Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

El 17 de Octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Más allá de la anécdota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya establecido una fecha para promover la conciencia colectiva sobre un problema acuciante y diario –fecha que, no podemos obviarlo, en nuestro calendario nacional coincide con un día muy significativo para el movimiento obrero-, sabemos que la pobreza no conoce de calendarios, sino que acecha sin descanso a millones de personas en todo el planeta.

Sabemos también que la pobreza no es un hecho natural, sino que es el resultado de la injusticia, que se funda en la distribución desigual de la riqueza; en la expropiación de tierras a campesinos y pueblos originarios a manos de grandes propietarios que cuentan, en muchos casos, con amparos legales para hacerlo; en el saqueo de los recursos económicos de muchos países por parte de los grandes capitales financieros, saqueo que trae aparejados el endeudamiento y los recortes en la inversión en políticas públicas, que se traduce en un Estado retraído que deja a los ciudadanos indefensos frente a una lógica de mercado que no reconoce otro derecho que el del más fuerte.

En Argentina, estamos asistiendo a este retraimiento del Estado, debido a políticas aplicadas por un gobierno conservador y neoliberal, que ha optado nuevamente por el camino del endeudamiento a tasas financieras cuyo costo lo deben pagar los sectores sociales cuyos derechos son vulnerados sistemáticamente.

No podemos olvidar tampoco el alto número de despidos que se registra en los últimos meses en nuestro país, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. El Estado debe ser el garante de que toda la población, en edad laboral, acceda a un trabajo que le permita ganar dignamente el sustento diario. Cuando da señales al sector privado habilitándolo para optimizar sus ganancias a costas de reducir puestos trabajo –aplicando una lógica que equipara, sin más, el salario de los trabajadores con “un costo”- o, peor aún, cuando es el mismo Estado el que aplica recortes y despide a sus empleados con argumentos de eficiencia cuyo objetivo principal es denigrar la figura del empleado del sector público.  Cuando esto sucede, decíamos, nos encontramos frente a una situación en la que quien debe ser el garante de que la población acceda a un trabajo digno, se transforma en un aparato legal y político que promueve el desempleo y la desigualdad.

Desde el Observatorio de DDHH de la UNRC advertimos con preocupación la revitalización de políticas neoliberales en nuestro país y en países vecinos, cuyas consecuencias no son otras que las del empequeñecimiento del Estado, que renuncia a su deber de garantizar el desarrollo digno de la vida de cada uno de los ciudadanos. El hecho de que estos procesos de retraimiento estatal estén acompañados de justificaciones elaboradas por amplios sectores de la prensa, uno de los mayores poderes de las democracias modernas, agrava la situación, en la medida en que se vuelve una tarea urgente desmantelar los prejuicios que se instalan en un sentido común construido con la intención de ocultar las razones de la desigualdad detrás de los antifaces de la meritocracia y el esfuerzo individual. Consideramos que es preciso implementar líneas de acción política que promuevan la organización de los ciudadanos para defender sus derechos y exigir al Estado el cumplimiento de sus deberes para con el pueblo.

La pobreza es un fenómeno que vulnera todos los Derechos Humanos. Quienes están en situación de pobreza, difícilmente puedan acceder a una alimentación digna, a la salud, a la educación, a la recreación, a la vivienda. El camino para acabar con este fenómeno, producido por el mismo hombre, es el de un Estado que asegure que cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas cuente con un trabajo digno que le permita tener una vida digna a él y a su familia.

 

 

 




Observatorio de Derechos Humanos
Universidad Nacional de Río Cuarto