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Pide un presupuesto de 720 millones de pesos
El CIN reclamó por la recomposición salarial de 
docentes y no docentes 

El rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Oscar Spada, informó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reiteró ante el Poder Ejecutivo Nacional el pedido de conformación de un Programa de Reestructuración y Mejoramiento Salarial para los sectores docente y no docente, con un presupuesto de 720 millones de pesos.

Esta propuesta ya había sido realizada en el proyecto de presupuesto para el 2005.
   El titular de la casa de altos estudios local participó de las últimas deliberaciones del organismo cumplidas en Buenos Aires, oportunidad en la que los rectores de las universidades nacionales consideraron, entre otros temas, también las propuestas de representación que el CIN elevará para integrar los directorios del CONICET, la CONEAU y el Consejo de la Magistratura.
   El plenario del CIN aprobó un acuerdo, en cuyos considerando sostiene que “es necesario producir una recomposición salarial para todos los trabajadores universitarios, atendiendo tanto al objetivo de mejorarlos como al de reestructurarlos adecuadamente”.
Recuerda también que para darle contenido a esta propuesta ya está constituida la Comisión de Negociación Salarial para el sector docente y que se ha concluido con la elaboración del convenio colectivo de trabajo para el sector No Docente, para cuya implementación se espera contar con los fondos correspondientes.
En el acuerdo sobre este punto, se decidió “instruir a los representantes del CIN ante la Comisión de Negociación Salarial para el sector docente que promuevan la aplicación de las sumas que se asignen para recomponer sus haberes de modo de alcanzar la asignación equivalente a la media canasta familiar para el básico del cargo testigo (ayudante primera con dedicación semiexclusiva / maestro de grado de jornada simple / 12 horas de cátedra del nivel terciario / 15 horas de cátedras del nivel secundario)”.
   También, llevarán a la Comisión Salarial la propuesta de incorporar las sumas no remunerativas y/o no bonificables que actualmente componen el salario de bolsillo y la recuperación del nomenclador vigente entre los años 1987 y 1992”.
   Asimismo, el plenario de rectores dispuso “instruir a los paritarios de la Comisión Negociadora de Nivel General con el sector no docente que promuevan la aplicación de las sumas destinadas a iniciar la implementación del escalafón del nuevo convenio colectivo de trabajo”.
El rector Spada también comentó que el CIN pidió al secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, que se convoque a la Comisión de Negociación Salarial, ya que “no hay motivos que demoren su funcionamiento”.
En ese pedido, se reiteró “la propuesta de abrir un nuevo espacio de negociación para atender las necesidades de los docentes de escuelas e institutos dependientes de las universidades nacionales, por entender que la problemática tiene matices diferenciales, ya que no todas las casas de altos estudios cuentan con esos niveles educativos”.


Spada propondrá al Consejo Superior 
crear una comisión para discutir la Ley de Educación Superior

El rector Oscar Spada, en su carácter de presidente del Consejo Superior, propondrá que se cree una comisión ad-hoc encargada de discutir la Ley de Educación Superior.
La presentación de esta propuesta rectoral tendrá lugar el próximo martes, oportunidad en la que se realizará la primera sesión de carácter ordinario del máximo órgano de decisión universitaria.
Esta iniciativa está en sintonía con el pedido que el pasado viernes hizo Spada a la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el sentido de conformar una comisión encargada de crear un proyecto alternativo a la actual Ley de Educación Superior, con la inclusión de representantes gremiales docentes, no docentes y estudiantes.
El rector de la UNRC sostuvo que “es preciso elaborar un nuevo proyecto, originado en el consenso y acorde a las actuales necesidades y demandas del sistema universitario argentino”.
En este marco, reiteró: “tenemos que determinar si se debe dejar sin efecto en todo o en parte esta norma jurídica sancionada y promulgada hace diez años, que no se termina de adaptar a la realidad que viven nuestras casas de estudios”.

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