Decisión
El Consejo Superior repudió los posteos efectuados por la docente Ana Cárpena
19 de Abril de 2022
La encendida deliberación del cuerpo colegiado ahora quedó plasmada en una categórica declaratoria en contra del negacionismo del terrorismo de Estado expresado por la directiva de Ciencias HumanasEl Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó y repudió los posteos de la docente y directora del Departamento Lenguas Ana Cárpena, quien avaló a través de las redes sociales el negacionismo vinculado con los delitos de la última dictadura cívico-militar.
El tema había sido largamente tratado hace dos semanas en la última sesión del cuerpo colegido, oportunidad en la que se debatió durante más de dos horas y media sobre los crímenes de lesa humanidad y el Estado terrorista de los años de plomo de la Argentina.
Entonces, se resolvió, por un lado, que el tema volviera a la Facultad de Ciencias Humanas para agotar la instancia de investigación y recolección de datos; y, por el otro, elaborar esta declaratoria, que se vehiculizó a través del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, y este martes volvió al plenario del Consejo Superior, donde obtuvo su aprobación por unanimidad.
La resolución define: rechazar y repudiar los posteos públicos en redes sociales efectuados por la docente Ana Cárpena, directora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Humanas y funcionaria del área de Planeamiento Institucional de dicha repartición, realizados en el marco de la semana de la memoria, que constituyen una apología del terrorismo de estado y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, y que constituyen una ofensa y un agravio a las instituciones que defendemos los derechos humanos y bregamos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En el segundo punto de la resolución, se decide: Instar a la docente Ana Cárpena a reflexionar sobre sus acciones, rever su postura y manifestarse públicamente para contrarrestar, si eso es posible, el agravio que significa para familiares de detenidos desaparecidos, para miembros de ésta comunidad que sufrieron prisión y torturas sin derecho a defensa, a sus familias y amigos, a las abuelas que buscan a los niños apropiados, y para las personas de bien que defienden día a día los derechos humanos.
Los considerandos
Se centraron en los posteos efectuados durante la semana de la memoria por la docente Ana Cárpena, directora del Departamento de Lenguas y funcionaria del área de Planeamiento Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas, que postulan la equiparación de la acción de personas o grupos de personas con el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el período 1976-1983 en nuestro país.
Se tomó en consideración que el consejero graduado Bruno Criao presentó en la sesión del día 5 de abril de éste Consejo Superior una solicitud de repudio del accionar de la citada docente.
Que el Consejo Superior encomendó al Observatorio de Derechos Humanos, con participación de Organizaciones de Derechos Humanos y consejeros que desearan participar, la elaboración de un documento que exprese un contundente repudio de los posteos citados.
Que sostener implícita o explícitamente la llamada teoría de los dos demonios ha sido sindicado por tribunales jurídicos, académicos y organismos de DDHH en nuestro país y en el mundo como parte de una estrategia tendiente a minimizar o justificar el accionar y la responsabilidad del Estado durante la dictadura cívico militar, responsable de torturas, desapariciones, muertes, sustracción de bebés, y otros crímenes de lesa humanidad.
Que nuestro estatuto establece que es un fin institucional Promover el ejercicio de una ciudadanía crítica, con conciencia social y responsabilidad ética fundada en valores de solidaridad, pluralismo, autonomía intelectual y firme defensa de los derechos humanos y de las formas democráticas de gobierno.
Que este cuerpo entiende que los mensajes posteados, objeto de discusión aquí, son destinados al público en general con la clara intención de hacer conocer la minimización y justificación del terrorismo de estado.
Que la persona que publica tales mensajes responde por los mismos no sólo en su fuero íntimo sino también en función de su investimento como docente y participación como autoridad de una universidad pública, y como sujeto en el cual sus acciones y dichos en ámbitos que son comunes generan efectos sobre esa vida pública.
Que la construcción y reivindicación permanente de Memoria, Verdad y Justicia, sintagma que ha definido un modo histórico de abordar la complejidad de este proceso, ateniéndose a los lineamientos del Estado de derecho y a las convenciones de DDHH nacionales e internacionales, es una responsabilidad de las instituciones educativas y de la Educación Superior en particular.
Que como ha sido establecido ya desde el juicio a las Juntas Militares y los juicios sucesivos, la utilización de la idea de dos historias trivializa hechos probados.
El juicio a las Juntas Militares y los sucesivos juicios a los responsables civiles y militares demostró (y se continúa haciendo) que hubo un Estado que secuestró, torturó y asesinó a miles de personas, siendo esto materia juzgada.
La pretensión de sostenimiento de las dos historias, memoria completa, ha sido y es utilizada por aquellos a quienes el juzgamiento jurídico y ético de lo acontecido durante el terrorismo de Estado les ha resultado más lesivo por su actuación o su connivencia moral con dichos procedimientos.
Que la memoria permite también recordar que el terrorismo de estado fue el instrumento para imponer un proyecto económico especulativo, extranjerizante y de concentración económica en pocas manos, de endeudamiento masivo del país, destrucción de la economía nacional y sus sistemas públicos de servicios, de la educación, la salud y los derechos de los trabajadores.
Que reivindicamos aquello que, en su histórica carta a la Junta Militar, Rodolfo Walsh sostuvo La Junta no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte.
Afirmación que, nos permitimos recordar, sólo un día después provocaba su desaparición.
Que incluso en el Senado de la Nación se encuentra a la fecha un proyecto de Ley de sanción penal al negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, que tiene por objeto sancionar toda conducta de negación, apología y/o reivindicación respecto a crímenes de lesa humanidad.
Que los dichos de una profesional de la educación, pronunciados en un marco social, más aún revistiendo un cargo de autoridad, tienen un aval que le confiere el cargo, y obligan a esta a manejar sus acciones con ética y sensibilidad, y que sus conceptos deben respetar los principios rectores de nuestra casa de estudio en la defensa indeclinable de los derechos humanos.
Que lo expuesto por la docente no puede apenas dirimirse bajo el pretexto de la libertad de expresión.
Que tal derecho, indeclinable, no supone la indulgencia ni pasividad frente a lo manifestado, en tanto resulta evidente que se afectan y vulneran derechos con el sólo acto de enunciación.
Que el derecho a la verdad que tiene todo ser humano invoca la veracidad de lo dicho, lo que es la contraposición de juicios históricos y éticos en ámbitos de investigación con control de pares y de la comunidad científica, la exposición de pruebas en juicios regidos por la legalidad constitucional democrática, el relevamiento de testimonios y sobrevivientes de lo puesto en cuestión.
Que es objeto elemental de la universidad pública la búsqueda de los más altos estándares en torno a la verdad, la veracidad y a sus modos de elucidación, los cuales nunca podrían ser ni tolerar el tono de una mera opinión en el marco de temáticas que envuelven la sensibilidad de la vida humana, en general, y de nuestra vida como comunidad universitaria, en particular.
Que resulta preocupante para nuestra Institución que una docente desconozca la trayectoria de los movimientos de derechos humanos y asuma una posición pública que minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad y desconozca los abusos que el Estado cometió en aquellos años, en contra de sus propios conciudadanos, y contra sus compañeros docentes, nodocentes, estudiantes y graduados.
Que minimizar o justificar las acciones del terrorismo de estado es tergiversar lo que fue un plan de acciones coordinado, sistemático, con el fin de destruir los fundamentos esenciales de grupos que piensan diferente, de destruir sus vidas y las de sus familias y eliminar a esos mismos grupos, es negar un genocidio con la consecuente desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, de los sentimientos nacionales, de la vida económica de estos grupos nacionales, la destrucción de la seguridad personal, de la libertad, de la salud, de la dignidad, e incluso de las vidas de los individuos.
Que éste Consejo Superior rechaza y repudia enfáticamente los mensajes que la docente y funcionaria Ana Cárpena posteó públicamente en sus redes sociales durante la semana de la memoria, la verdad y la justicia.
De la reunión en la que se redactó la declaratoria
La redacción de esta declaratoria, que acaba de aprobar el Consejo Superior de la UNRC, se realizó el 8 de abril en la Sala Pereira Pinto.
Fue en oportunidad de que se reuniera la comisión encargada por el Consejo Superior para elaborar un documento que establezca de manera contundente el repudio a los posteos efectuados por la docente Ana Cárpena en el marco de la semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Participaron la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Daniela Wagner; el secretario general de la UNRC, Enrique Bérgamo, Javier Doffo y Joaquín Albornoz por APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-; Alberto Levi, por Ex presos políticos y Comisión Municipal de la Memoria; Santiago Polop, docente de la Facultad de Ciencia Humanas y colaborador del Observatorio de DDHH; Cecilia Saroff de la agrupación feminista Arrugas más, arrugas menos; María Paula Tonini, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria; Vladimir Kamiensky, técnico del observatorio de DDHH; Wenceslao Bustamante, subsecretario general de la UNRC, y el consejero superior Santiago Lovera.
Luego de un extenso intercambio de ideas y de la revisión de la documentación, en el marco de esta comisión se elaboró este documento con lo encomendado por el Consejo Superior, esto es un repudio claro, contundente y nominal, basado en normas vigentes, lo cual quedó plasmado en un proyecto resolutivo que ahora hizo propio el plenario del cuerpo colegiado.
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