Universidad Nacional de Río Cuarto

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Epicentro del terrorismo de Estado

Nueve legisladores de Córdoba, tras los datos encontrados en la UNRC que reactivaron la causa Gutiérrez

  20 de Marzo de 2023

 

Visitaron el campus. Fueron recibidos por el rector Rovere. Y tuvieron información sobre los resultados de la investigación a partir de la apertura de los expedientes de la casa de estudios, de los que surgieron pruebas categóricas

 

 

Nueve legisladores de la Provincia de Córdoba llegaron la Universidad Nacional de Río Cuarto para interiorizarse respecto del trabajo de recolección de datos históricos sobre los años de plomo, a partir de la apertura de los archivos de esta casa de estudios.

Fue una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Legislatura, cuyo vicepresidente es el riocuartense Leandro Carpintero (Hacemos por Córdoba). Propiciaron este encuentro con el objetivo de obtener información sobre los resultados de la apertura de los expedientes de la UNRC, de los que surgieron pruebas categóricas para la Causa Gutiérrez.

Además de Carpintero estuvieron los legisladores de Río Cuarto Juan Jure (Juntos UCR); Benigno Antonio Rins (Juntos UCR) y Franco Miranda (Hacemos por Córdoba); a quienes se sumaron María Adela Guirardelli (Hacemos por Córdoba), de Villa María; Adrián Scorza (Hacemos por Córdoba), del Departamento Tercero Arriba, de Amafuerte; Liliana Abraham (Hacemos por Córdoba), de Marcos Juárez; Milena Rosso (Hacemos por Córdoba), de Suco; y María Victoria Busso (Hacemos por Córdoba) de Laboulaye.

Esta causa comprende múltiples delitos, como privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos, abusos deshonestos agravados, violaciones, tormentos seguidos de muerte. Hay 60 víctimas y son más de cien los imputados por hechos criminales cometidos hace más de 40 años, de los cuales sólo 53 quedan con vida.

Los resultados de esta investigación fueron presentados al mediodía de este lunes a los legisladores, con detalles tratados como confidenciales, a los fines de no entorpecer el proceso judicial, en el que la causa está a punto de ser elevada a juicio.

A los visitantes los recibió el rector Roberto Rovere.  Estuvieron el vicerrector Jorge González; el secretario general de la UNRC, Enrique Bérgamo; el secretario académico, Sergio González; la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Daniela Wagner; y la subsecretaria de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Viviana Macchiarola. Además, tomaron parte Maximiliano Luna, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto, que estuvo acompañado por el abogado Martín Alonso y Secretaria de Educación de la Municipalidad de Río Cuarto, Mercedes Novaira, entre otros delegados municipales; además del abogado Daniel Olartecoechea, quien representa a la querella del Municipio local. Se sumó Alberto Levi, ex-preso político e integrante de la Comisión Municipal de la Memoria; el delegado provincial de Justicia y Derechos Humanos para el sur de Córdoba, Gustavo Ávila; y Magalí Rojo, vocal de Córdoba Joven.

El rector de la UNRC, Roberto Rovere, al momento de darles las bienvenida a los visitantes, expresó: “Es un honor para nosotros poder contar con la presencia de los legisladores de la región sur de la Provincia. Les agradecemos, como así también a los familiares de desaparecidos, representantes de la Comisión de Derechos Humanos y a quienes trabajan en la Subsecretaría de Derechos Humanos”.

Agregó: “Nos sentimos muy complacido por ser parte de este proyecto, que pusimos en marcha a través de un convenio que firmamos con la Municipalidad de Río Cuarto. Comenzamos a trabajar en esto que nos dio la posibilidad de abrir los archivos de la Universidad y conocer nuestra propia historia”.

El rector sostuvo: “Queremos ofrecerles a los legisladores los resultados que se han alcanzado en cuanto a las investigaciones en el marco de la causa Gutiérrez. Se les mostrará la situación. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad”.

El vicepresidente de la comisión, Leandro Carpintero, dijo: “Hemos venido a visitar a la UNRC legisladores de distintos lugares de la geografía de la Provincia para tomar conocimiento del trabajo de la Universidad, la Comisión Municipal de la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos en esta investigación que está siendo muy importante para la megacausa Gutiérrez por delitos de lesa humanidad que pronto vamos a tener el juicio”.

Acotó: “Queríamos recibir de primera mano los resultados de esta investigación que tiene una implicancia muy concreta para la megacausa Gutiérrez, por delitos de lesa humanidad, que reúne a la mayoría de los delitos que se cometieron en esta parte de la Provincia. Quisiéramos que este sea el comienzo de una agenda de trabajo conjunto sobre este tema”

Los legisladores compartieron un almuerzo de trabajo en el Rectorado y luego hicieron una recorrida por el campus.

 

Olartecoechea: “Se incorporó un nuevo imputado que trabajaba en el Rectorado, que solicitaba el legajo de estudiantes, profesores y nodocentes, para luego pasarlos a las patotas”

 

El abogado Daniel Olartecoechea destacó: “Esta parte querellante ha incorporados dos casos emblemáticos de Río Cuarto, un secuestro con resultado de muerte, encontrándose el cadáver quemado y atado con alambre en una localidad cercana, cuya documentación consta en un dossier elaborado por Hijos Río Cuarto, como así también la detención y/o secuestro de un profesor universitario y su compañera, con resultado de muerte de uno de ellos en dependencias policiales de la Policía de la Provincia”. “Asimismo, se incorporó un nuevo imputado desconocido hasta la fecha, que trabajaba en el Rectorado, solicitaba el legajo de estudiantes, profesores, no docentes, para luego pasarlos a las patotas con los resultados ya conocidos”.

“Ha sido muy importante el trabajo realizado en el archivo de la UNRC, en cuanto se localizaron documentos que se incorporaron en la causa probando los nuevos hechos y las nuevas víctimas incorporados por esta parte querellante, como así también para describir el contexto de época en los años anteriores a la dictadura militar, fundamentalmente a partir del Navarrazo, como así también ese contexto ya en dictadura”, sostuvo.

En el encuentro, el abogado querellante Daniel Olartecoechea ofreció un pormenorizado resumen de la causa Gutiérrez, que se tramita ante el Juzgado Federal número 1 de la ciudad de Córdoba.

Dijo: “En la actualidad se está terminando la Instrucción de la causa y existe la posibilidad de elevarla a Juicio oral en el segundo semestre del presente año 2023, todo ello según conferencia telefónica que tuve con el doctor – Facundo- Trotta, fiscal de la causa”.

Olartecoechea actúa como abogado en representación de la querella. Fue preso político en la D2 de la Policía Provincial de Córdoba y luego exiliado por atentado perpetrado también por la Triple AAA, ocurrido en el mes de abril del año 1975 en la ciudad de Río Cuarto.

El letrado puntualizó que la causa engloba la mayoría de los hechos delictivos que se encuadran como delitos de lesa humanidad, tanto en la ciudad de Río Cuarto como en su zona de influencia. “Es la Megacausa del Sur de la Provincia de Córdoba”, remarcó.

La carátula es "Gutiérrez Hermes Vicente y otros” y los delitos son privación ilegal de la libertad, imposición de torturas, abuso deshonesto, violación, imposición de tormentos agravados, imposición de tormentos seguidos de muerte.

Olartecoechea  indicó que la comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto, sobre la base de una decisión política del Poder Ejecutivo, se constituyó en parte querellante y luego de una serie de dilaciones y cuestiones judiciales internas (recusación del Juez Vaca Narvaja y sustitución por el Juez Bustos Fierro), se admitió el 16 de mayo de 2019, previa modificación de la ordenanza municipal por parte del Concejo Deliberante ampliando sus facultades para constituirse en querellante, como así también previo informe de la Fiscalía Municipal sobre la legitimidad de la Comisión Municipal de la Memoria para actuar como parte querellante.

Señaló: “Desde esa fecha, la causa sufre también una serie de cuestiones judiciales internas como que el juez Bustos Fierro solicitó el traspaso a su Juzgado de la Secretaría de DDHH que funcionaba en el Juzgado de Instrucción nº 3 y, ante la denegación, se inhibió de la causa, ello en octubre de 2019, resolviendo la Cámara no ha lugar a la citada inhibición. Ello implicó un gran retraso en la causa que hasta diciembre de 2019 no se resolvió Mientras habíamos solicitado copia digital del expediente que se nos entrega una parte en junio de 2019 y otra en setiembre-octubre de 2019. Posteriormente, llegó la pandemia y provocó otro gran retraso en la causa hasta que se normalizó el trabajo en los Juzgados Federales”.

“Con el apoyo de la Subsecretaría de DDHH de la Municipalidad de Río Cuarto, se llegó a un acuerdo y se firmó un protocolo con la Universidad Nacional de Río Cuarto para investigar en los archivos, en especial en relación con los años 1973, 1974, 1975 y 1976 y luego la represión generalizada desde el golpe militar, es decir el terrorismo de estado, al efecto de tener un contexto de época, de determinar y en su caso encontrar prueba del accionar de la Triple AAA en la Universidad, tanto en la delación de personas al efecto de su detención ilegal y/o desaparición, como a expedientes incoados a alumnos y profesores de la época con sanciones y hasta expulsiones. Todo esto quedó paralizado, primero por el mes de enero de 2020 y luego por el cierre de la Universidad como consecuencia de la pandemia. Actualmente se ha retomado este trabajo y desde el mes de noviembre de 2021 hasta la actualidad se está trabajando en los archivos con tres equipos de ex alumnos de la alta casa de estudios”.

“Los delitos que de momento se investigan son: a) Privación ilegítima de la libertad agravada, b) imposición de tormentos, c) abuso deshonesto agravado y d) violación agravada, e) Homicidio agravado y t) Tormentos seguido de muerte, de momento, sin perjuicio que esta querella pueda demostrar nuevos hechos, fundamentalmente el accionar como asociación ilícita de la Triple AAA en los años 1973, 1974, 1975 y 1976 hasta el golpe cívico militar y posteriormente, los delitos cometidos durante la dictadura, es decir atentados con explosivos, secuestros, torturas y desaparición de personas, hechos perpetrados por las fuerzas de orden público y por miembros de las Fuerza Armadas”.

Olartecoechea, además, dijo: “Actualmente está el doctor Facundo Trota como fiscal de la causa, quien ya actuó como tal en la megacausa La Perla”. “Hemos mantenido contacto con el Fiscal Trota y se mostró muy interesado en la causa, también le interesó mucho el resultado de las investigaciones sobre el accionar de la Triple AAA -en Río Cuarto así se autodenominaban los grupos parapoliciales y paraestatales, que dependían directamente del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, en contraposición con los que actuaban en la ciudad de Córdoba a partir del golpe de estado provincial denominado Navarrazo, autodenominados Comando Libertadores de América-, y entendemos que el próximo año se podrá elevarla a juicio oral”.

El abogado puntualizó: “La causa reúne 103 imputados, de los cuales cincuenta están fallecidos, y 60 víctimas, en este último caso sin perjuicio de incluir a los responsables de la Triple AAA por su accionar delictivo y germen del terrorismo de estado. Las víctimas e imputados reseñados están contenidos en el Requerimiento de Instrucción de fecha noviembre de 2015, suscripto por la Fiscal López de Filoñuk. En el mismo están desarrollados la mayoría de los hechos delictivos de lesa humanidad sufridos por cada una de las víctimas y los imputados que participaron en los mismos. Es un cuerpo de 208 folios en formato A8 e insisto, sin perjuicio que se puedan agregar más hechos y nuevos imputados y víctimas por parte de esta parte querellante”.

Agregó que ese requerimiento fiscal ha sido reformulado por el fiscal Trotta el 9 de junio del año pasado. Ahora se incluyen nuevos casos denunciados por la querella, dos de ellos con resultado de muerte.

Acotó que “la Secretaría de DDHH de la Nación también se ha presentado como parte querellante en el mes de agosto de 2020, hecho que implica la importancia de la causa, como así también los aportes que pueda realizar dicha parte querellante” y mencionó que “actualmente el titular del Juzgado Federal nº I de Córdoba es el doctor -Sergio- Pinto, de Bell Ville en lugar del doctor – Ricardo- Bustos Fierro”.

 

Pruebas contundentes

 

Recientemente, abrieron los expedientes y encontraron contundentes pruebas en los archivos de la UNRC. La represión ideológica en el ámbito universitario quedó al descubierto con la exploración de la valiosa documentación revisada. Se analizaron 15 mil fichas y 13 mil expedientes, más de mil resoluciones rectorales y 15 legajos de personal de la Universidad, a lo que se agregan documentos del archivo administrativo que van del ’76 al ’83.

Una serie de documentos encontrados en los archivos de esta Universidad pública acerca del funcionamiento y accionar de miembros de la Triple A y su rol dentro de la casa de estudios, como así también las persecuciones durante la última dictadura dieron un giro al proceso de la conocida Causa Gutiérrez, dado que son pruebas contundentes contra los acusados de participar como un eslabón necesario en la persecución, la represión, el secuestro y la desaparición de personas en Río Cuarto.

Detonaciones de explosivos, detenciones, prohibición de todo tipo de organización y acción colectiva, cesantías a los opositores, desfinanciamiento, quema de libros, nuevos nombramientos a los aliados y mecanismos para la obtención de información sobre antecedentes personales e ideológicos de los docentes, nodocentes y estudiantes, con el fin de impedir el ejercicio de su trabajo o la prosecución de los estudios, son algunos de los hechos ocurridos entre 1974 y 1983, que quedaron  documentados en resoluciones y expedientes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyo archivo fue abierto a la investigación, con resultados que fueron aportados a la Justicia como pruebas  en esta causa, en la que 56 de los acusados ya murieron.

La exploración está en proceso. Se revisaron 15 mil fichas y 13 mil expedientes, más de mil resoluciones rectorales y 15 legajos de personal de la UNRC, además de documentos del archivo administrativo de los años 1981, 1982 y 1983; resoluciones rectorales y legajos.

La exploración se extendió durante un año, tras que la UNRC abriera sus puertas a la pesquisa, en lo que constituye un hecho histórico.

Es un trabajo conjunto entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y la Comisión Municipal por la Memoria, que se hace tras que el 12 de octubre de 2021 se firmara un protocolo de trabajo entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto para acceder a los archivos de la casa de estudios y recopilar documentación.

La Subsecretaría de Derechos Humanos es parte integrante de la Comisión Municipal de la Memoria de la ciudad de Río Cuarto, la cual se constituyó en querellante en la causa que investiga el secuestro y desaparición de ciudadanos cordobeses, entre ellos los riocuartenses Gladys Comba, Ernesto Silber y Gabriel Braunstein, denominada Causa Gutiérrez y otros, la que reúne la mayoría de los delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la zona de influencia, en lo que constituye la megacausa del sur de la provincia de Córdoba.

El teniente coronel Hermes Vicente Gutiérrez coordinaba desde el Arsenal José María Rojas de Holmberg el “accionar anti subversivo”.

Sobre el periodo 1974-1975, se encontraron expedientes que permiten visualizar el funcionamiento y accionar de miembros de la Triple A y el rol que tuvieron dentro de la UNRC. Sumado al contexto histórico y al clima político de la época, los investigadores mencionan la existencia de pruebas sobre detonación de bombas en domicilios de miembros del gobierno y de la administración de la UNRC (gestión Augusto Klappenbach); detenciones de trabajadores no docentes (miembros de la Triple A) por tenencia ilegítima de armas de guerra y privación ilegítima de la libertad (gestión Maestre); se comienza a visualizar a quienes luego serían actores claves en el período de la intervención militar; se prohíbe todo tipo de organización y acción colectiva, como, por ejemplo, las asambleas; se dejan sin efecto, en determinados departamentos, las designaciones de todos los docentes y ayudantes, con algunas excepciones; se deja cesantes a 31 miembros de la actividad administrativa central; se crea un mecanismo de información y obtención de los antecedentes personales e ideológicos de los docentes, con el fin de impedir o permitir el ejercicio docente.

Se vio que, desde el 23 de marzo de 1976 al 30 de marzo de 1976, no hubo actividad administrativa en la UNRC. En esta semana, la Intervención Militar toma el poder, y se ve claramente cómo se organiza el gobierno universitario y las distintas áreas. Desde este momento, se intensifica el modus operandi: suspensiones de matrículas de estudiantes, renuncias, cesantías de departamentos completos, docentes y no docentes; se dejan cesantes a los miembros de la Triple A; hay sanciones, como suspensiones de servicios o expulsiones y cambios de dedicación; se intensifican los controles de seguridad, se continúa prohibido todo tipo de organización política- social o la realización de acciones colectivas; se producen seis quemas de libros; y se encuentran fichas con carácter de Reservado

Se halló información valiosa sobre la desaparición del doctor Ernesto Silber y otra documentación que básicamente prueba que el terrorismo de Estado en la ciudad, como en todo el país, fue un plan sistemático, con correlatividad administrativa y burocrática, para las persecuciones y las detenciones de la militancia política y social.

El juicio por la causa Gutiérrez es un hecho de relevancia social e histórica para la ciudad. Y el aporte de la Universidad fue clave, porque permitió activar la causa. Los resultados de esta investigación tienen una relevancia nacional.

 

Causa Gutiérrez en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos

 

Esta megacausa será expuesta en Buenos Aires, en el marco del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, del cual se espera que participen más de 15 mil personas, entre las cuales habrá representante de más de medio centenar de países. Incluye una gran variedad de actividades que se desarrollarán en cuatro sedes - Centro Cultural Kirchner, Espacio Memoria y Derechos Humanos-Ex Esma, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)-, entre este lunes y el viernes 24. Es organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco. La presentación estará a cargo de representantes de la Multisectorial por los Derechos Humanos Río Cuarto.

 

 

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