Cada 8 de marzo, a nivel mundial, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, un recordatorio de la larga lucha que se realiza a nivel mundial para alcanzar la igualdad de género, que fue oficializado por la Organización de las Naciones Unidas en 1977.

Históricamente, las mujeres y las personas LGBTYQ+ han enfrentado discriminación y marginación en muchos aspectos de la sociedad, entre ellos el acceso a la educación, la participación política, el empleo, la atención médica, la protección legal y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Estas desigualdades están arraigadas en normas culturales y sociales que fueron construidas en el año 400 A.C., aún hoy se perpetúan estereotipos de género y roles tradicionales, relegando a las mujeres y a las personas de la diversidad a posiciones de desventaja, subordinación y violencia.

Este día sirve para visibilizar las brechas de acceso a los derechos humanos que aún persisten según el género de las personas. En Argentina, la lucha por derribar estas brechas se ha reflejado a lo largo del tiempo en leyes y políticas con perspectiva de género, marcando hitos que dan cuenta de estas desigualdades.

Fue recién en 1889 que el país tuvo la primera graduada universitaria, siendo la creación de la primera Universidad en nuestro país en 1623. En 1951 por primera vez las mujeres tuvieron el derecho de votar y ser votadas, y recién en el 2020, las personas gestantes pudieron decidir sobre sus cuerpos. (ver anexo leyes conquistadas a partir de la restauración de la democracia). Pese a estos avances, Argentina sigue siendo un país profundamente desigual en materia de acceso a derechos según el género.

Analizar la realidad con este enfoque permite comprender los motivos que subyacen a que solo 1 de cada 10 mujeres cercanas a la edad de jubilarse alcance los 30 años de aportes requeridos por ley para acceder a la jubilación (datos de ANSES) Las mujeres siguen siendo en Argentina las que “deben cuidar”, este patrón cultural responde a la construcción de roles “naturales” para hombres y mujeres que se creó, como señalamos anteriormente, en la época de Aristóteles.

En la actualidad en nuestro país, el trabajo doméstico de tareas No remuneradas es absorbido en un 76% por mujeres, son 96 millones de horas por día, y representa el casi el 16% del PBI, según relevó la ex Dirección de Economía, Igualdad y Género en el informe: “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto” (Año 2022).

Para socavar esta desigualdad, Argentina sancionó la mal llamada “jubilación para amas de casa” (2014), dicha ley permitió que, mediante moratorias previsionales, personas de ambos sexos en edad jubilatoria, que no tuvieran los aportes necesarios, pudieran jubilarse percibiendo una jubilación mínima. De las personas que accedieron al beneficio, el 75% fueron mujeres, lo que demuestra la precariedad y violencia económica a la que quedan expuestas bajo el sistema patriarcal de distribución de roles.

El espíritu de la Ley era que las personas que accedían por este régimen tuvieran un tratamiento igual al resto, sin embargo, el gobierno anunció que las jubilaciones obtenidas con moratorias, se convertirían en planes sociales, lo que implica que 4 millones de jubilaciones, la mayoría percibidas por mujeres a quienes en su vida laboral no se les reconocieron sus aportes o trabajaron sin remuneración vean cercenados sus derechos mediante esta medida, dividiendo a los jubilados en jubilados de primera y de segunda.

En el mundo laboral, persisten también las brechas en el acceso y permanencia a puestos de trabajo, en los tipos de actividades, en los ingresos, en las jerarquías ocupacionales y en las diferentes posibilidades de acceder a un empleo remunerado. Las mujeres ganan un promedio de 28,1% menos que los varones y se amplía al 34% si se trata de un trabajo informal, según un informe del ex Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación (enero 2023).

El mismo informe da cuenta de que la feminización de la pobreza en Argentina se refleja en que si consideramos la distribución de ingresos, se observa que el decil de menores ingresos está compuesto casi en un 64% por mujeres, mientras que ellas son minoría en el decil de mayores ingresos (36%). Estos estereotipos no sólo afectan a las mujeres y diversidades en el acceso al trabajo y a una vida digna, siguen siendo los factores que subyacen a la violencia.

Mientras el gobierno de Milei niega las desigualdades que generan la violencia de género en nuestro país. Según detalla el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) entre 1 de enero y 28 de febrero de 2024 se registraron 53 femicidios, (1 femicidio cada 27 hs) y 92 intentos de femicidios. Al menos 51 niños/as/es perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista y son víctimas de la misma. La desjerarquización del ministerio de género que se transformó en subsecretaría, y el desfinanciamiento de todos los programas que atendían a esta situación, así como también el cierre del INADI, deja a mujeres y diversidades en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, lo cual socava los cimientos de una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva.

La urgencia de avanzar en la implementación y fortalecimiento de las leyes existentes se ve resaltada por las persistentes desigualdades de género señaladas anteriormente, que son solo un recorte muy escueto de muchas otras. Este 8 de marzo será la primera manifestación y primer paro feminista y tansfeminista que se enmarque en un gobierno de ultraderecha explícitamente anti-feminista.

El gobierno de Milei niega las desigualdades con lo que intenta eliminar las conquistas feministas de los últimos años, tal como sucede en otros países del mundo donde también proliferaron las derechas antifeministas como el caso de Hungría o del partido español Vox. Con la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, el gobierno avanza contra derechos adquiridos, pretende borrar una herramienta que amplió libertades fundamentales para mujeres y diversidades. La decisión forma parte de la guerra cultural de la ultraderecha en la región contra la que dicen llamar “ideología de género”, con la que se pone en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas La perspectiva de género es una categoría analística que permite identificar la discriminación hacia mujeres y disidencias sexuales. Es una forma de análisis de la realidad para iluminar los sesgos. “Es una herramienta que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres son debido a construcciones culturales asignadas.

Promover la igualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas las personas, independientemente de su género u orientación sexual, es fundamental para construir sociedades más justas e inclusivas.

En este contexto, es imperativo que los gobiernos y las instituciones trabajen de manera colaborativa y decidida para abordar estas disparidades para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso a los mismos derechos y recursos. Por lo tanto, al adherir y respaldar la movilización y huelga transfeminista del 8 de marzo, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de la igualdad de género y la justicia social, en consonancia con los principios y recomendaciones de la ONU.

Es solo a través de un compromiso continuo y acciones concretas que podremos construir una sociedad más equitativa y libre para todas las personas. Por todo lo expuesto, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos sumamos al grito urgente de exigir #NiUnaMenos. Adherimos a la marcha y festival organizados en Río Cuarto e invitamos a todas las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ a marchar en defensa de los derechos conseguidos.

 

 

ANEXO

Los derechos más importantes y políticas implementadas que benefician a mujeres y diversidades, a partir de la restauración democrática son:

• Año 1987. Ley de Divorcio. Establece la posibilidad de disolver un matrimonio y formar uno nuevo
• Año 1991. Cupo femenino legislativo. Establecía la obligatoriedad de que el 30% de las listas debían ser ocupadas por mujeres.
• Año 1992. Creación del Consejo Nacional de Mujeres. Buscaba promover la participación femenina en la sociedad e impulsar el desarrollo integral de las mujeres - Año 1994. Ratificación y jerarquía constitucional de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
• Año 1999. Delitos contra la integridad sexual, enmarcando como delito punible distintos tipos de agresiones sexuales: abuso sexual, abuso sexual calificado y violación
• Año 2000. Régimen de inasistencias justificadas en el ámbito educativo/académico de mujeres embarazadas
• Año 2002. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002. Para incrementar los estándares de salud sexual y procreación responsable, disminuir la morbimortalidad materno-infantil y prevenir embarazos no deseados
• Año 2004. Ley de Parto Humanizado. Para frenar la violencia obstétrica
• Año 2006. Ley de Educación Sexual Integral (ESI)
• Año 2008. Prevenir y sancionar la trata de personas
• Año 2009. Ley de Protección Integral a las Mujeres. Que buscaba prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La lucha contra el sistema heteropatriarcal lleva a la historia de los derechos humanos ligado al género a un nuevo nivel tomando mayor visibilidad la lucha de la diversidad sexual. Y así las luchas por igualdad de género dejan de ser exclusivas de las mujeres y son compartidas con el colectivo lgbtiq.
• Año 2010. Ley de Matrimonio Igualitario
• Año 2012. Ley de Identidad de Género. Reconoce el derecho de una persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género autopercibida
• Año 2012. Se incorpora al Código Penal la figura de “femicidio En el año 2014, se crea el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, creado por la Corte Suprema. En la actualidad incluye también datos de travesticidios y transfemicidios. La conciencia sobre la cantidad y crueldad de estos femicidios en Argentina hace que en el 2015 más de 200 mil personas se concentraran en las inmediaciones del Congreso para pedir la implementación de políticas integrales para frenar la violencia de género y se formaliza así el movimiento Ni Una Menos.
• Año 2015. Ley Ley de Prescripción de los delitos sexuales. Evitando que el lento accionar de la Justicia dejara impune a quienes cometían estos delitos
• Año 2017. Ley de Paridad de Género, fija la obligatoriedad que en listas de legisladores nacionales haya 50 % de mujeres
• Año 2017. Ley Brisa, brinda una reparación económica a quienes su padre ha sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de femicidio contra su madre.
• Año 2018, el INDEC incorpora a sus mediciones el Registro Único de Violencia contra las Mujeres - Año 2018, se modifica el artículo 86 del Código Penal para establecer la despenalización el aborto en caso de peligro para la vida de la madre o si atenta contra “el pudor cometido” sobre una mujer “idiota o demente", a la causante ya amparada por la ley: el embarazo producto de una violación.
• Año 2019. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o más conocida como la Ley de Acoso Callejero. - Año 2019. Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en materia diversidad sexual y violencias de género de las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
• Año 2019 se creó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que tenía como función implementar políticas de prevención y abordaje integral de las violencias por motivos de género
• Año 2020. Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, tras 14 años de la presentación inicial de la redacción del proyecto que, por el avance también de la inclusión de la agenda transgénero, sufrió cambios como la inclusión del término “personas gestantes” en vez de “mujeres”, validando de esta manera la posibilidad de embarazo en personas con útero que no se autoperciban como “mujeres”.
• Año 2021. Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-LohanaBerkins”. Establece que el 1% de los puestos de trabajo formales del sector público serán reservados para personas transgénero
• Año 2022. Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado