Postura

El rector Rovere expresó su preocupación por el riesgo de extinción de ATAJO, el programa de acceso comunitario a la justicia

13 de Noviembre de 2017 - El documento fue presentado este lunes por el vicerrector de la UNRC, Jorge González, ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a la totalidad de las casas de estudios públicas del país

El rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere, expresa su preocupación por el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, que se debate en el Senado de la Nación.

Lo hace a través de un documento, que en la mañana de este lunes presentó el vicerrector Jorge González ante el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cual se reunirá el martes al mediodía.

La inquietud de la máxima autoridad universitaria está centrada en el riesgo de extinción de ATAJO, el programa de acceso comunitario a la justicia, que sale del microcentro a los barrios, donde reciben consultas y denuncias.

“Lo presentamos al CIN para que lo manden al Senado. Mañana martes se reúne el Comité Ejecutivo del CIN, esperamos que pueda entrar este tema como asunto a tratar”, dijo desde Buenos Aires el vicerrector González, quien agregó: “Nos sumamos al reclamo que ya están haciendo distintas entidades que trabajan con los sectores más vulnerables, como es el caso de la Iglesia. Y la UNRC se hace eco de la preocupación de todas las instituciones con las que firmamos un acuerdo para la puesta en marcha de ATAJO en Río Cuarto”.

En el escrito Rovere se mostró contrariado con las modificaciones a la ley 27148, de junio de 2015.

Por este proyecto de ley bajo trámite parlamentario de próximo tratamiento de comisión para la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación, Ley nacional 27148, el rector de la UNRC consideró que es una problemática que debe ser puesta en consideración del Comité Ejecutivo del CIN, para a partir de allí llegar con esta postura en contrario al Senado de la Nación.

En su misiva al CIN, Rovere indicó: “Por convenio celebrado entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Municipalidad de Río Cuarto, la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, la parroquia San Roque y la Universidad Nacional de Río Cuarto, se ha celebrado un convenio que tiene por objetivo establecer un marco general de cooperación institucional, técnica y académica, como así también favorecer la asistencia y el intercambio mutuo en temáticas de acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad social y en todos aquellos temas que consideren de interés para el desarrollo de actividades conjuntas”.

“El acceso a la Justicia se constituye como un derecho humano fundamental; entendemos que es uno de los pilares del Ministerio Público Fiscal Nacional y de impacto sobre los sectores más vulnerables”.

“La defensa de la legalidad debe ser entendida como la responsabilidad de asegurar y proteger el acceso a los Derechos Humanos previstos en nuestro sistema jurídico”.

“ATAJO resulta una oficina con impronta judicial, compuesta por profesionales que aseguran un abordaje integral de las problemáticas sociales, las cuales deben ser abordadas multidisciplinariamente por su complejidad, ya que exceden la perspectiva jurídica”.

“Se advierte que el proyecto anunciado derogaría la existencia de Direcciones Generales y Procuradurías, especialmente la Dirección de Acceso a la Justicia (ATAJO), la cual viene trabajando en la atención de personas en situación de vulnerabilidad en distintos barrios de la ciudad de Río Cuarto”.

“Consideramos que la problemática debe ser puesta en consideración del Comité Ejecutivo del CIN y, a través del mismo al Honorable Senado de la Nación”.

Acuerdo multisectorial a nivel local

El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia fue creado por la Procuradora General de la Nación en junio de 2014, con el fin de facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial. Se proponía explorar respuestas de prevención social del delito y de promoción de derechos como herramientas de acceso a la justicia, que, paralelamente, nutran al Ministerio Público Fiscal de un tipo de información que habilite la proyección de su política criminal en función de una participación igualitaria en el sistema de administración de justicia.

Entre las funciones de este programa ATAJO está la de “llevar adelante acciones interinstitucionales con otros organismos públicos nacionales, provinciales o locales que aborden la temática del acceso a la justicia”.

El pasado 24 de agosto, la Universidad firmó un convenio de cooperación sobre acceso a la justicia. Fue un acuerdo multisectorial, con la participación de la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo, la Parroquia San Roque y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el fin de favorecer la asistencia en cuanto al acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad social.

En tal oportunidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del rector Roberto Rovere firmó un convenio de cooperación sobre acceso a la justicia con la Municipalidad de Río Cuarto, la Defensoría del Pueblo, la Parroquia San Roque y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En representación del Ministerio participó de la rúbrica Julián Axat, titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el Municipio lo hizo el intendente Juan Llamosas; a quienes se sumaron el defensor del pueblo adjunto Fabián Rolandi y el cura párroco Carlos Juncos.

Es un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca, que tiene por objeto establecer entre las partes un marco general de cooperación institucional, técnica y académica, como así también favorecer la asistencia y el intercambio mutuo en temáticas de acceso a la justicia, de personas en situación de vulnerabilidad social y en todos aquellos temas que consideren de interés para el desarrollo de actividades conjuntas.

Fue para la organización conjunta de espacios de intercambio sobre acceso a la justicia, que posibiliten enriquecer experiencias y cooperación en temas afines; como así también la organización de actividades académicas de formación, difusión e investigación; además del intercambio regular de material bibliográfico, estudios, y otros que resulten de mutuo interés. Y la ejecución mancomunada de proyectos de cooperación.

En tal ocasión, habilitaron una agencia territorial de acceso a la justicia en una villa de la ciudad, la cual funciona en un merendero en cercanías del Puente Islas Malvinas.

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