Hacia un nuevo modelo de distribución presupuestaria para las universidades nacionales

 Es difícil reclamar por el envío de fondos a las universidades nacionales en esta dura etapa de desaciertos e incertidumbres. Pero está claro que hay determinaciones previstas sin cumplir y que necesariamente deben regularizarse. En cualquier país normal, un presupuesto convertido en ley constituye una obligación ineludible por la que instituciones y dirigentes bregarán por hacerla cumplir hasta el límite de las posibilidades. Pero cierto, estamos en Argentina y las cosas son diferentes. Lamentablemente diferentes. 
La Universidad Nacional de Río Cuarto lleva un notable atraso presupuestario del corriente ejercicio y de períodos anteriores. Más de cuatro millones de pesos refrescaba hace unos días el rector Leonidas Cholaky. Nada se sabe aún sobre la posibilidad de que la situación tienda a normalizarse, y a fuerza de una mayor sinceridad interior (sobre todo por el curso de acontecimientos que muestra el país) nada sucederá en el mediano plazo. 

¿Es éste el escenario reservado para el sistema universitario en el capítulo final de la novela sobre la decadencia argentina?, ¿Tendrá que resignarse la UNRC a una presencia pasiva en el contexto regional, producto del estrangulamiento económico?, ¿Quién lanza ideas superadoras para mirar hacia adelante y desterrar los cimientos de esta caterva nacional?.
En la Segunda Conferencia Mundial de la UNESCO realizada en 1998, se determinó que las universidades públicas deben “asegurar una alta calidad académica, internacionalmente reconocida, considerar la obligación de atender y realizar evaluaciones, tanto internas como externas respetando la autonomía y la libertad académica, como parte inherente al normal funcionamiento, y crear en su interior sistemas, estructuras o mecanismos transparentes encargadas de cumplirlas”. Pero frente a este significativo reconocimiento, los gobiernos de muchos países (alcanza con observar aquí en la Argentina) tratan de imponer evaluaciones y mecanismos de financiamiento que constituyen verdaderos “controles impositivos sobre las propias universidades”, tal como sostienen varios especialistas, y a través de diferentes métodos. En ellos, aparecen el análisis y la evaluación a partir de la relación Entrada-Proceso-Producto-Tiempo-Recurso Financiero, todo para la verificación de especialistas, recompensa financiera y exposición al juzgamiento público de los sistemas de acreditación de carrera y los exámenes de calificación de graduados, entre otros ítems. En esa tergiversada línea de “influencias” se mueve el andamiaje universitario, más golpeado aún por el descalabro económico de los últimos meses.

Distribuir lo poco que queda, pero mejor
La UNRC viene trabajando desde hace un tiempo prudencial en lo que se denomina un nuevo modelo de distribución presupuestaria de las universidades nacionales. Se trata sin dudas de una apuesta delicada, que demandará múltiples esfuerzos para alcanzar aquellos consensos que durante tantos años han sido esquivos entre la dirigencia universitaria del país. 
En unos pocos trazos, se puede señalar que básicamente el proyecto propone que las futuras asignaciones presupuestarias para las casas de altos estudios alcancen (para cada institución) una relación de 75% de los fondos destinado a cubrir la masa salarial, mientras el 25% restante sea ejecutado en la prestación de los diferentes servicios educativos. Concretamente se propone una redistribución progresiva que supere las relaciones de distribución actuales, que para la generalidad del sistema constata que un exagerado 86% de los fondos va para afrontar el pago de haberes y apenas un 14% llega a los servicios. Bajo este propósito, cobra sentido la búsqueda de la excelencia, de la obtención de equipamiento tecnológico adecuado, el mantenimiento indispensable de un determinado nivel de inversiones para acompañar a una sociedad dinámica y con requerimientos crecientes.
Uno de los responsables e impulsores de la idea, el vicerrector, Oscar Spada, explicó a Hoja Aparte que “se puede interpretar que existen dos tendencias bien marcadas sobre la propuesta de distribución del presupuesto por modelos; por un lado, aquel que apoyan las grandes universidades basado en la distribución del número de alumnos, y por el otro, el que tiene en cuenta la equidad salarial y la economía de escala, entre sus variables más importantes”.
En ese marco de posiciones en apariencia contrapuestas debe hallarse una resolución de equilibrio, que contemple ambos criterios en danza. Por lo menos, en eso piensa la UNRC con este nuevo intento de futura reasignación. “Lo correcto es apuntar a un uso de los modelos mencionados –siguió Spada- sobre la base de que ninguna universidad pueda recibir un presupuesto menor que el recibe en la actualidad”. “pero básicamente, los presupuestos universitarios estén divididos en tres funciones como la educación, ciencia y técnica y la salud”, subrayó el funcionario.
Un punto de partida a considerar radica en que la consumación de toda nueva alternativa de distribución que pueda ponerse en marcha debe respetar invariablemente el principio de la autonomía universitaria. En este sentido, en la UNRC consideran que la nueva relación presupuestaria elevada deberá ejecutarse gradualmente hasta alcanzar la mencionada recomposición porcentual entre masa salarial y servicios en el año 2008, pero además, en consonancia con un mayor presupuesto que se le asigne al sistema. Por caso, el mismo Spada aclaró que “este modelo tendrá sentido sólo dentro de un plan estratégico en el que uno de sus pilares fundamentales será comprometerse a dar respuestas a las demandas de la sociedad desde el sistema universitario”.

Sergio Rivarola