Derechos Humanos

La experiencia ATAJO en Río Cuarto

26 de Diciembre de 2017 - “Hemos contenido y vehiculizado casos vinculados con violencia de género, violencia institucional e incumplimiento del Régimen de ejecución penitenciaria en detrimento de la población carcelaria, especialmente del penal de Cruz del Eje, sobre el cual pesan denuncias ante tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad”, dijo Lucía de Carlos, representante de la Mesa ATAJO del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto

Una prolífera tarea viene desarrollando ATAJO en Río Cuarto, con la atención de una treintena de casos de extrema necesidad vinculados con ciudadanos que viven en situación de vulnerabilidad social.

El Programa de Acceso Comunitario a la Justicia fue creado por la Procuradora General de la Nación en junio de 2014, con el fin de facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial. Se proponía explorar respuestas de prevención social del delito y de promoción de derechos como herramientas de acceso a la justicia, que, paralelamente, nutran al Ministerio Público Fiscal de un tipo de información que habilite la proyección de su política criminal en función de una participación igualitaria en el sistema de administración de justicia.

Entre las funciones de este programa ATAJO está la de “llevar adelante acciones interinstitucionales con otros organismos públicos nacionales, provinciales o locales que aborden la temática del acceso a la justicia”.

El pasado 24 de agosto, la Universidad firmó un convenio de cooperación sobre acceso a la justicia. Fue un acuerdo multisectorial, con la participación de la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo, la Parroquia San Roque y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el fin de favorecer la asistencia en cuanto al acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad social.

Es un convenio marco de cooperación y asistencia recíproca, que tiene por objeto establecer entre las partes un marco general de cooperación institucional, técnica y académica, como así también favorecer la asistencia y el intercambio mutuo en temáticas de acceso a la justicia, de personas en situación de vulnerabilidad social y en todos aquellos temas que consideren de interés para el desarrollo de actividades conjuntas.

Fue para la organización conjunta de espacios de intercambio sobre acceso a la justicia, que posibiliten enriquecer experiencias y cooperación en temas afines; como así también la organización de actividades académicas de formación, difusión e investigación; además del intercambio regular de material bibliográfico, estudios, y otros que resulten de mutuo interés. Y la ejecución mancomunada de proyectos de cooperación.

En tal ocasión, habilitaron una agencia territorial de acceso a la justicia en una villa de la ciudad, la cual funciona en un merendero en cercanías del Puente Islas Malvinas.

Lucía de Carlos es la representante de la Mesa ATAJO en el marco del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y dijo: “Desde el momento de inicio, hemos atendido y dado solución a más de 30 casos, no sólo de Islas Malvinas, sino de toda la ciudad. Hemos podido gestionar trámites ante ANSES y demás organismos, documentos de identidad, trámites vinculados con el acceso a la educación; acompañar en el acceso a la salud, tanto física, como psicológica, hacer contención y derivación responsable a otras instituciones del estado, como SENAF y Subsecretaría de la Mujer y de Niñez”.

“Hemos contenido y vehiculizado casos vinculados con violencia de género, violencia institucional e incumplimiento del Régimen de ejecución penitenciaria en detrimento de la población carcelaria, especialmente del penal de Cruz del Eje, sobre el cual pesan denuncias ante tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad”, agregó.

Y siguió: “Se han instado trámites vinculados con el acceso a servicios básicos como electricidad y agua, cobertura de seguridad alimentaria para personas con pocos recursos, y se ha solicitado al Municipio que constate a través de sus trabajadoras sociales casos de necesidad extrema, para solventar más integralmente necesidades vinculadas con vivienda, salud y educación. Incluso, se ha aportado en las tareas vinculadas con el certificado de vivienda, que permite a quienes lo tramiten, demostrar que viven en determinado lugar”.

De Carlos sostuvo: “Esta Mesa ATAJO pretende aportar al Observatorio y a la UNRC una combinación de herramientas teórico-prácticas que permitan nutrir en experiencias e informes sobre el estado del acceso a la justicia en los barrios más vulnerados de la ciudad, con la intención de aportar desde ahí al desarrollo de políticas universitarias con los Derechos Humanos”

La activista local indicó: “ATAJO, Agencia del Estado, MPF Nación – Procuración General de la Nación que pretenden acercar a los barrios más vulnerables de la ciudad herramientas de acceso a la justicia, protección y promoción de derechos a las personas más vulneradas, que a la hora de enfrentar instancias jurídico-administrativas o institucionales, se chocan con un sinnúmero de trabas, desde económicas, culturales o de trato indigno, que los terminan expulsando del sistema. Ello genera mayor desigualdad, desintegración social, y violencia simbólica en la sociedad en su conflicto, reforzando estereotipo de clase”.

“Esta Agencia comienza a desarrollarse en Río Cuarto a partir de la firma de un convenio en el mes de agosto, para el cual se trabajó previamente desde febrero, firmado por la UNRC, MPF Nación, Defensoría del Pueblo y Municipalidad de Río Cuarto; a partir del cual tanto MPF como UNRC comenzaron a prestar tareas, todos los miércoles en el barrio Islas Malvinas, integrando de hecho al trabajo cotidiano a Sedronar, con quienes pudimos dar contención en varios casos”, concluyó.

DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN

prensa@rec.unrc.edu.ar