El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto en su última sesión aprobó normas para reordenar las relaciones institucionales de la casa de altos estudios, en el marco de lo que se denominan Actividades de Vinculación Directa con la Sociedad.

   La medida tiene por objeto adecuar los cambios que ha tenido esa relación entre la Universidad y los distintos estamentos sociales, para que la casa de altos estudios tenga “presencia, inserción e integración con la sociedad regional y nacional”; sin perder de vista “el compromiso institucional de preservar la máxima calidad de la docencia y la investigación como funciones sustantivas” de la casa de altos estudios.
   La sesión fue inicialmente presidida por el rector Leonidas Cholaky, quien brindó su informe quincenal de actividades y dio cuenta de su participación en un reciente plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional, oportunidad en que el Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, Oscar Tangelson, convocó a las universidades para “cooperar en la definición de una estrategia de país, donde la educación y el conocimiento tengan un rol preponderante”.
   Con posterioridad, la sesión continuó siendo presidida por el vicerrector Oscar Spada.
En el debate sobre la redefinición de las relaciones institucionales de la Universidad, Cholaky destacó que más allá de la norma aprobada “la Universidad en sus 33 años de existencia ha cumplido muchas acciones solidarias tanto dentro como fuera de la Institución”, al margen de la prestación de servicios a terceros y convenios por parte de las Facultades.
Al respecto el rector citó, entre otras, al PEAM, programas de alfabetización, el PROCEDER, capacitación de trabajadores y apoyo en útiles escolares a escuelas del medio y Olimpíadas Especiales. También citó el programa de residencias estudiantiles y la importancia del sistema de becas, que lo mencionó como ejemplo a nivel nacional.

La resolución
La norma que actualiza las formas de vinculaciones con la sociedad sostiene, además, como otras acciones comprendidas en las relaciones institucionales de la Universidad “el fortalecimiento, capacitación y actualización de conocimientos y formación de capacidades humanas de la comunidad regional y nacional a través de procesos educativos no formales y no sistemáticos”.
   También, “la puesta a disposición de todos los sectores de la economía, de las capacidades, tecnología e infraestructura instaladas en la UNRC, a fin de ofrecer respuestas a las necesidades de información y asistencia técnica, transferencia y desarrollo tecnológico, organización y gestión, etcétera, del sistema económico regional y nacional”.
   En el marco de estas acciones institucionales de la Universidad, se destaca “la importancia de concretar alianzas estratégicas con las instituciones de la región”, como municipios, cooperativas, organizaciones de trabajadores, cámaras y entidades empresariales y ONGs, “con la finalidad de coordinar acciones tendientes a la solución de los problemas y necesidades del desarrollo y la calidad de vida de su comunidad”.
   Cuando se plantea el marco de relación de la Universidad con las instituciones, la normativa tiene en cuenta que los servicios a terceros que presta también “son una fuente de ingresos complementarios” para las universidades en general, pero deja particularmente a salvo que “habrá actividades con organismos del Estado, entidades oficiales de bien público y organizaciones sociales y entidades sin fines de lucro, cuya colaboración o servicios serán prestadas aún cuando la Universidad las financie totalmente”.
   Uno de los artículos del dispositivo aprobado determina que los recursos generados por el desarrollo de las actividades definidas como servicios a terceros se incorporarán al presupuesto de la Universidad como recursos propios.
   También mantiene la determinación de que “el ciento por ciento de los fondos debe ingresar a la Tesorería de la Universidad”, de cuyo monto “el 10 por ciento se destinará al sistema de becas estudiantiles”, otro “5 por ciento para programas sociales” como el PEAM y 5 por ciento a servicios generales (gas, luz, Internet y otros). El 80 por ciento restante será acreditado a cada facultad que presta los servicios.

Ultima sesión del Consejo Superior, en la sala Pereira Pinto.