Cerca de 2 mil inmigrantes latinoamericanos que viven en Río Cuarto recibirán asesoramiento legal para regularizar su situación migratoria y así poder gozar de plenos derechos ciudadanos, a partir de un convenio que firmaron la Universidad, la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante local.

El servicio se ofrecerá, en principio, una vez por semana en dependencias de la Defensoría del Pueblo, desde donde se informó que en unos diez días se dará a conocer en qué jornadas  y horarios se podrán efectuar las respectivas consultas. 
Para la firma del acuerdo, en el recinto del cuerpo legislativo local se dieron cita el rector Oscar Spada; la decana de Ciencias Humanas, Zulma Larrea; el concejal Omar Isaguirre, en representación del Concejo Deliberante; el Defensor del Pueblo, Juan Manuel Llamosas; Hugo Sanz y Nicolás Sommaruga, funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, y el jefe de la Delegación Córdoba de Migraciones, Alberto Rubio. 

Trascendente
El rector Spada señaló que la firma de este convenio “es trascendente porque supera lo que es la migración y se inserta en el marco de los derechos humanos y la integración de los países latinoamericanos”.
También rescató Spada que “esta es una forma de que las instituciones les demos respuestas a las problemáticas de la comunidad”.
La decana Larrea, cuya facultad intervendrá por la UNRC en las actividades, destacó “el asesoramiento legal” así como los “derechos humanos y de verdadera integración latinoamericana”. Apuntó que “tenemos que tratar de fomentar todo aquello que disminuya esa tendencia a la discriminación social”.
El Defensor del Pueblo local subrayó que no sólo se pretende “reconocer los derechos civiles y favorecer los trámites de residencia de inmigrantes latinoamericanos, sino también otorgarles, por ejemplo, los derechos laborales y asesoramiento sobre la nueva legislación en la materia, que tiene un criterio inclusivo y no restrictivo como la anterior”.

Radicación
Hugo Sanz destacó que el acuerdo firmado “es muy importante porque permite la difusión de los derechos que la nueva Ley de Migraciones ha consagrado para todos los inmigrantes, especialmente para aquellos provenientes del MERCOSUR, que se pueden radicar en el país con el sólo hecho de acreditar que son nativos de esta región”.
Precisó el funcionario nacional que con esta nueva normativa en el país ya regularizaron su situación unos 400 mil inmigrantes, mientras que otros 270 mil están en condiciones de renovar su residencia. 
Por su parte, Alberto Rubio dijo que Córdoba “recibe muchos inmigrantes, especialmente de países como Bolivia y Perú, pero también, a diferencia de otras provincias, recibe inmigrantes de destinos poco tradicionales, como de países árabes y africanos. A este fenómeno contribuye mucho la educación universitaria y la variedad de órdenes religiosas”.
Osmar Isaguirre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, señaló que “desde el aspecto estrictamente local y regional estamos dando un paso trascendente”.
Tras la firma del convenio, Alberto Rubio disertó sobre la nueva Ley de Migraciones y destacó su espíritu “inclusivo”.

El convenio
Este convenio durará diez meses, tiempo durante el cual las instituciones se comprometen a hacer un relevamiento acerca de la situación de los inmigrantes de América Latina residentes en la ciudad de Río Cuarto y a la generación de un espacio para la promoción de sus derechos civiles, sociales y políticos.
El secretario de Extensión de Ciencias Humanas, César Quiroga, explicó que “se realizará un censo para saber cuántos son los inmigrantes en Río Cuarto, su composición familiar, tipo de actividad que desarrollan y calidad de vida, además de conocer su condición migratoria”. Agregó que junto con la Defensoría del Pueblo, la Facultad colaborará en el asesoramiento ligado a los derechos civiles y políticos.
Según el acuerdo, el Concejo Deliberante contribuirá con un subsidio mensual de 450 pesos, para solventar gastos que demanda el trabajo.

Rector Spada: Esto es trascendente por los derechos humanos y la integración latinoamericana.
 

Richard Rosedo dijo que dejó Perú 
por la violencia.

Lejos de casa...
Richard Rosedo, peruano, y Albert Sánchez, colombiano, son inmigrantes, que desde hace varios años dejaron sus países para radicarse en Argentina huyendo de la “violencia” y el “miedo” que, según reconocieron, genera la actividad de los grupos terroristas en su lugar de origen.
Ambos tienen regularizada su situación como inmigrantes, pero más que por ellos mismos se acercaron al Concejo Deliberante porque piensan en sus conocidos y familiares que viven aquí y todavía no han podido encuadrarse dentro de la ley.
Rosedo está casado con una argentina y tiene dos hijos varones nacidos en Argentina. Hace ya quince años que llegó a nuestro país, pero quiso estar presente en el Concejo Deliberante porque entendió que la firma de este convenio “es de singular importancia para muchos de mis compañeros peruanos y familiares que viven aquí y necesitan regularizar su situación, porque de otra forma todo les resulta muy difícil, sobre todo al momento de conseguir empleo”.
Albert Sánchez, en tanto, llegó desde Colombia hace ocho años y se mostró interesado en la firma del convenio ya que desea obtener la nacionalidad argentina, porque, según confesó, no piensa volver a su país natal “más que de visita” y en cambio sí adoptó la decisión de quedarse en Argentina “para siempre”.
 “Hace poco pude regularizar mi situación de residencia temporaria, porque con la legislación anterior era muy difícil por la cantidad de requisitos que exigía”, admitió.
Albert desea ahora obtener el permiso de residencia permanente. “Actualmente –dijo- trabajo en el rubro comercial y estudio inglés. Asegura que le gusta la Argentina y que aquí lo recibieron “mejor de lo que esperaba”. No obstante, indicó que adaptarse al país le llevó dos años, porque “el clima, las costumbres y el trato de la gente es muy diferente”.