Alrededor de 4 mil firmas se han recolectado ya en el marco de la campaña que lleva adelante la Universidad Nacional de Río Cuarto junto a otras universidades estatales para la  difusión y adhesión al Proyecto de Ley de Protección de la Educación Pública  que impulsa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

El proyecto, a presentarse en forma de «iniciativa popular», requiere de un millón y medio de firmas para que adquiera estado parlamentario y pueda ser tratado por el Congreso de la Nación y eventualmente aprobado como ley.
Durante esta semana se han intensificado las actividades de la campaña que se extenderá hasta el 3 de noviembre próximo y  que cuenta con la coordinación a nivel local del secretario general de la Universidad, Juan José Busso, junto al coordinador de Comunicación Institucional, Miguel Angel Tréspidi. 
Así  como el rector Leonidas Cholaky envió unas 500 cartas a distintas instituciones públicas e intermedias de la ciudad y de la región con la intención de lograr la adhesión de estas entidades a dicho Proyecto de Ley. Las cartas fueron enviadas a escuelas secundarias, municipios, asociaciones vecinales, Honorable Concejo Deliberante de Río Cuarto y gremios, entre otras fuerzas vivas. 
Además continúan trabajando los encargados de recolectar firmas en las distintas facultades, en los centros estudiantiles y en la FURC.
A su vez, según lo resolvió el Conejo Superior se ubicaron planillas  para  los interesados en adherir en distintos sectores del campus universitario, como Bedelía, Dirección de Salud, Tesorería, PEAM, ADESUR, PROCEDER, Residencias Estudiantiles Universitarias, Secretaría de Bienestar, Departamento de Becas, Dirección de Biblioteca y Dirección de Personal.  También hay actividades al respecto en Plaza Roca mediante la habilitación de mesas para recolectar firmas.

El proyecto
La propuesta tiene por objetivo «garantizar el funcionamiento y sostenimiento de los servicios educativos estatales, tanto los de la Nación, las provincias como así también los de los municipios del país».
El proyecto de ley propone que el gasto público en educación de la Nación «será incrementado a partir del año 2002 mediante un aumento gradual distribuido en cinco incrementos anuales de igual valor, hasta alcanzar en el término de cinco años por lo menos un cincuenta por ciento acumulado de incremento respecto al valor registrado en el año 2000 o mediante un aumento porcentual similar al estimado de incremento del PBI, lo que sea mayor».
Otro artículo del proyecto sostiene que «en ningún caso el presupuesto destinado a la educación de un año podrá ser inferior al del año anterior».
También se sostiene en el articulado de la propuesta que «las universidades nacionales no podrán ser desnacionalizadas ni privatizadas en forma total o parcial, ni modificada su autarquía»..