Investigación

La Universidad analiza la estructura tarifaria de la distribución eléctrica en la Provincia

23 de Mayo de 2018 - Se apunta a que haya igual precio para usuarios de una misma categoría, más allá de cuál sea la distribuidora que provea el servicio y sin que influyan las distancias

La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de su Facultad de Ingeniería, está llevando adelante la segunda fase de un estudio sobre la estructura tarifaria del servicio de distribución de energía eléctrica en la Provincia de Córdoba, con miras a una nueva regulación tarifaria, marco en el que propone la implementación de un fondo compensador, teniendo en cuenta antecedentes tales como el Fondo Compensador de las Tarifas (FOPROCOT).

Luego de consideraciones teóricas y el análisis de contexto provincial, se logró desarrollar un modelo empírico de regulación, a partir de la caracterización de los dos productos comercializados en este mercado: la potencia eléctrica (KW) y la energía eléctrica (KWh).

Es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, del que participan ingenieros, contadores, administradores y econometristas, cuyos resultados, en primera instancia, fueron transferidos al Gobierno provincial, a partir de un protocolo con el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

El modelo contempló las particularidades de los precios y los costos en el sistema de la distribución eléctrica. Y se partió de la premisa de que los precios deben ser iguales para cada grupo de usuario, según su ubicación en la red, esto es alta, media y baja tensión; y del área típica, urbana o rural.

Se categorizaron las distribuidoras en función de la densidad de energía, para lo cual se tuvieron en cuenta distintas ratios de densidad, lo cual permite relacionar costos y densidad bajo la premisa “densidades similares implican costos comparables”.

En la Provincia, el 70 por ciento de la distribución de energía y potencia la realiza la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), mientras que el 30 por ciento restante está a cargo de cooperativas de electricidad y otros servicios, que llevan el cien por ciento de la energía rural de la Provincia.

Los universitarios desarrollaron un modelo matemático que permite expresar un valor que representa el costo unitario de la energía en función de los costos en los que incurren las distribuidoras en el ámbito de la Provincia, para luego hacer el desagregado por tipo de usuario. En una primera etapa, se trabajó con los datos aportados por una muestra de 20 cooperativas, las cuales representan el 10 por ciento del universo total de distribuidoras eléctricas. Y, ahora, el campo de estudio se extiende a las 204 cooperativas que comercializan electricidad en Córdoba.

Se discriminaron cada uno de los elementos referidos al sector de la distribución eléctrica: costos de oportunidad del capital invertido, de operación y mantenimiento, de la compra de energía y potencia, de las pérdidas y de depreciación del capital invertido.

Eficiencia económica y energética

En una segunda etapa, los docentes investigadores se proponen el análisis y la depuración de la información de la población de distribuidoras de energía eléctrica de la Provincia; la elaboración de una plantilla de carga sencilla y ágil, que detalle los datos necesarios a requerir a las distribuidoras, a efectos de obtener información completa y homogénea, que permita realizar un análisis más riguroso de los distintos componentes del costo del servicio de distribución de energía eléctrica; y la actualización y validación del modelo empírico definido en la primera etapa.

La incorporación del universo de distribuidoras de la Provincia, les permitirá actualizar el modelo propuesto y realizar un estudio detallado de su capacidad predictiva.

Finalmente, se propondrá una herramienta procedimental común a las distribuidoras de servicio eléctrico de Córdoba para la determinación de las tarifas de distribución de energía eléctrica, teniendo en cuenta los aspectos de eficiencias económica y energética.

Compensación

El ingeniero mecánico electricista y magister en redes de datos José Luis Hernández, docente investigador cátedra de Informática de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, es, junto con el ingeniero Marino Pugliese, responsable por esta casa de estudios del protocolo de trabajo con la Provincia, en cuya representación está el ingeniero Sergio Mansur, director general de Energías Renovables y Comunicación.

Hernández dijo: “El resultado final de costos obtenidos permitió presentar el funcionamiento de un fondo compensador tarifario, que tiene como finalidad cubrir los desfasajes entre las distintas distribuidoras, en cuanto al cobro de tarifa y los costos regulados de la distribución”.

“Este fondo compensa a aquellas distribuidoras que tengan costos totales regulados mayores que el ingreso por el cobro de tarifas y recauda de aquellas que le suceda lo contrario”, acotó.

Esos costos son definidos sobre la base de una estructura única tarifaria y en función de las densidades.

Subrayó: “El fin último logrado ha sido la fijación de un cuadro tarifario único a partir de la aplicación del fondo compensador tarifario, con la finalidad de evitar las pérdidas sociales generadas por la heterogeneidad de las densidades eléctricas donde viven los ciudadanos y así lograr una asignación más justa de los recursos de la sociedad”.

“Además, se considera que el fondo compensador puede, a la vez, recibir aportes del Estado, que tiendan a subsidiar el sistema en su conjunto o a determinados tipos de usuarios, en función del diseño de políticas públicas establecidas por la Provincia”.

José Luis Hernández, explicó que, como continuidad de trabajo, “se considera, en esta etapa, la totalidad del universo de las más de doscientas distribuidoras, y además se va a puntualizar con mayor detalle, indicadores tales como impacto social y/o ambiental”

En la justificación del acuerdo con la Provincia, se indica: “El sector de la distribución de energía de Córdoba está caracterizado por la concesión, realizada por el Estado provincial a las distribuidoras eléctricas. Este esquema de distribución hace necesario la intervención de un regulador, que controle los precios que se les cobra a los clientes cautivos y, por otro lado, incentive a las distribuidoras a ser más eficientes en sus actividades de operación e inversión, para así poder reducir sus costos. En este marco, surge la suscripción del Protocolo de Trabajo entre el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que a través de un grupo multidisciplinario, fijó como objetivo llevar adelante un estudio sobre la estructura tarifaria del servicio de distribución de energía eléctrica en la provincia de Córdoba”.

El objeto de estudio está integrado por dos tipos de distribuidoras: una única empresa pública, EPEC, y otro gran grupo de 204 cooperativas de electricidad, las que abarcan jurisdiccionalmente todo el territorio de la Provincia.

- ¿En qué consistió este “Estudio sobre la Estructura Tarifaria del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Córdoba”?

- Vino gente del Ministerio a la Universidad y dijo que necesitaban un estudio de tarifa en la Provincia. Primero se firmó un convenio marco y después un protocolo específico, en el que la Universidad se comprometió a hacer un estudio tarifario para encuadrar a los usuarios de las distribuidoras en una estructura tarifaria única. Eso no significa una tarifa única. Una estructura tarifaria significa que hay categorías de consumidores, a los cuales se les aplica distintos montos por cada kilovatio hora o por cada kilovatio demandado.

- ¿Qué significa una tarifa unificada?

- Una estructura tarifaria única implica que aquellos que tienen similares características paguen lo mismo, más allá de quién les provea el servicio. Las críticas que se le hacían al sistema al momento de hacer este convenio es que haya tarifas distintas entre una población y otra, por tener diferente proveedor o desiguales condiciones; pero, sin que se supiera bien por qué.

- ¿Cómo se trabajó?

- Se partió de un análisis estadístico de los costos y las densidades, esto es la cantidad de kilómetros de línea por cliente, la superficie por la cantidad de usuarios, demanda máxima por km de línea, entre otras variables. Se procuró ver la relación entre esas densidades y el costo que una distribuidora tiene, esto es sólo para distribuir la energía. Una cooperativa eléctrica no vende energía, sino que se encarga del proceso de llevar la energía y potencia desde donde la recibe hasta el medidor del usuario. Distribuir energía tiene un costo, que es el de la distribución, al cual se le suma el de la generación y el de transporte hasta donde la distribuidora lo recibe.

- ¿Qué pudieron averiguar? ¿por qué unos pagan más y otros menos?

- En los tiempos de la hiperinflación, todos los meses cada cooperativa hacía un estudio de costos; sumaban lo que les costaba a ellos hacer la distribución, con sueldos, combustibles, reparaciones, etc. Sumaban todo y determinaban la tarifa para ese mes. Ahora, se propone calcular todos esos costos, pero no tan sencillamente, sino contemplando los costos de oportunidad del capital, de las pérdidas, de operación y mantenimiento, y los costos de compra de la energía y potencia; en definitiva, son cinco costos distintos que hay que considerar para determinar el costo de una distribuidora. Así se va construyendo una especie de cuadro de situación, con el que se determina, para cada distribuidora, el costo real que tiene. Y, después, se comparan las distribuidoras en función de las densidades que tienen.

- ¿En qué consiste el modelo empírico de regulación?

- Se pudo construir el modelo, pero se necesitaban datos actuales y reales. Por eso fue que se tomó una muestra de un 10 por ciento de las cooperativas, a partir de cuyos datos se presentó el modelo al Ministerio, que decidió encargar la segunda etapa, consistente en dos cosas, por un lado, facilitar la captura de datos, para que sean confiables, y, por el otro, la validación de los datos y la comparación, además de un perfeccionamiento del modelo vinculado con la componente social que tiene que tener el cálculo de la tarifa; ahora se va ampliar eso, a partir de contemplar aspectos como los ingresos, las características de las zonas, lo cual puede ser considerado en la estructura de costos.

- ¿Ya está en marcha esta segunda etapa? ¿cuándo se van a tener los resultados?

- Sí, ya se está trabajando. Prevemos finalizar todo en los próximos meses. El estado contará con un modelo a partir del cual podrá definir tarifas de referencia para cada tipo de usuario que dependa de las densidades y de los factores sociales. Ahí termina nuestro trabajo, después será una decisión política las medidas que se tomen.

- ¿Se puede esperar que haya precios más bajos a partir de esto?

- No necesariamente. Puede haber una distribución más equitativa, en el sentido de que quienes están en las mismas condiciones paguen lo mismo, vivan donde vivan. Lo que se propone es que, a igualdad de condiciones, se pague la misma tarifa, independientemente de quien sea la distribuidora. Indudablemente existen sectores en los cuales la participación del Estado resulta imprescindible para corregir las inequidades sociales, tal como se expresó en la ecuación tarifaria ya entregada en la primera etapa.

- ¿A partir de los costos surge el fondo compensador tarifario?

- Para que todos los distribuidores puedan aplicar la misma tarifa, el fondo compensador permite establecer que la distribuidora cuyos costos son inferiores a las tarifas determinadas, aporte al fondo la diferencia; mientras que para los casos de aquellas que cuyos costos sean mayores a la recaudación tarifaria, sea el fondo el que aporte la diferencia.

- ¿Por qué dice que esto se traduciría en sustentabilidad del sistema de distribución?

- La idea es que el fondo compensador permita que la plata que esté en juego sea toda la que está en el sistema eléctrico. Se pretende que con lo que se cobre se pueda mantener el sistema, aunque está previsto, como decía, un ítem, que es el aporte del Estado como medida política a definirse.

- ¿Se fijó un cuadro tarifario único? ¿ya se sabe cuánto hay que pagar?

- No, porque los datos no están actualizados. En esta segunda etapa se van a actualizar y validar los datos. A partir de ahí, se va a definir un el modelo definitivo mediante el cual se podrán calcular las tarifas, para cada una de las categorías.

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