Desde la Federación Universitaria de Río Cuarto se impulsa la rediscusión de la Ley de Educación Superior, aprobada en 1995 pese a la oposición estudiantil que llevó a la toma de universidades.

El primer paso fue la elaboración de un documento que está siendo avalado por los estudiantes, para lo cual se inició la recolección de firmas. Este escrito será presentado ante los Consejos Directivos de las cinco facultades y ante el Consejo Superior de la UNRC, con la intención de que las autoridades universitarias lo eleven al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta ley fue sancionada el 20 de julio de 1995 y promulgada el 7 de agosto de 1995, a través del decreto 268/95.
En su propuesta de rediscusión lanzada por la FURC y la agrupación estudiantil El Espacio Independiente, los alumnos sostienen que la Ley de Educación Superior “no garantiza la gratuidad, ni el ingreso irrestricto” y señalan que es ambigua en ese sentido. Indican que “implica una progresiva pérdida de autonomía en relación con las instancias de evaluación y acreditación, conllevando además el riesgo de ruptura del federalismo universitario, al quedar establecidas las distintas categorías universitarias”.
“Contempla implícitamente el desfinanciamiento al autorizar y promover la venta de servicios como fuente de generación de recursos propios”, agregan.
Consideran que debe sostenerse el rol del Estado cual garante de la educación pública y gratuita, con compromiso en financiación y desarrollo de organismos estatales de generación de ciencia y tecnología.
También instan a “promover los gobiernos cuatripartitos proporcionales e igualitarios, los co-gobiernos estudiantiles, en el marco general del gobierno tripartito, para garantizar un ámbito de democracia institucional, como condición fundamental para el ejercicio pleno de la autonomía universitaria frente a las presiones del poder político y económico”.

Sostener centros y federaciones
Otro punto que impulsan los dirigentes de la FURC es el de “sostener los centros de estudiantes y federaciones, los sindicatos y gremios pues estos hacen a la forma y contenido de la participación y compromiso, garantizando la democratización de las instancias de decisión y administración para que la Universidad funcione como un emprendimiento social y no privado, como una organización estatal y nacional, donde las partes integrantes del proceso de trabajo son parte del proceso de gobierno”.
El sector estudiantil reclama “incluir en los ciclos de formación de grado los contenidos de las instancias de posgraduación como forma de garantizar las condiciones de acceso a la formación superior, a mejores remuneraciones en el campo laboral, a la capacidad de diseñar empresas en forma independiente, de diseñar empresas sociales de alto impacto social y humanitario que contrarresten el impacto negativo de los grandes grupos económicos. No defender este proyecto implica que sólo el 7 por ciento total de los graduados del ciclo de grado puedan acceder al ciclo de posgrado”.
Solicitan “garantizar un sistema de becas inclusivo, no aislacionista, ni selectivo, como una posibilidad de contención, retención y sostenimiento de los estudiantes en el nivel superior, haciendo esto posible la continuidad en los estudios y la reducción de la deserción, a la vez que el aporte para la resolución de las diversas problemáticas estudiantiles a nivel económico y social”.
En su documento la FURC promueve la seguridad social y la cobertura médica de los estudiantes “como un derecho orientado a la promoción y el bienestar social”.

Fundamentos 
“El proceso actual de internacionalización cada vez mayor de la educación superior exige una reflexión sobre el carácter mundial de la educación misma, el aprendizaje, la enseñanza y la investigación”, sostienen los estudiantes. Agregan: “Por considerar que la educación es un proceso social, la universidad pública y gratuita es entonces la instancia donde los hombres y las mujeres pueden desarrollar conocimientos y capacidades estratégicas, con la característica de responder a las necesidades locales, regionales e internacionales de los pueblos de los cuales son parte”. Aseguran: “Hoy la formación superior es privada, las verdadera lucha en este nivel es para que sea pública”. Y justifican: “Por esto defendemos un proyecto de universidad que haga frente al divorcio que existe actualmente entre la actividad universitaria y la realidad social».