Horas antes del receso, los no docentes autoconvocados, disconformes con el reencasillamiento, se movilizaron hasta el Rectorado para entregar un documento, firmado por 101 trabajadores, en el que expresan su disconformidad y preocupación por la forma en que se llevó adelante en la UNRC la distribución de las nuevas categorías, que define cómo se reparte la masa salarial de este sector integrado por 508 empleados y marca diferencias salariales de dos mil pesos entre la cúspide y la base de una pirámide que rompe con las expectativas de muchos de ellos. De hecho, ya unos 200 pidieron formalmente revisar el expediente para revisar el proceso que concluyó en la decisión no deseada, paso previo a cualquier reclamo, ya sea por la vía administrativa o jurídica, o ambas. 

Si bien el documento está dirigido al rector Oscar Spada, estos trabajadores debieron entregárselo al vicerrector Juan José Busso, en funciones del rector, puesto que Spada se encontraba en Buenos Aires.
Silenciosos, llegaron al despacho del rector y de allí se dirigieron al del vicerrector. Fueron atendidos por la secretaria de Busso, que les abrió las puertas de la Sala Pereira Pinto, donde, 20 minutos más tarde, llegó el vicerrector, acompañado por el secretario económico de la UNRC, Jorge González.
Al unísono  se quejaron porque no se respetó el carácter funcional que debía tener la definición de esta nueva estructura escalafonaria. Y pidieron que las autoridades rectorales hagan llegar el escrito al Consejo Superior, ante lo cual el vicerrector Busso se apuró a decirles: “Yo les recibo el escrito, pero no quiero que esto les genere ninguna expectativa”, al tiempo que indicó que existen pasos formales que quienes no estén de acuerdo deben transitar.

“Situaciones injustas”
Entre los cuestionamientos mencionados en el escrito entregado a las autoridades rectorales está: “No se ha respetado fehacientemente lo acordado entre el CIN y la FATUN, de que el reencasillamiento debe se funcional –como se menciona la resolución rectoral 400/06- , lo cual queda plasmado en, por lo menos, los siguientes casos: La pauta que obra a fojas 1047 y 1048 del expediente 83415, según la cual no se puede reencasillar funcionalmente a aquellos agentes que a la fecha de la resolución 400/06 tuvieran menos de dos años de antigüedad en la planta. La pauta que obra en fojas 1048 del mencionado expediente, según la cual  un agente del tramo inicial del escalafón establecido por el decreto 2213/87, no puede ser jerarquizado en niveles del tramo superior del convenio colectivo de trabajo 366/06, aún cuando su función lo justifique. El reencasillamiento de agentes que, a pesar de cumplir con idéntica función, fueron ubicados en categorías diferentes , sin respetar el derecho básico de igualdad, establecido por el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina. En numerosos casos, no se ha respetado lo informado mediante declaración jurada por el agente y su superior jerárquico, planilla avalada por la autoridad correspondiente. El no respeto de la funcionalidad del agente surgida de su informe, redundó en situaciones injustas, con notables beneficio para algunos, pero, a la vez con injustificable perjuicio para otros”.

Proceso viciado
En otro de su párrafos, el escrito indica: “El aspecto presupuestario no debería primar ante el derecho innegable de los trabajadores de recibir la recategorización que les corresponde, de acuerdo con la función que cumplen en la Institución, como ha ocurrido en muchos casos en este proceso”.
Y continúa: “Al ser notificados por vía resolutiva, los agentes no hemos sido informados acerca de los criterios que fundamentan la recategorización individual recibida en cada caso”. “Estamos convencidos de que el proceso de reencasillamiento ha estado viciado de situaciones discriminatorias que afecta a un gran número de agentes, quienes esperaban ser justamente reconocidos en su diaria labor”. “Las máximas autoridades universitarias de la UNRC no pueden estar ajenas a esta problemática y deben manifestarse  sobre la misma, ya que como tales  son en gran medida responsables  de que se resguarden los legítimos derechos de los trabajadores  que de ellas dependen”.

“Las máximas autoridades universitarias de la UNRC no pueden estar ajenas a esta problemática”, dice el escrito que los no docentes presentaron en el rectorado.

Opiniones 
El vicerrector Juan José Busso, concluidas las discusiones, expresó que la entrega del petitorio “es un derecho que tienen los trabajadores en cualquier ámbito de trabajo donde cualquier persona puede hacer un planteo con respecto a una cuestión de funcionamiento que no comparte”.
Busso enfatizó que “de todas maneras hay una serie de pasos establecidos por acuerdos nacionales para hacer cualquier reclamo en torno al tema del reencasillamiento en el marco del decreto 366 del Poder Ejecutivo. Notificado el agente tiene la instancia, el derecho, de hacer los reclamos que correspondan ante la comisión paritaria local y como recurso de alzada la comisión paritaria a nivel nacional. Terminada esta vía, tiene la vía de la justicia”. Aclaró que “la presentación de esta nota no tiene nada que ver con el camino administrativo establecido para hacer el reclamo sobre le proceso de reencasillamiento”.
Por su parte, Adrián Ávalos, en representación de los no docentes autoconvocados  explicó: “Con esta nota que hemos entregado lo que queremos dejar en claro es que si bien está establecido administrativamente que el reclamo es individual y cada caso es particular, este problema del reencasillamiento es claramente un proceso colectivo, es un reclamo colectivo de los trabajadores, no individual”. 
Por su parte, Víctor Fernández, también no docente autoconvocado, señaló:  “El desacuerdo con respecto al reencasillamiento ha sido general, creo que esto lo entienden todos los compañeros, el reclamo es justo porque está visto que en cada área, en cada compañero hay una solidaridad con nosotros”. 
A su vez, Eliseo Méndez agregó:  “La idea es que todos los compañeros que se sientan perjudicados lleven este tema hasta las últimas consecuencias e incluso hasta un amparo judicial”. Agregó que “hay quienes han sido perjudicados y hay un responsable político, que son las autoridades de la Universidad y el secretario gremial que arregló un convenio que benefició a algunos”.