Una discusión crítica sobre los intereses y argumentos que impulsan la 
privatización de la universidad pública argentina

La privatización de la educación superior forma parte de la agenda neoliberal a escala mundial desde hace más de 25 años. Aunque en general el término privatización alude a la venta o concesión de la propiedad del estado al sector privado, concebimos la privatización de la universidad como un fenómeno de mayor amplitud. La entendemos como el proceso mediante el cual se introduce en el campo de la educación pública superior la lógica del lucro, afectando su forma de propiedad, de provisión y/o de financiamiento. Las formas de avance de la privatización son múltiples, involucrando, entre otras, la implantación de aranceles, cupos, ajustes presupuestarios, criterios de competencia, recepción de fondos privados y cambios curriculares que promueven una formación afín a las necesidades del mercado. El arancel universitario es un paso especialmente codiciado y sustantivo en el proceso de la privatización, capaz de transformar de un golpe la naturaleza misma de la educación pública
En la Argentina la ofensiva privatizadora en la universidad pública adquirió especial intensidad en la segunda mitad de la década del 90. Hacia 1993, las políticas neoliberales ya habían sido en gran parte implementadas en el país, el ajuste estructural era una realidad incuestionable y el proceso se disponía a ingresar en una nueva y superior etapa: la de las denominadas reformas de segunda generación. A través de estas reformas se buscaba que todo el entramado de instituciones políticas, sociales, educativas, jurídicas y económicas se adecuara a la nueva dinámica de acumulación, favoreciendo su consolidación y continuidad. 
La promoción y difusión de las reformas tendientes a la privatización de la educación superior tuvo como principal motor las recomendaciones y exigencias de organismos internacionales –dedicados o no a la cultura y educación- como el Banco Mundial, la UNESCO y el FMI. Estos organismos se encargaron además de la provisión de la batería de documentos, publicaciones y papers que hicieron las veces de fundamento “teórico” en este ataque. Sin embargo, no sería acertado minimizar el lugar ocupado por un conjunto de académicos, políticos y funcionarios locales en la aceptación, difusión y articulación del pensamiento privatizador en materia educativa. De hecho, el proceso de adaptación de los argumentos privatizadores a la universidad argentina estuvo principalmente a cargo de economistas y educadores argentinos de orientación neoliberal. Estos actores contaron con abundante apoyo y financiamiento externo y de instituciones empresarias y públicas nacionales para la recopilación estadística y el desarrollo de aquellos argumentos que pretenden servir de sustento a las reformas ortodoxas. Tampoco fue menor el papel desempeñado por ciertos órganos periodísticos y algunos comunicadores que de manera sistemática, más o menos encubierta, se ensañaron con la educación pública embarcándose en una suerte de campaña de desprestigio análoga a la que se emprendió contra los servicios públicos estatales con el fin de crear un clima propicio para las privatizaciones fraudulentas que se sucedieron en la década del 90. Por último, es necesario señalar que muchas de las autoridades universitarias aportaron también a la instalación del discurso neoliberal, generando incluso entre no pocos estudiantes y docentes una postura más permeable a las propuestas de ajuste y reestructuración.

Introducción al documento preliminar “Contra el arancel” elaborado por 
Docentes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA – 2002.