Desde la Federación Universitaria Argentina y Federación Universitaria de Río Cuarto, conducida por la agrupación Franja Morada, exigimos al Parlamento Argentino, la declaración de nulidad absoluta e insanable de las leyes de punto final, de obediencia debida y de los decretos de indultos presidenciales y reclamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de las mencionadas leyes, que significaron la liberación de todos los responsables de la dictadura militar

Muchas veces lo que las instituciones perdonan, los pueblos no avalan. En la Argentina, y de la mano de la extorsión al sistema democrático, hubo un “perdón institucionalizado”, pero se ha consolidado un castigo social, centralmente motorizado por la inquebrantable militancia de los organismos de Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales, políticas y gremiales. Gracias a este movimiento, del que también somos parte, la impunidad quedo cercenada a las fronteras de nuestro país. Es más, a partir de ese esfuerzo denodado en pos de la justicia e inclusive con la participación de la FUA en el juicio sustanciado por e Juez Baltasar Garzón de España, abonamos el camino para solicitar las extradiciones de los responsables.
Los estudiantes universitarios- una de las tantas víctimas del genocidio-participamos de la gesta por instaurar la justicia, porque es parte de una lucha que nos pertenece. Nada nos enorgullece más que este combate, que es ético y político. Ningún argentino identificado con la defensa de los derechos humanos puede estar ausente de este compromiso.
Entendemos que las sociedades que no saldan su pasado y su historia, no tienen posibilidad de construir en serio su futuro. Fallos como el del Juez Cavallo y del Juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, que han declarado la inconstitucionalidad de las Leyes mencionadas, desnudan el fondo de esta cuestión. Se trata de delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles a la luz de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
Exigimos la nulidad de las leyes y los decretos a sabiendas de las dificultades y limites de su aplicación. Pero entendemos que se necesita una declaración política y ética del parlamento que allane el camino para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes por parte del Poder  Judicial, aspiración definitiva de todos los argentinos que bregamos por la restauración de la justicia en nuestro país.
En realidad, la sociedad Argentina por fin ha comprometido cabalmente que la dictadura cívico militar instaurada en 1976 no persiguió como objetivo aniquilar la guerrilla, el terrorismo o la subversión, sino que tuvo un plan sistemático para eliminar a por los menos 30 mil militantes sociales, estudiantiles, gremiales y políticos que hubieran impedido la instalación de este modelo económico que tanto daño le ha causado a la Argentina.
Por la historia, por la memoria y por la verdad; por el juicio y castigo a todos los culpables, por el recuerdo permanente de todos los despreciados y por la dignidad de las próximas generaciones de argentinos, debemos exigir que el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, cumplan con su responsabilidad permitiéndonos saldar de una vez por todas, esta flagrante deuda interna de violencia y muerte que azotó a la Argentina.

 
 
 

Matías Moreno Zamanillo, Presidente Federación Universitaria de Río Cuarto
Juan Pablo Casari, Secretario de Extensión Federación Universitaria Argentina
 

Posición de la Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria de Río Cuarto en torno al debate parlamentario de las Leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los Indultos presidenciales