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Institucional

La realidad social y ambiental que atraviesa Latinoamérica, de la que nuestro país no escapa, y en particular la provincia de Córdoba, muestra a las comunidades y sus regiones atravesadas por una serie de problemáticas como la concentración de la riqueza y de uso de la tierra, la pobreza y empleo precarizado, escaso compromiso con la salud, falta de soberanía alimentaria, todas ellas vinculadas directa o indirectamente a una forma de apropiación y uso del territorio que deriva en la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de los suelos, el agua y el aire.

Hoy resulta imperioso centrar la atención y la acción en los problemas derivados de un modelo de gestión extractivista de los bienes comunes naturales, que ha generado diversos fenómenos adversos para la sociedad en su conjunto tanto en el ámbito urbano como rural, tales como: el despoblamiento del campo y el hacinamiento en las grandes ciudades, el boom constructivo desordenado y especulativo, la contaminación urbana por complejos industriales abandonados, las fumigaciones urbanas y periurbanas con consecuencias a la salud humana y el ambiente, el escaso e inexistente tratamiento de líquidos cloacales con volcamientos al río, el inadecuado tratamiento de los RSU, los efectos ambientales y sociales de la mega-minería, la pérdida de biodiversidad por destrucción de ecosistemas naturales (incendios forestales y de pastizales, el avance de la frontera agropecuaria por la reproducción del modelo extractivista con consecuencias negativas sobre los relictos de áreas naturales), la urbanización desordenada, el deterioro de los suelos y de las fuentes de agua, la extracción sin control de áridos de cursos de agua, el permanente uso de agroquímicos en las zonas agriculturizadas, bajo la forma de implementación actual de la Siembra Directa, que potencian los efectos de las sequías, afectando las posibilidades productivas de otros sistemas, como el apícola.

Todo esto genera consecuencias sociales negativas fundamentalmente para los sectores y comunidades más vulnerables, dando origen a conflictos socioambientales, los que para su comprensión requieren de un abordaje interdisciplinario, multidimensional y multisectorial acorde con su propia naturaleza compleja.

El Observatorio de Conflictos Socioambientales pretende constituirse en el espacio donde la comunidad universitaria junto con organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales debatan y analicen diferentes conflictos existentes y/o emergentes en la ciudad y la región y articulen acciones para la búsqueda de posibles soluciones de las problemáticas mencionadas.

Se busca potenciar la capacidad de gestión de las comunidades en conflicto, a favor de sus derechos ambientales, planteados como derechos humanos según el Artículo N° 41 de la Constitución Nacional. Se busca una verdadera incidencia que genere líneas de investigación, docencia y extensión. Se piensa en nuevos espacios curriculares y proyectos de extensión, experiencias de prácticas socio comunitarias, agenda para una investigación científica específica y comprometida con la generación o emergencia de conocimientos que propendan a beneficiar a todos y cada uno de los sectores de la sociedad y no a un sector privilegiado.

 

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