Universidad Nacional de Río Cuarto

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Consejo Superior

Se presentó un informe sobre la producción y usos de biocombustibles en el país y la región

  18 de Agosto de 2021

Fue elaborado por una comisión ad hoc de expertos de la Universidad, a pedido del máximo órgano de conducción de la UNRC.
Surgió tras la adhesión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria a una solicitud de prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, que hizo el Gobierno de Córdoba antes de que se aprobara el nuevo marco regulatorio para esa actividad



Un informe pormenorizado en torno de la producción y el uso de biocombustibles en el territorio nacional, elaborado por una comisión ad hoc integrada por autoridades e investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se presentó este martes en el seno del Consejo Superior de esta casa de estudios.
El trabajo se elaboró a partir de una nota que elevó oportunamente al cuerpo colegiado el consejero superior docente Claudio Demo en relación con la adhesión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria a una solicitud de prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina que hizo el Gobierno de Córdoba.
En ese momento, el Consejo Superior dispuso la conformación de una comisión ad hoc para elaborar un informe sobre biocombustibles, la cual quedó integrada por los profesores Sergio González (ex decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria), Gabriel Espósito, Claudio Demo, Juan Torres, Jorge Giuggia, Clara Sorondo, Carmen Cholaky (ex secretaria de Ciencia y Tecnología y actual decana electa de Agronomía y Veterinaria), Alfio Finola y el estudiante de Ingeniería Agronómica Agustín Torriglia.
El informe, de unas cuarenta páginas, incluye abundante información sobre ejes temáticos, como “Antecedentes y normativas que originaron la ley de biocombustibles”, “Tratados internacionales firmados por Argentina”, “Biocombustibles: usos, principales fuentes a nivel mundial y a nivel nacional”, “Situación global energética: producción de biocombustibles a nivel nacional”, “Producción de bioetanol y biodiesel a nivel nacional”, “Empresas involucradas”, “El objetivo de descarbonizar nuestra matriz energética”, “Matriz energética mundial y nacional”, “Situación de la producción agropecuaria nacional: producción primaria (granos) y valor agregado, avance de frontera agrícola (a costa de superficie ganadera y bosque nativo), necesidad de agregado de valor en origen”, “Bosques nativos protegidos”, “Gabinete Nacional de Cambio Climático”, “Situación de precios de insumos y rentabilidad en la producción de biocombustibles”, “Sustentabilidad de los Recursos Naturales” e “Indicadores de sustentabilidad: sociales, económicos y ambientales”.
Como se recordará, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con adhesión de varias instituciones públicas y privadas empresariales, planteó meses atrás “...la importancia de la participación de los biocombustibles en la matriz energética y en la industria nacional”, ya que “posibilitó incrementar el agregado de valor a la producción primaria en el sector agroindustrial, igualando oportunidades y promoviendo la sostenibilidad socioeconómica de innumerables pueblos y ciudades del país, incorporando fuentes de trabajo industrial de arraigo, intensivo y más calificado, además de acelerar los mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocados principalmente por el uso de combustibles fósiles”.
En ese sentido, la provincia de Córdoba defendió “una política activa de promoción de biocombustibles y de bioenergías, ya que cuenta con un importante desarrollo en la producción de bioetanol de maíz como componente de su bioeconomía y un enorme potencial en relación a biodiesel, biogás y otros usos de la biomasa”.
El Gobierno provincial pretendía una prórroga de la ley 26.093 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, promulgada en 2006.
Sin embargo, en julio de este año, el Senado aprobó el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que establece nuevos porcentajes de cortes de los combustibles de origen vegetal con la nafta y el gasoil, con vigencia hasta 2030, con el que el Gobierno espera impulsar la transición energética y que tuvo disímil acogida entre los actores del sector.
Dice el informe: “El vencimiento de la ley generó un fuerte debate entre los distintos actores interesados, que aún continúa.
Por un lado, están los productores de biocombustibles (concentrados en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y NOA: Tucumán, Salta, Jujuy); por otro, los productores de combustibles fósiles y las automotrices y, en tercer lugar, el Estado, que aduce un cambio de contexto desde 2006 y, sin margen para resignar ingresos, sobre todo dejar de subsidiar a las grandes empresas del sector, a lo cual se suma la crítica ambientalista”.
En este marco, las empresas que fabrican biocombustibles aspiraban a mantener el régimen de promoción del sector y elevar el piso del componente en la mezcla obligatoria argumentando, entre otros beneficios, un impacto positivo en el medioambiente al reducir las emisiones Gases del Efecto Invernadero (GEI).
En línea con la demanda del sector agroindustrial y las provincias productoras de biocombustibles que conforman la Liga Bioenergética, algunos proyectos presentados en el Congreso pretendían elevarlo incluso hasta el 27,5% en siete años, porcentaje similar al que hoy rige en Brasil.
Sin embargo, ante la amenaza de ver reducidos sus beneficios, se contentaban con mantener el régimen tal como estaba.
Por su parte, las petroleras y automotrices tenían una larga lista de argumentos por los que no consideraban conveniente mantener ni profundizar la promoción de sus competidores verdes.
Por un lado, reprochaban que la ley otorgaba cuantiosos beneficios fiscales para la construcción de plantas productoras de biocombustibles, les aseguraba un mercado cautivo —las petroleras estarían obligadas a comprarle a las productoras locales— y los eximía luego del pago de impuestos.
Por otro lado, aseguraban que los biocombustibles carecían de los controles de calidad necesarios y que al mezclarlos generaban problemas en los motores de los vehículos.
Según el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), en 15 años el esquema de promoción impositiva arrojó un débito fiscal de US$6.000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de US$1.400 millones por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno.
Mientras tanto, el informe también trajo a colación la posición de la Secretaría de Energía, según la cual el nuevo régimen debería adaptarse al contexto actual, diferente al de 2006, cuando se pensó la norma vigente y se depositó un fuerte entusiasmo en los biocombustibles como vía de acceso a la supuesta energía verde.
“Ahora la transición energética tiene otras variables”, y se mencionó a la electromovilidad, el hidrógeno e incluso al gas “como combustible de transición”.

Situación



Entre los aspectos más salientes del informe, en el ítem dedicado a la “Situación de la producción agropecuaria nacional”, destaca que la producción de granos de maíz y soja en Argentina ha oscilado anualmente en alrededor de los 100 millones de toneladas entre los años 2015 y 2020, con una participación casi igualitaria en promedio entre cultivos.
Los únicos periodos donde la producción de soja fue superior a la de maíz fueron en los períodos 2009 al 2012 y 2014 al 2016.
Cabe destacar, además, que Córdoba es la principal provincia productora de maíz con un 32% de la producción total del país, siendo el grupo de los departamentos del sur (Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca) los principales de la Provincia aportando el 35% del total provincial y el 11% del nacional.
Basado en datos informados por la Bolsa de Cereales de Rosario, revela el documento presentado al Consejo Superior de la UNRC, respecto del destino de la producción de los 50 millones de toneladas de maíz de la campaña 19/20, que el 67% se exportó como grano, el 24,8 % fue consumido como grano forrajero en el país, un 4,4% se utilizó como molienda seca o húmeda para la producción de harinas y jarabes, el 3,4% se destinó a la producción de etanol como biocombustible y el 0,4% restante fue utilizado para la producción de semilla.
Subraya el informe que “esta información pone de relieve dos aspectos; en primer lugar, que es muy escaso el uso de granos de maíz para la producción de biocombustibles, razón por la cual no genera un conflicto con la producción de alimentos de Argentina, siendo además que se genera un subproducto para la producción animal como es la burlanda.
Por otro lado, surge la imperiosa necesidad de agregar valor al grano de maíz en Argentina en lugar de su exportación como grano sin procesar”.
En relación al cultivo de soja, de la producción generada durante la campaña 2019/20 (52,5 millones de toneladas, Mt), se destinaron a la industrialización 39 millones (74,3%), se exportó como grano 7 Mt (13,3%) y se destinó a balanceados, semillas y otros consumos internos los restantes 6,5 Mt (12,4%), situación que evidencia el elevado grado de industrialización local de este grano en comparación con el de maíz.
La industrialización del 39 Mt se focalizó en la producción de harina de soja (29,8 Mt) y 7,6 Mt para la producción de aceite.
De este último producto, solo 2 Mt terminaron en la producción de biodiesel, el cual tuvo un consumo interno de 0,8 Mt y se exportaron 0,7 Mt.
Tomando como referencia el rendimiento medio de esa campaña de 3,02 t, se estima que la superficie de soja argentina que finalmente terminó como biodiesel fue para la campaña 2019/20 de solo 662.252 ha, es decir un 3,9% de la superficie total sembrada.
Argentina es un país estructuralmente exportador de productos agrícolas y agroindustriales con baja o media agregación de valor, con problemas estructurales graves en la utilización y producción de energía desde mediados de la década de 1970.
Si bien la participación de los biocombustibles como valor agregado de la producción primaria es sumamente baja, la posibilidad de producir biocombustibles a mayor escala permitiría diversificar mercados externos agregando valor a la ruralidad, favoreciendo el desarrollo de economías regionales, sustituyendo importaciones de nafta y gasoil, mejorando positivamente el balance de divisas.
Indudablemente que dicha industrialización debe realizarse en base a la producción actual bajo estricto cuidado de los recursos naturales y evitando el avance de la frontera agropecuaria, la rotación de cultivos y el equilibrio entre áreas agrícolas y pastoriles perennes.
Entre otros aspectos que resultan de interés señalar, el informe indica, en el apartado “Precios de combustibles fósiles”, que la Ley de Promoción de Biocombustibles se sancionó en un contexto de altos precios de los combustibles fósiles, rondando el barril de petróleo crudo los 65 dólares en 2006, lo que constituía un argumento más en favor de la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles y la búsqueda de autonomía energética.
Sin embargo, este elemento que ha tenido considerables fluctuaciones (un pico de 109 dólares en 2012 y un mínimo de 40,76 dólares en 2020 a causa de la pandemia), actualmente se encuentra en los mismos niveles nominales de 2006, y con la misma tendencia creciente, por lo que no sería un argumento para desestimar la producción de biocombustibles.
De todas maneras, actualizando el valor del dólar, según la devaluación sufrida por éste del 1,86% anual, para igualar el precio del barril de 2006, hoy debería valer 86 dólares y vale 72 dólares.
Agrega el trabajo: “El costo de los biocombustibles se encuentra directamente relacionado con el precio de los granos y el aceite vegetal, en el mercado internacional y, por lo tanto, al igual que el petróleo, está sujeto a grandes fluctuaciones.
El precio de venta a las refinerías para realizar las mezclas, tanto del biodiesel como del bioetanol, se establece a través de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación; y no es proporcional a la cotización de los granos (a lo largo de los 12 años hubo muchas fluctuaciones en la metodología de cálculo del valor).
Esta combinación entre costos fluctuantes y directamente relacionados con la cotización del dólar y un precio regulado que se actualiza lentamente y no guarda relación con la cotización de los granos, ni con el valor del dólar ni con la evolución de la inflación, ha generado, en los últimos 3 años, una gran vulnerabilidad en las empresas productoras de biocombustibles, especialmente en las más pequeñas”.
“Asimismo, el precio de venta por litro fijado ha estado históricamente por debajo del precio de los combustibles (al consumidor con impuestos incluidos).
En los periodos donde el precio de los biocombustibles no se modificó (durante todo el año 2020) sí lo hizo el precio en el surtidor”.
En cuanto a su incidencia sobre el precio final de los combustibles, particularmente en Argentina, como consecuencia de los cortes establecidos, los precios de los biocombustibles constituyen como máximo el 10 % del producto final en el caso del gasoil, y el 12 % del producto final para el caso de las naftas.

Perspectivas futuras



Más adelante, precisa este trabajo que a nivel internacional las perspectivas a futuro de los biocombustibles han cambiado notablemente desde los inicios de su promoción hasta la fecha.
Lo que parecía una tendencia irreversible se estancó desde 2017 y prácticamente no se ha ampliado, incluso en Europa se redujo, a partir del 2020, el corte interno para biodiesel de primera generación del 10% al 7%, dejando el 3% para biodiesel de segunda generación.
Dado que las políticas sobre biocombustibles de muchos países tienden a respaldar a los mercados nacionales, los volúmenes de comercio internacional son relativamente bajos.
Se supone que el comercio mundial de biodiesel y etanol como participación de la producción total disminuirá durante el próximo decenio.
Se espera que el comercio mundial de biodiesel disminuya drásticamente de sus niveles actuales, en gran medida como reflejo de la reducción de la demanda de biodiesel basado en aceite de palma en la Unión Europea; el comercio de etanol se reducirá de forma moderada.
Por el lado de la exportación, se espera que las exportaciones argentinas de biodiesel aumenten ligeramente, en tanto que las exportaciones de Indonesia disminuirán, debido a la alta demanda interna.
Por otra parte, desde la perspectiva ambiental, sostiene el informe que el modelo productivo de soja de gran escala intensivo en capital, basado en el uso de semillas transgénicas y de grandes cantidades de fitosanitarios, está causando deforestación, destrucción de biodiversidad, expansión de malezas resistentes, degradación de los suelos y desertificación.
Esto condiciona la efectiva sostenibilidad ambiental y social de la bioenergía, es decir su potencial de generar una alternativa efectivamente viable a los carburantes fósiles.
En torno de los indicadores de sustentabilidad sociales, da cuenta el informe de que la industria del biodiesel en 2015 generaba unos 4.826 empleos verdes (46% de los asalariados estaban registrados en el sector de las energías renovables) y actualmente tiene un elevado efecto multiplicador en términos de generación de empleos indirectos, aguas abajo y arriba de la cadena de suministro.
No obstante, estimar el efecto neto sobre el empleo es más controversial.
Para ello, se debería evaluar el impacto negativo causado por la sustitución de actividades más intensivas en empleo por el cultivo de soja, teniendo en cuenta que en argentina la sustitución de mano de obra por mayor intensificación debido al cultivo de soja sucedió en gran medida antes con anterioridad a la producción de biocombustibles (biodiesel) y, además, como fue planteado en este informe, el impacto del uso de soja en biocombustibles es de escaso impacto.
Otro aspecto que resalta el documento es que, dada la presencia de empresas operantes dentro de las Cadenas Mundiales de Suministro (CMS), y sujetas a normativas rigurosas, las condiciones laborales en actividades de mantenimiento, funcionamiento y gestión cumplen mayoritariamente con los criterios de trabajo decente de la OIT.
Pero también debe resaltarse que las actividades agrícolas en la base de la cadena de suministro de los biocombustibles exponen a trabajadores y poblaciones en las cercanías de las zonas sembradas al contacto con sustancias nocivas y tóxicas, más allá de que haya leyes sobre el uso de los mismos, que deberían impedir tales situaciones.
Luego remarca el estudio realizado por los profesionales universitarios que, si bien está claro que la pérdida de puestos de trabajo producto de la aplicación del modelo tecnológico vigente en la agricultura es mucho mayor que los nuevos puestos de trabajo generados, al menos 3 puestos perdidos por cada nuevo creado, se puede rescatar que los puestos generados por el “agregado de valor” mediante la fabricación de biocombustibles son de buena calidad, en términos legales, y por otra parte que la infraestructura para esta actividad ya fue montada, por lo cual la peor decisión que se podría tomar sería discontinuar esa producción (sin que hubiera limitantes de gran impacto adverso, pero que esta comisión no observa).
Esto sin abandonar el objetivo de fomentar a las pymes, que se había planteado la Ley de fomento de los biocombustibles y que no se ve plasmada en hechos.
Según el informe de FADA, “Bioetanol de Maíz: Resumen sobre aportes socioeconómicos y ambientales Precio y mercado mundial”, la cadena de bioetanol de maíz genera 4.669 puestos de trabajo directos e indirectos.
El 55% (2.569) provienen de la etapa primaria, mientras que el 45% de la industria (2.100), volcando a las regiones un total de $1.925 millones de pesos anuales (USD 37 millones anuales) en concepto de masa salarial.
Los datos del empleo generado por las empresas productoras de biocombustibles son dispares, y en algunos casos se encuentran afirmaciones de cámaras, dirigentes políticos y periodistas que son no comprobables.
En el sector de biodiesel, los empleos vigentes están englobados en aquellos correspondientes a la industria de los aceites vegetales.
En el sector de bioetanol se estiman cantidades de empleos que no parecen tener correlación con lo esperado.
Lamentablemente, no pueden encontrarse registros oficiales; sin embargo, en la ciudad de Río Cuarto la planta productora de bioetanol, que es una de las más pequeñas, genera 128 empleos directos.
En cuanto al ahorro de divisas y según el informe de FADA, el documento realizado por la UNRC indica: “Si evaluamos a precio de las naftas importadas las ventas de bioetanol de maíz, durante 2019 se generó un ahorro de USD 189 millones que quedaron en el país, por la sustitución de 384.524 m3 de nafta importada”, y agrega: “Si la industria funcionara al 100% de su capacidad, se podría ahorrar un total de USD 246 millones al sustituir el 96% de la nafta que se importó durante 2019”.
Este trabajo rescata más adelante que, no obstante el debate sobre la situación actual de la sustentabilidad ambiental de los biocombustibles, cualquiera sea su ratio, “es evidente la tendencia a la evolución hacia situaciones de menor sustentabilidad dado el incremento de la tasa de uso de los suelos y de la incorporación constante de mayor uso de fertilizantes sintéticos de nitrógeno que son de alto costo energético de fabricación.
En los últimos 3 años, sucesivamente, se batió el récord argentino de uso de los mismos”.
Enfatiza el informe: “No se puede responsabilizar a la producción nacional ni regional de biocombustibles, dado su relativamente baja demanda respecto a la producción total.
Pero sobre lo que no hay dudas, al hacer una mirada general, es que el impulso a nivel mundial de los biocombustibles, profundizó y expandió un “modelo agropecuario” de concentración económica, cortoplacista que incrementa la producción de materia prima para la agroindustria a costas de degradar recursos naturales por sobreexplotación, consumir grandes cantidades de energía fósil, cediendo una importante proporción del producido para las empresas tecnológicas fabricantes de insumos, y los actores financieros, expulsando del sistema a los actores tradicionales que cumplían el papel de abastecedores de alimento de las sociedades garantizando su soberanía alimentaria”.

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