibrar las cuentas del Estado Nacional. En ello puede existir una coincidencia, pero la ejecución de las políticas impartidas no reconoce disquisiciones y resulta igual reducir partidas de áreas secundarias del Estado, bajar el gasto político y recortar el presupuesto educativo y universitario. 
El caso de esta casa de altos estudios es por demás representativo, y como ya se ha dicho, no solo afecta al funcionamiento de la misma, sino que tiene directas repercusiones sobre la economía de la ciudad y la región. En 1998, la UNRC experimentó una quita de fondos por parte del Estado de 61 mil pesos; al año siguiente, la cifra trepó a 2,9 millones, y durante el 2000, alcanzó los 971 mil pesos. 
Pero si el creciente mar de recortes se proyecta hacia los sistemas educativo y universitario nacionales, se constatan datos que dan cuenta de la negativa escena que presentan los sectores. 

El lugar de la educación en la Argentina que viene 
En el año 2020 la Argentina tendrá unos 50 millones de habitantes. Instalado en un punto de esa lejana fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional proyectó: “Los niños que hoy nacen tendrán entonces 20 años. Los jóvenes de estos días llegarán a 40. Ambas generaciones podrán vivir en un país dependiente, con una historia aleccionadora de fracaso, un ingreso per capita de 5 mil dólares y 35 millones de pobres, o por el contrario, en un país de 20 mil dólares per cápita y cero pobreza, con escolarización secundaria universal y la mitad de su población adulta con educación superior”. Seguidamente se pregunta: “¿Qué país queremos construir?”, y reafirma, “no invertir hoy en educación e investigación es condenarnos a convertir esta recesión en un retraso cultural y estructural”.
La educación superior es observada hoy como uno de los últimos nichos de mercado que todavía controla el Estado, “como tajada jugosa de negocios y fuente de ahorros públicos para seguir cebando al insaciable capital financiero”, cuestiona el manifiesto del CIN. Por eso, compara que “lejos de invertir demasiado, hoy Argentina invierte por alumno universitario el 80% de lo que invierte España y la mitad de lo que invierte Francia, cuando nuestro retraso histórico requeriría una inversión aún mayor para lograr los estándares que se requieren de los graduados”. (ver gráfico número 1)
En otra tramo del extenso documento que acompaña al proyecto legislativo de “Ley de Protección de la Educación Pública”, el Consejo Interuniversitario explica que en una Argentina con 15 millones de pobres, privatizar la educación o acabar con su gratuidad equivale a excluir del estudio a cientos de miles de ciudadanos. “Si hoy sentimos el impacto de la ausencia de los 30 mil desaparecidos hace 20 años, pensemos cómo se sentirá, en el 2020 la desaparición virtual de cientos de miles de personas del mundo del trabajo, de la participación democrática, de la creación científica y artística”.
Por ley, el Estado esta obligado a llevar el porcentaje del PIB invertido en educación –como gasto público consolidado- al 6% o duplicar ítem a partir de la base de 1992 en un plazo de cinco años. Sin embargo, en 1997 esa proporción sólo llegó al 3,9%. En una rápida retrospección, de acuerdo con lo dispuesto por ley para el período 1997-2000 el total de partidas acumuladas que no fueron transferidas al sistema educativo alcanza la friolera de 18.537 millones de pesos. Sin que haga falta detenerse en detallar el impacto sobre el sector. Pero un dato comparativo resulta de utilidad para completar el breve análisis: entre 1994 y 2000, para los niveles inicial, primario, medio y superior no universitario la matrícula creció un 17%, o lo que es más representativo, se inscribieron en los establecimientos un millón de niños y jóvenes. En relación al nivel universitario, la demanda se incrementó un 45% entre 1992 y 2000. La tendencia argentina en este punto acompañó el crecimiento de los países desarrollados. (ver gráficos 2 y 3)

El desafío de la gestión pública
El país requiere de una política firme de defensa de su autonomía tecnológica. Al respecto, el CIN indica que “las universidades y los institutos de investigación pública son hoy la principal rama de inversión para el desarrollo moderno. El grueso de ese aporte sólo puede garantizarlo el Estado, porque en general la investigación privada es inducida por demandas de corto plazo antes que por el desarrollo estratégico del país, y porque la educación librada al mercado genera escuelas y universidades buenas para los ricos y otras, pobres, para los pobres”. El organismo, concluye en que hay muchos desafíos por enfrentar: “ser más eficientes y más pertinentes, abrir las escuelas y las universidades a la sociedad y sus necesidades, revolucionar la pedagogía para adecuarla a las otras revoluciones que experimentamos, entrar en un círculo virtuoso con la producción y la gestión pública”. 
En todo caso, sería bueno imaginar una ordinaria reunión del Consejo Superior de la UNRC en algún día del 2020 (aunque antes, mejor), con un discurso de reconocimiento de sus autoridades por un floreciente presente de la institución, lejos, muy lejos de aquellos años de ajustes y recesión.