Pero no solamente es la virulencia del discurso lo que nos preocupa sino un evidente desconocimiento sobre los Derechos Humanos Fundamentales, ya adquiridos y ejercidos por quienes conformamos el Pueblo de la Nación Argentina; y consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los pactos internacionales de los que nuestro país es signatario.

Desde estos discursos se enarbola una falsa dicotomía que opone la libertad individual frente a los derechos sociales conquistados colectivamente. Es un enorme retroceso ignorar, desconocer o pretender restringir el papel que tiene y debe seguir teniendo el Estado en tanto garante de derechos fundamentales.

El Estado debe regular y garantizar la Salud Pública, la Educación Pública, Universal y Gratuita, la igualdad de género, los derechos laborales, la soberanía nacional sobre los recursos naturales y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

Nos oponemos a un modelo de país que cercene estos derechos. Respecto a las universidades nacionales, reivindicamos la Reforma Universitaria de 1918 impulsada en Córdoba, cuyos principios se extendieron por el mundo. Reivindicamos la autonomía y el cogobierno como así también la educación universitaria en tanto bien público, derecho humano personal y social, y responsabilidad del Estado.

Lo que implica no sólo que todos los habitantes de nuestro territorio tengan el derecho a acceder, permanecer y terminar sus estudios universitarios, sino que también usufructúen el conocimiento y los bienes que la institución produce. Asimismo abogamos porque la universidad sea partícipe activa en las discusiones colectivas sobre el destino de nuestra patria. Por todo lo antes mencionado, férreamente nos oponemos a cualquier iniciativa que mercantilice la universidad pública.

A lo largo de nuestra historia el Estado ha sido el principal impulsor de la educación. Ello nos llevó a un sitial destacado en el contexto mundial: una población preparada, técnicos capacitados y cinco premios Nobel egresados de nuestras universidades. Sólo con un Estado garante del progreso científico y técnico es posible avanzar en la industrialización para la soberanía nacional. Somos conscientes de los problemas socioeconómicos que nos afectan como sociedad y de la frustración que ello conlleva.

Pero ninguna de las medidas que desmantelen el Estado o vulneren derechos mejorarían o solucionarían la vida de nuestros conciudadanos. Por eso permanecemos en estado de alerta y convocamos a una profunda reflexión por parte de la comunidad educativa junto a todas las fuerzas democráticas en defensa de nuestros derechos.