Coincido con casi todo el mundo en que el 24 de marzo de 1976 debe ser recordado como una fecha fatídica de nuestra historia. Muy poco puede ser rescatado del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En particular, no alcanzan las palabras para condenar al terrorismo de Estado, pues pervierte en forma absoluta el sentido de esta institución. La sociedad “moderna” concede al Estado el monopolio de la violencia legal y tamaña concesión no tiene justificación alguna, si no es contenida por el estricto cumplimiento de la ley. Es inconcebible que el Estado copie las prácticas de quienes  debe combatir. 

A partir de esto se pueden repetir una y mil veces los tenebrosos hechos ocurridos bajo aquel gobierno. Pero reducirse a eso sería no cumplir cabalmente con el compromiso que se espera. Y esto porque me niego a ver en aquel día un acto imprevisto, que sorprendió a una sociedad inocente y desplazó  a un gobierno desordenado,  pero al fin de cuentas popular. Me parece una visión cómoda que permite focalizar todos los males de este país en las sucesivas cúpulas militares, indudablemente criminales de los que ha dado cuenta el juicio a que fueron sometidas, pero que excusa muchas otras responsabilidades.
En este sentido se debe comenzar por advertir que el proceso de degradación del Estado es muy anterior. Se debería recordar ante todo, que la conquista del poder por las Fuerzas Armadas había comenzado al menos en agosto de 1975, cuando sin que nadie pronunciara palabra se admitió designar a un comandante del ejército impuesto por el generalato. Irrevocablemente se alteraba así uno de los principios claves de un gobierno constitucional: la subordinación del poder militar al civil. Se debe recordar también que el desborde represivo había sido legalizado por sucesivos decretos de Isabel y de Luder, que ordenaban ”aniquilar a la subversión”. Decretos que por cierto con burda mala fe, pudieron ser utilizados por las Juntas Militares en su ensayo de defensa en el mencionado juicio (“solo cumplimos con las ordenes del gobierno constitucional”). Por supuesto que es posible entablar una discusión semántica sobre el significado de la palabra “aniquilar”, pero el hecho es que esos decretos permitieron que las fuerzas de seguridad y buena parte del territorio nacional estuvieran “bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas”, desde mucho antes del 24 de marzo. Las persecuciones, los crímenes políticos y la represión ilegal eran previos a aquella fecha, y no era demasiado casual.
Estos (y otros) no fueron actos de una gobernante inocente. Entre el maquiavelismo y la ingenuidad y bajo la inspiración del entorno lopezreguista (es necesario ser precisos en esto) pretendían evitar su desplazamiento y hacer ocioso el golpe de Estado, ejecutando la política que los militares reclamaban y anunciaban como propia. Frente al de los militares el gobierno de Isabel puede ser apreciado como un mal menor, pero nunca idealizado.
Por cierto que tampoco el resto del espectro político, estuvo exento de graves responsabilidades. Por citar solo un ejemplo, demostrativo de cuán distribuida se encontraban aquellas: como no recordar cuando el doctor R. Balbín, que en el pasado reciente había realizado tantos esfuerzos para pacificar el país y preservar la democracia, terminó efectuando pocos días antes del golpe, quizás la más penosa de todas las alocuciones de su vida, cuando admitió por la cadena televisiva, que carecía de soluciones, con lo que solo testimoniaba la impotencia de toda una clase dirigente.
En esto tampoco se pueden considerar exentas a las jerarquías de las organizaciones guerrilleras, empecinadas en proseguir una lucha armada, que desde mucho antes de aquel 24 de marzo solo cosechaba amargas derrotas, reforzaba su aislamiento político, concedía argumentos a los golpistas al tiempo que enviaba al inútil martirio a sus mejores militantes.
Fue finalmente también, la general irresponsabilidad de una sociedad, que con honrosas excepciones mostró (cabría decir mostramos, pues en esto está comprendido quién suscribe) una asombrosa tolerancia y hasta simpatía por la utilización de la violencia política y que cuando la misma le resultó insoportable, imaginó ver su cancelación en un golpe de Estado que solo venía a escribir el peor capítulo de esa historia.
En junio de 1982, el Proceso se derrumbó con asombrosa y sorpresiva rapidez. Se volvió inocultable la magnitud del horror, fue para muchos tentador focalizar la totalidad de las culpas en las Juntas y desentenderse de sus propias responsabilidades. Conducta persistentemente advertible (ante circunstancias probablemente menos dramáticas), en una sociedad aparentemente en perpetua adolescencia.
 

Por Nelson Cimminelli
 
 
 
 

Documento de la FURC en repudio al golpe

El 24 de marzo de 1976, la oligarquía financiera aliada al imperio norteamericano decidía asestar un golpe de estado a las instituciones argentinas a través de las fuerzas militares. Con este golpe buscaba cortar el proceso de ascenso del proyecto popular. Para eso implementa un sistemático plan de exterminio de los cuadros políticos y militantes que luchaban por un país y una América Latina libre, soberana, con justicia social. Este proyecto de desarrollo nacional y continental fue abrazado por toda una generación, heredera de las largas luchas de liberación del pueblo argentino.
El golpe fue duro, el exterminio brutal. 30.000 desaparecidos, miles de exiliados. Toda la red de organización popular desarticulada. El imperio imponía a sangre y fuego su dominio, su proyecto para América Latina. Se imponía el llamado neoliberalismo, lo cual significó para nuestro país sometimiento, endeudamiento, dependencia, atraso; y para nuestro pueblo hambre, desocupación, exclusión.
Pero a pesar del golpe, hoy nuestro país y nuestro continente viven una nueva oportunidad histórica de retomar el proyecto de unidad y liberación de los pueblos latinoamericanos. En el rescoldo viven las brasas del fuego de la liberación. Del ejemplo y del legado de aquellos 30.000 mártires se alimenta esa llama que hoy abraza a nuestros pueblos. El pueblo argentino, el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, el pueblo brasilero, el pueblo uruguayo se ponen de pie y se disponen a retomar el proyecto de unidad y liberación.
   El ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) es lo que debemos desarrollar y construir ya que implica la unión de los pueblos latinoamericanos mediante un proyecto estratégico popular. El ALBA es el único proyecto a partir del cual podemos construir la nación latinoamericana y desarrollar la democracia participativa siendo el bloque regional sudamericano la fase de transición hacia el nuevo orden social que se está gestando en Latinoamérica.