La Universidad decidió aumentar en 60 pesos el valor mensual de las becas estudiantiles a partir del  1º de mayo. Esta mejora incluye tanto a las renovadas, como a las de ingresantes. El incremento es de un 76 por ciento y fue decidido por el Consejo Superior, tras una presentación efectuada por el Rectorado y aprobada por la Comisión de Presupuesto y Obras Públicas.
Esta medida se tomó sobre la base del aumento otorgado a los ayudantes de segunda, cuya equivalencia respecto de los montos es establecida por el reglamento de becas de la UNRC.

Hubo alumnos que perdieron su beca porque no cumplieron con el rendimiento académico exigido y ese dinero se  redistri-buyó entre los titulares de los beneficios actuales.
La casa de altos estudios destina un 2,3 por ciento de su presupuesto a este tipo de ayuda para sus alumnos, tal como lo establece el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acuerdo que la Universidad de Río Cuarto viene respetando taxativamente.
Las becas de ayuda económica pasaron de 78 a 138 pesos mensuales. El incremento de 60 pesos alcanza también a las becas especiales y de cursos avanzados, cuyos beneficiarios percibirán 222 pesos mensuales, en lugar de anteriores 162. En esta misma línea, las becas de comunidad universitaria pasaron de 102 a 162 pesos.
En la Universidad hay 797 becas distribuidas entre el alumnado de las distintas facultades, de las cuales 456 son renovaciones y 226 nuevas asignaciones, a lo que se agregan 115 beneficiarios de alojamiento brindado con fondos propios de la  Universidad, en las residencia estudiantiles del campus. En estos edificios universitarios también están alojados otros 305 alumnos de la región, cuyas becas son asignadas por municipalidades y cooperativas participantes del sistema, que ya lleva más de 12 años de existencia.

Nueva directora en Posgrado
El Consejo Superior prestó acuerdo a la desiganación de la profesora Norma Martínez de Pérez, como nueva directora de la Escuela de Posgrado, dependiente del Rectorado.
Esta abogada y master en comportamiento organizacional, que se desempeña como docente de Ciencias Económicas, ha integrado numerosos jurados de concursos docentes en distintas universidades del país y dirigido diversos proyectos de investigación y tesinas de posgrado. También ha actuado como evaluadora externa de proyectos de investigación de otras universidades.

Comisión para discutir Ley de Educación Superior
Como presidente del Consejo Superior, el rector Oscar Spada propuso crear una comisión ad-hoc encargada de discutir la Ley de Educación Superior. Estará integrada por dos docentes, dos decanos, dos estudiantes, dos graduados y dos no docentes. También se le dará participación a representantes de los gremios docente, no docente y estudiantiles. La iniciativa está en sintonía con el pedido de Spada a la presidencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de crear un proyecto alternativo a la actual Ley.
El rector dijo que “es preciso elaborar un nuevo proyecto, originado en el consenso y acorde a las actuales necesidades y demandas del sistema universitario argentino”. Reiteró: “Tenemos que determinar si se debe dejar sin efecto en todo o en parte esta norma jurídica sancionada y promulgada hace diez años, que no se termina de adaptar a la realidad que viven nuestras casas de estudios”. 
En esta, la primera reunión ordinaria de la nueva conducción de la UNRC, el rector planteó ante el Consejo Superior  ejes sobre los cuales deberán discutir quienes integren la nueva comisión del cuerpo colegiado. Figuran la necesidad de que “el financiamiento del sistema educativo público no sea inferior al 6,5 por ciento del PBI y que se destine como mínimo el 2,5 por ciento a las universidades nacionales”. Se agrega la preservación de “la gratuidad y equidad de la educación superior pública”, la “autonomía universitaria” y el “gobierno cuatripartito”. Mencionó como tema de discusión la fijación de normativas que alcancen a la totalidad del sistema de educación superior, incluida la de gestión privada. Además, Spada sostuvo que “el órgano fiscalizador debe ser la Auditoría General de la Nación y no la SIGEN, por no ser las universidades nacionales dependientes del Poder Ejecutivo, ni ser parte de la Administración Central”.