Proyecto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
Presentado ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación.
 

ARTÍCULO 1 - La presente ley tiene por objeto garantizar el funcionamiento y sostenimiento de los servicios educativos estatales.
ARTÍCULO 2 – El gasto público de la Nación en educación será incrementado a partir del año 2002 mediante un aumento gradual distribuido en cinco incrementos anuales de igual valor, hasta alcanzar, en el término de 5 años, por lo menos un 50% acumulado de incremento respecto al valor registrado en el año 2000, o mediante un aumento porcentual similar al estimado de incremento del PIB, lo que sea mayor.
ARTÍCULO 3 –  En ningún caso el presupuesto destinado a educación de un año podrá ser inferior al del año anterior.
ARTÍCULO 4 - Establécese que las universidades nacionales no podrán ser desnacionalizadas ni privatizadas en forma total o parcial, ni modificada su autarquía.
ARTÍCULO 5 - Los fondos incrementales para el sistema universitario serán distribuidos según pautas objetivas entre las ya consolidadas y atendiendo a los requerimientos de crecimiento de las nuevas universidades. En todos los casos serán vinculados a programas monitoreables de planificación estratégica de desarrollo del sistema. 
ARTÍCULO 6 - La diferencia entre estas metas de cumplimiento obligatorio y los recursos que determine el presupuesto nacional será financiada con impuestos directos que tomen en cuenta la mayor capacidad contributiva. 
ARTÍCULO 7 - Se invita a las Provincias a adherirse a esta Ley para alcanzar, en conjunto con la Nación, un incremento equivalente en el gasto consolidado o el 6% del PIB.
 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Por medio de la Ley 24.195 la Nación se comprometió a llevar el porcentaje del PIB invertido en educación (Gasto Público Consolidado) al 6% o a duplicar dicho gasto a partir de la base de 1992, lo que fuera mayor, en el plazo de cinco años. Sin embargo, en 1997 la proporción del Gasto Consolidado en Educación sólo llegaba al 3.9% del PIB, lo que implicó un subfinanciamiento sólo en ese año de 5.895 millones de pesos. Si se acumula la brecha en la inversión educativa respecto a lo dispuesto por el Congreso en la Ley Federal, solamente durante el período 1997-2000 se acumula un total de recursos no transferidos para esa función de 18.537 millones de pesos, con el evidente impacto en la dotación de personal, los salarios, las becas, la infraestructura y la capacidad de generar proyectos de renovación de la educación y la investigación. A la vez, la matrícula  educativa continuó aumentando: sólo entre 1994 y el 2000, para los niveles inicial, primario, medio y superior no universitario aumentó en más de un millón de inscriptos (17%). En cuanto al nivel universitario, acompañando las tendencias mundiales, la demanda por educación pública se incrementó aproximadamente un 45% entre 1992 y 2000. 

En consecuencia, en 2000 el sector estatal cubría una matrícula total de todos los niveles de alrededor de 8.300.000 ciudadanos lo que arrojaba un gasto promedio por alumno de menos de 1600 pesos. Las Provincias seguían extendiendo la obligatoriedad del nivel medio pero la tasa de escolarización de jóvenes entre 14 y 17 años era aún del 69 % (en Chile ya superaba el 80%) y los indicadores de aprendizaje, sobreedad, repetición y deserción mostraban serios problemas de regresión educativa. Encarar esta cuestión requiere un proceso de reestructuración con un aumento significativo de la inversión educativa del sector público. 

Asimismo, por Ley 24.521 de Educación Superior se establece en su art. 58 que “corresponde al Estado Nacional asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su normal funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines.” Esto requiere no sólo atender a la demanda de acceso sino estimularla y volverla eficiente, garantizando la actualización y mejoría en la calidad de la educación impartida.

Como parte del Proceso de Cumbres de las Américas, Argentina ha asumido la coordinación, junto con México y Chile, del Plan de Acceso Universal a la Educación en todos sus niveles, y ello nos obliga adicionalmente a volver a ser ejemplares en esta materia. 

Argentina tiene hoy  más de 16 millones de niños y jóvenes en edad escolar (desde la educación inicial hasta el nivel de posgrado) así como 15 millones de personas que conforman su población económicamente activa. Como jóvenes o como trabajadores reclaman educación y capacitación para integrarse con el país y su economía en la sociedad global del conocimiento y la información. En el año 2020 serán respectivamente 20 millones de niños y jóvenes en edad de cursar estudios básicos o superiores y 22 millones de ciudadanos activamente buscando trabajo, educación y capacitación continua. Su futuro depende de las decisiones que tomemos ahora.

Aunque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permitirán en el futuro que tramos significativos de la educación y la capacitación puedan hacerse a distancia, su formación fundamental como ciudadanos y como personas hábiles para aprender se forjará en su formación presencial previa, en relación directa con sus profesores y sus compañeros. De la calidad de esa educación dependerá no sólo su trayectoria vital, sino la calidad de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de la competitividad de nuestra economía en el mundo. 

En toda sociedad avanzada la inversión en educación, ciencia y tecnología es prioritaria y el Estado juega un papel predominante. Al final de la década pasada, en Estados Unidos, cada 1000 habitantes, 54 cursaban estudios universitarios, en Canadá 50, en Francia 27 y en Argentina 24. Así, nuestra sociedad manifiesta desde ahora su decisión de estudiar, pero mientras en Estados Unidos el Estado invierte 8700 dólares por alumno universitario, en Francia 3000, en Canadá 5200 y en Alemania 4000, en Argentina solo se invierten 1600 dólares (lo mismo que para el promedio de todos los niveles), lo que afecta la calidad y la eficiencia de la educación científica y profesional.

Como indica el informe presentado el año pasado por James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial: “La calidad del conocimiento generado dentro de las instituciones de educación superior, y su disponibilidad para la economía más amplia, se está convirtiendo cada vez más en crítico para la competitividad nacional (...) la participación en la economía del conocimiento requiere un nuevo conjunto de habilidades humanas. La gente necesita tener mayores calificaciones y ser capaz de una mayor independencia intelectual”. 

La Comisión Delors ha manifestado que “...en un momento en que las políticas de educación son objeto de vivas críticas o son relegadas, por razones económicas y financieras, a la última categoría de prioridades (...) el mejoramiento del sistema educativo obliga al político a asumir plenamente su responsabilidad.” 

En momentos de gran incertidumbre social y económica, nuestro sistema educativo debe ser un espacio de integración social y un punto firme de apoyo para las expectativas de la sociedad y en particular de los niños y jóvenes que serán los adultos del mañana. Esto requiere transformaciones profundas y estrategias de largo plazo que es urgente impulsar con una clara decisión política de invertir en la educación para el futuro.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
 
 

en defensa del futuro  de la Nación y la Educación

¿Cómo y dónde adherir?
-Con su firma, en forma personal  en planillas o a través de instituciones por notas de adhesion

¿Quiénes pueden adherir?
-Ciudadanos nacionales o residentes en condiciones de votar
-Mayores de 18 años
-Una sola adhesión por persona.