Con motivo de este 28 septiembre: Día de Acción Global por el aborto, Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, queremos expresar nuestra preocupación por la implementación en la Provincia de Córdoba de la ley 27610 que establece y regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el derecho a la Interrupción legal del Embarazo (ILE) y la atención posaborto.

A casi tres años de la sanción de la ley, los movimientos feministas siguen luchando para que se dé cumplimiento pleno a la consigna que está en la base de lo que consideramos la agenda política vinculada con la salud reproductiva de las mujeres y cuerpos gestantes: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Mareas verdes, pañuelazos, vigilias, fiestas feministas en las calles, encuentros nacionales de mujeres, sostienen, desde una estética de lucha propia, la demanda ya no por la sanción de la ley sino por su efectivo cumplimiento, por la facilitación del acceso a la práctica que establece la ley, al pleno ejercicio del derecho a decidir.

A casi tres años de la sanción de la ley, la provincia de Córdoba aun enfrenta importantes obstáculos para el acceso al derecho que establece la IVE/ILE. Son variados y múltiples los factores que siguen vulnerabilizando a las mujeres o cuerpos gestantes que toman la decisión, nunca fácil ni banal, de interrumpir un embarazo. Poca disponibilidad de profesionales y equipos interdisciplinarios, como así también la infraestructura y equipamiento en el primer nivel de atención, sobre todo en las poblaciones del interior provincial son algunos de los principales obstáculos para el pleno ejercicio del derecho a decidir.

La implementación de la ley de IVE/ILE, muchas veces, depende de las decisiones personales de quienes conforman los equipos de salud lo que hace descansar el acceso al derecho en voluntarismos individuales en lugar en responder a una genuina política de salud integral, que reconozca a los cuerpos gestantes como sujetos de derecho y que brinde las garantías para su ejercicio. Traslados desde el interior a los centros de salud urbanos, desinformación sobre las prácticas que garantiza la Ley, ausencia de equipos interdisciplinarios que aborden la salud integral de las personas- en las que los aspectos emocionales y sociales se consideren junto a las prácticas médicas- son los obstáculos. Visibilizarlos es una necesidad, convertirlos en un desafío urgente es el motivo de la lucha, defender la IVE/ILE es el compromiso político, la despenalización social, es la meta para un buen vivir.

Formar a los nuevos profesionales de la salud (médicxs y enfermerxs) desde una impronta que mire a las mujeres y cuerpos gestantes desde la perspectiva de derecho y no desde la moral hegemónica conservadora es parte de lo que las UUNN podemos hacer para lograr una sociedad más justa, más empática, dispuesta a generar espacios de escucha que den lugar a los deseos y sentires de quienes solicitan esta práctica.

Las luchas feministas son siempre por un mundo mejor, sin los estigmas y prejuicios que sancionan y culpabilizan a mujeres y cuerpos gestantes que requieren la IVE/ILE, sin estigmas y prejuicios que pongan en cuestión la autonomía para decidir en libertad sobre los propios cuerpos; los feminismos luchan por una sociedad que priorice la vida y salud de las personas gestantes, que priorice la decisión de la maternidad como opción y deseo libre, con la responsabilidad y con el cuidado que esta decisión implica; los feminismos luchan, también, por una sociedad que propicie un cambio de paradigma en la atención de personas que necesitan de la IVE/ILE sin resabios de los discursos condenatorios y con la apertura necesaria a prestar el acompañamiento y la contención que los deseos y sentires requieren.