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 Debate en la Universidad
Por una nueva Ley de Educación Superior

Pasaron diez años y los universitarios siguen sin digerir el único instrumento normativo que regulara el funcionamiento de la educación superior. La Ley 24.521, sancionada el 20 de julio de 1995, genera  rechazo y, en ese marco, la UNRC ya creó en el seno del Consejo Superior una comisión para generar lineamientos, con el objetivo puesto en una nueva norma, a partir del consenso de la comunidad universitaria.

Se suma que el 1 y 2 de setiembre esta Universidad será sede de las Segundas Jornadas de Discusión por la Derogación de la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación, de las que participarán panelistas de distintos lugares del país. De esta manera, Río Cuarto procura hacer su aporte en este debate que abarca a todas las universidades argentinas.
A diferencia de la década pasada, el actual contexto dibuja un escenario que permite pensar que el cambio es posible. A la eterna resistencia del sector estudiantil, se suma el rechazo que comparten las federaciones docentes, muchos de los rectores y hasta el propio Gobierno, que a través del Ministerio de Educación “invitó a estudiar  posibles modificaciones a la Ley de Educación Superior”.
Hoja Aparte se suma a esta discusión abriendo un espacio para la reflexión de miembros de los distintos sectores de esta comunidad universitaria.


Juan José Busso, vicerrector
Yo he participado de distintas instancias de oposición a la Ley de Educación Superior. En el año ’95 insté en el Consejo Directivo de Agronomía y Veterinaria, cuando era vicedecano, para que se hicieran debates y cuestionamientos al por entonces proyecto de ley.
Para mí siempre fue un proyecto de neto corte neoliberal que atenta contra diversos aspectos, como la gratuidad de la enseñanza, la autonomía y la autarquía universitaria.
En ese marco, presenté una serie de consideraciones, luego de lo cual hubo en la Facultad un fuerte debate, en reuniones del Consejo Directivo ampliado. Y se elevó al Consejo Superior el rechazo al proyecto que ya tenía media sanción.
Luego, el Consejo Superior la rechazó también, posición que se hizo conocer a nivel nacional.
El rechazo unánime que hubo en las universidades y que además se hizo oir en ruidosas manifestaciones callejeras no fue tenido en cuenta entonces, lamentablemente.
La idea de constituir una comisión en el Consejo Superior apunta a generar una nueva ley de educación superior, para que quede sin efecto la vigente y se implemente otra que de respuesta a lo que el sistema de educación superior argentino demanda.
Creemos que debe quedar normado por ley la participación de los cuatro claustros universitarios. En esta UNRC es así, pero hay universidades en las que no participan todos los claustros. Por ejemplo, algunas en las que sólo participan por el claustro docente los profesores y no los auxiliares, y otras en las que no participan los no docentes. Eso debilita el co-gobierno y discrimina a parte de la comunidad universitaria.
La relación del presupuesto con el PBI debe quedar explícita, para que no esté sólo en manos de los gobernantes de turno. La educación debe ser una política de Estado, claramente definida, porque es un derecho constitucional que tiene que ser resguardado.
Para hablar de educación pública debe haber financiamiento y el Estado es el encargado de garantizar que sea así. La Constitución dice que se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza y eso tiene que quedar plasmado tal cual en una nueva ley.
Por otro lado, no nos negamos a la evaluación, pero no estamos de acuerdo con los mecanismos actuales. Las evaluaciones institucionales deben ser realizadas no desde la óptica de algunos evaluadores, sino a partir de un plan estratégico definido por la Institución, lo cual asegura la autonomía.


Gladys Mori, decana de Ciencias Exactas
No se puede hablar de abolir la Ley de Educación Superior, sin tener un proyecto de modificación.
Cuando se propuso la creación de la Comisión en el Consejo Superior, yo quise formar parte de ella, porque entiendo que es necesario discutir sobre esto. Creo que ha llegado el momento de modificar esta ley, por cuanto tiene algunos vacíos, como por ejemplo, no se habla de que la enseñanza de las universidades públicas debe ser gratuita. La palabra gratuita debe estar puesta de manera bien clara.
Por otro lado, si bien se dice en la actual ley que se debe propender al ingreso de todos los que estén en condiciones de estar en el sistema universitario, es preciso que se contemple el problema principal que tenemos, que es la permanencia y el egreso. Este es un problema que en los últimos años se ha ido profundizando. La ley tiene que decir cómo se pueden mejorar los caminos para la permanencia y el egreso. Hay muchos alumnos que ingresan a una universidad sin la vocación hacia la carrera que comienzan, puesto que tienen otra vocación y no poseen los recursos económicos para emprenderla.
En la Facultad vamos a implementar el año que viene un ciclo básico de articulación en algunas carreras, con otras universidades. Es muy importante que la ley  incluya ese tipo de articulaciones o la presencia de créditos. De esta manera un alumno que ingresa, luego podrá ir a la universidad donde está la carrera de su vocación, pudiendo hacer uso de una articulación que le permita el reconocimiento de lo realizado.
Respecto de la evaluación y la acreditación, digo que todo el sistema universitario debe estar evaluado, tiene que haber una evaluación de la Institución, con una mirada externa. Lo importante es que después se dé la posibilidad a la Institución para mejore sus debilidades y refuerce sus fortalezas. Y eso en la actual ley no está contemplado. Tampoco están establecidos los pasos de la evaluación. Lo importante es que la Institución tenga su plan estratégico, para que se la evalúe sobre ese plan. Esto reforzaría la autonomía universitaria, a la que hay que defender. El sistema universitario debe constituir una red, pero conservando la autonomía.
En otro orden, en la ley se tiene que establecer el porcentaje del PBI que corresponde al presupuesto educativo.


José Barotti, consejero superior por el claustro No Docente
La tarea es elaborar una propuesta superadora, que brinde un marco legislativo adecuado y actualizado para el funcionamiento de las instituciones universitarias, en la que se contemple a la educación como una inversión de alto rédito para el país, en la que se expresen claramente postulados de libertad y gratuidad, de autonomía, autarquía y participación. 
Deben figurar, sin lugar a dudas, bases claras para la construcción de un modelo educativo que se acerque más a la sociedad y que brinde herramientas útiles y necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y extensión. 
Puntualmente, la nueva Ley de Educación Superior debe incluir la participación del claustro No Docente, con voz y voto, en los órganos de gobierno de todas las universidades. 


Emir Pezzini, consejero superior por el claustro estudiantil
La concepción que tenemos nosotros es que la Ley de Educación Superior directamente se tiene que derogar, porque tiene su origen en un principio que tenía el país, vinculado con la privatización y la reducción de la capacidad del Estado, por lo tanto el espíritu de la ley fue la privatización de la educación.
Con la actual ley se dejó a propósito las puertas abiertas a la privatización, el cupo, el examen de ingreso y las evaluaciones externas. Por eso sostenemos que es necesario que haya una nueva norma. No sólo en lo relacionado con la Ley de Educación Superior, sino también a la Ley Federal de Educación, porque ambas aluden al sistema educativo del país.
Conjuntamente con la derogación, hay que trabajar para la creación de una nueva ley, en la que se contemple que haya gobiernos cuadripartitos igualitarios y un régimen presupuestario coherente, se asegure la gratuidad de la enseñanza, el no cupo, el no examen de ingreso y el no arancel. 
Además, creo que es lógico mantener las evaluaciones, pero deben ser hechas de manera interna por pares. Tenemos autonomía, por lo tanto podemos evaluarnos nosotros.
Antes no se pudo frenar esta Ley porque imperaba la lógica del mercado. Hoy en cambio, hay otro contexto, pasó ya una década que demostró los males de aquella lógica, por eso creo que ahora es viable pensar en un cambio.

 

 
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